La Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve hoy para muy poco. Sin el ánimo de hacer un análisis pormenorizado sobre cada una de sus resoluciones, se puede concluir, a la luz de sus comunicados y de las declaraciones de las organizaciones de la sociedad civil, que este organismo se ha convertido en un paladín del régimen.
Un buen número de analistas apuntan a Rosario Piedra. A su juicio, desde su llegada a la dirección de la CNDH, ésta ha dejado de denunciar los abusos cometidos por órganos del Estado contra ciudadanos en territorio nacional; desde actos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas hasta policías locales.
En el contexto de la tragedia de los desaparecidos, la CNDH se ha sumado al pronunciamiento del senador Noroña en relación con la negación absoluta de que existan desapariciones forzadas en México; entendidas como acciones perpetradas por organismos del Estado. No contentos con ello, el Senado mexicano, liderado por Adán Augusto y el finísmo presidente de la Mesa Directiva, acusaron al responsable de Naciones Unidas en la materia de mentir y de buscar tergiversar la realidad nacional.
Sin embargo, y a pesar de lo que puedan Piedra o Noroña vociferar sobre el tema, organizaciones de la sociedad civil se han sumado a la voluntad de las madres buscadoras de repudiar las acciones de negación del régimen, y continuar, por su cuenta, la búsqueda de sus familiares.
El lector recordará que, para vergüenza de los mexicanos, fue el colectivo de Buscadores de Guerrero el que descubrió Teuchitlán, mientras los gobiernos federal y local callaron a pesar de haber tenido conocimiento sobre el sitio meses atrás.
En adición, a raíz del descubrimiento del rancho Izaguirre, se antoja faccioso e inverosímil, y si se quiere, vergonzoso, que el régimen pretenda hacer penetrar la idea de que la desaparición forzada es hoy un asunto del pasado; especialmente en medio de los probables vínculos del crimen organizado con miembros del ejército y de los gobiernos.
La CNDH, como he señalado, se presta hoy a ser comparsa del gobierno; un régimen que ha jurado reiteradamente actuar diferente pero que, a la vez, demuestra a los mexicanos cuán similar resulta cuando los intereses políticos de las cúpulas son afectados.