México.- Softtek, Bachoco y Grupo Reforma se encuentran en un listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de empresas que recurrieron a despachos expedidores de facturas falsas para evadir impuestos.
El diario Milenio divulgó este 24 de junio un documento del Gobierno de México con 3 mil 83 personas morales que contrataron los servicios de las llamadas ‘empresas factureras’, las cuales se dedicaban a simular operaciones de venta o prestación de servicio, y en algunos casos a lavado de dinero.
La compañía que más adeuda al fisco por estas prácticas es Softtek, dedicada a tecnologías de la información y con sede en el estado de Nuevo León. Le siguen Procter & Gamble de México, con mil 865 millones; y Lovies, también dedicada al desarrollo de productos tecnológicos, con mil 91 millones de pesos.
En la lista también aparecen Adidas México; el grupo agroalimentario Bachoco, con sede en Guanajuato; Mattel de México; y Soluciones Empresariales y Patrimoniales Dig, dedicada a servicios contables, fiscales y jurídicos.
Resalta también la inclusión en esta lista de Editora Sol y Consorcio Interamericano de Comunicación, dos razones sociales de Grupo Reforma, editora de los diarios Reforma, El Norte y Mural.
Gobierno de México va contra 43 empresas factureras
Esta práctica ilegal, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representó un quebrando al Estado por más de 55 mil millones de pesos, por lo que este martes se anunció la presentación de denuncias contra 43 de estas empresas.
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, señaló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que estos despachos comenzaron a formarse alrededor del año 2010 con el fin de simular la prestación de servicios, los cuales eran deducidos posteriormente por las empresas; a cambio, los despachos se quedaban con un porcentaje de comisión.
“Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de una empresa real y disminuir sus actividades. Con eso disminuyen también el pago de sus impuestos. También sirven para realizar pago de actividades ilícitas”.
Raquel Buenrostro
Las 43 ‘factureras’ señaladas por Hacienda prestaron sus servicios a un total de 8 mil 212 personas físicas y morales.
Por estos hechos, podrían alcanzar penas de hasta 9 años de prisión por defraudación fiscal, o de 16 años si se comprueba el delito de lavado de dinero.