Al menos cuatro organizaciones sociales y campesinas denunciaron que la empresa trasnacional Monsanto ha emprendido una nueva estrategia legal para permitir la siembra de semillas transgénicas en nuestro país.
La táctica jurídica, según lo explicó Rene Sánchez Galindo, director de Colectivas A.C., intenta evitar que el Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, sea quien decida el destino de un recurso de apelación para impedir a la empresa la siembra de transgénicos en suelo mexicano.
Sánchez Galindo, indicó que Monsanto acusa al juez por su falta de imparcialidad y ética pues de manera previa emitió su opinión sobre el tema, antes de dictar sentencia. Con ello a decir de los colectivos agrupados en la Acción olectiva Maíz, la trasnacional pone en entredicho la ética profesional y la probidad del agente judicial.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Comunicación Social, Víctor Suárez Director de la Asociación de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), parte de la colectivo denunció que resulta sumamente preocupante y de un cinismo impensable que una empresa que tiene una larga historia de afrentas en contra de la humanidad ponga en tela de juicio a un magistrado por no dictar sentencias a su favor.
Al mismo tiempo acuso a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) y a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por defender los intereses de Monsanto por encima de los de la nación.
"El Magistrado Marroquín Zaleta ha actuado de manera imparcial, estudiando a fondo el caso y emitiendo sentencias algunas de las cuales no nos han favorecido, sin embargo Monsanto responde con la prepotencia que lo ha caracterizado en el mundo entero donde ha comprado funcionarios y los ha colocado en puesto claves."
Y agregó:
"A la fecha las Sagarpa y la Semarnat, ambas Secretarias encargadas de velar por nuestra bioseguridad lo que han hecho es interponer diversos recursos, suman diez impugnaciones gubernamentales en favor de la industria privada extranjera y transgénica."
En su turno el Padre Miguel Concha Malo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que la estrategia legal emprendida contra el magistrado tiene implicaciones éticas, políticas, sociales y jurídicas.
"El Estado debe proteger el bien colectivo por encima del bien individual empresarial, y al proteger el bien colectivo está indudablemente protegiendo los bienes individuales", indicó el religioso.
Por ultimo al fijar la postura de los colectivos sobre este tema, Victor Suárez de la ANEC, señaló que: "hoy nuestra esperanza esta puesta en el Poder Judicial de quien hemos observado ha tomado con pulcritud y profesionalidad un caso tan fundamental como es este que atañe directamente nuestra salud y el futuro de la alimentación de los mexicanos.”