Madrid, 31 ene (EFE).- El juez Baltasar Garzón negó hoy ante el Tribunal Supremo español que vulnerara la Ley de Amnistía, aprobada en España en 1977, al investigar las desapariciones en la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista.
El magistrado, que es juzgado en el Alto Tribunal por prevaricación, dijo que la investigación no vulneraba dicha norma ya que la Ley de Amnistía se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes contra la humanidad denunciados puedan tener naturaleza política.
"Son hechos delictivos" y no políticos en un contexto de crímenes contra la humanidad, afirmó el juez durante su declaración.
Garzón sostuvo que las denuncias que a partir de diciembre de 2006 fueron presentadas en su juzgado por las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares describían un "plan preconcebido" y "sistemático" de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales y torturas, que encajaban en el delito de crímenes contra la humanidad.
Por esa razón, -dijo- se declaró competente para investigar esos crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos de la nación.
También consideró que no existía prescripción de los delitos, puesto que se trataba de desapariciones y ejecuciones cuyos efectos son permanentes mientras no aparezca la víctima.
El magistrado negó también que sus decisiones entraran en colisión con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en España en 2007, que pretende la reparación de las víctimas.
El juez agregó que "verdad, justicia y reparación" es lo que también desea para las víctimas que no han sido resarcidas.
"Hice lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías, cada juez tendrá la suya (...) pero aquí había cientos y cientos de víctimas que buscaban reparación", añadió tras afirmar que no ha buscado notoriedad o publicidad y que se limitó a actuar como hizo en otros casos similares de crímenes contra la humanidad.
El Tribunal Supremo español rechazó anular la causa por prevaricación abierta al juez, por lo que la vista continua hoy con la declaración del magistrado como acusado.
Garzón fue recibido entre los aplausos de un centenar de personas concentradas frente a las puertas del Tribunal Supremo a su llegada a la corte, en el centro de Madrid.
El magistrado dijo que no va a contestar a las preguntas de la acción popular "al considerar que no está legitimada para estar en esta sala ejerciendo la acusación" y solo responde a su defensa.
Baltasar Garzón se dio a conocer internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet.
Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez, por las que hoy se sienta en el banquillo de los acusados y afronta la petición de hasta 20 años de inhabilitación.
El juicio se desarrolla en medio de una gran expectación y con la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.