Washington, 2 Nov (Notimex).- Las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas son casos aislados y no constituyen "un procedimiento sistemático", señaló hoy una delegación del gobierno mexicano durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El Gobierno Federal está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos, sin embargo es necesario reconocer que dichos casos son de naturaleza aislada y de ninguna manera constituyen un procedimiento sistemático”, precisó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Máximo Alberto Diener Sala.
El funcionario dio a conocer que las denuncias han derivado en 19 recomendaciones, lo cual significa que en el 1.77 por ciento del total de las quejas recibidas en la actual administración se han acreditado violaciones a los derechos humanos.
Dijo que las siete mil 320 quejas contra elementos del Ejército han derivado sólo en 109 recomendaciones, “lo cual significa que sólo el 1.5 por ciento de las quejas recibidas se han acreditado violaciones a los derechos humanos”.
Las expresiones del funcionario de la Secretaría de Gobernación fueron en respuesta a las observaciones de la CIDH, que expresó este viernes reservas sobre el impacto que está teniendo el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México como parte de la lucha contra el crimen organizado.
La Comisionada Rosa María Ortiz dijo que el número de denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos contra miembros de las fuerzas de seguridad proyectan una situación distinta a la ofrecida aquí por representantes del gobierno.
“El número de denuncias señaladas por los peticionarios se contradice en el orden de seguridad y paz de los ciudadanos y más bien indica que la presencia de los militares ha debilitado la institucionalidad a cargo de la seguridad pública”, señaló.
Ortiz, relatora para la niñez y adolescencia de la CIDH, hizo alusión a los números presentados aquí por el obispo Raúl Vera López de la Diócesis de Saltillo durante una audiencia celebrada en el marco de su 146 periodo de audiencias de la comisión.
El prelado fustigó la presencia de militares en tareas de seguridad pública, apoyándose en datos difundidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a principios de 2011.
El organismo reveló entonces haber recibido cerca de mil 500 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de civiles contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 500 más contra miembros de la Marina y mil contra la Policía Federal.
En opinión de Vera López, la "militarización se ha extendido en toda la República", a lo cual Diener Sala fue enfático en rechazar la caracterización de que la situación que vive en el país haya sido consecuencia del despliegue de las fuerzas armadas en estas tareas.
“La premisa de que la oleada de violencia surgió como consecuencia de la acción del gobierno para enfrentar a los delincuentes es equivocada”, apuntó.
De igual forma, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, salió al paso para objetar la caracterización de Vera López, citada por la comisionada de la CIDH.