Finalmente, el juez federal Abel Méndez Corona echó para abajo la controversial Ley de Austeridad Republicana, promulgada en 2019, y que fue uno de los principales instrumentos legislativos promovidos por el presidente AMLO y aprobados por la mayoría morenista.
El nombre de la ley evoca por sí mismo una profunda ideologización (característica propia de la autoproclamada 4T) por encima de cualquier consideración de política pública elaborada con fines de Estado y fundamentada con base en la evidencia y en las necesidades del país.
En opinión del magistrado, la ley viola el derecho al trabajo, el cual es considerado fundamental a la luz de la Constitución. Sobre este tema, Méndez Corona señaló que resultaría necesaria una reforma constitucional para que ley pudiese encuadrarse en el marco legal vigente (lo cual no resuelta alentador si recordamos el afán sobremanera reformista del presidente AMLO y de Morena en el Congreso)
La decisión del Juez derivó de un amparo promovido por un quejoso quien buscaba defenderse ante la imposibilidad de poder emplearse en el sector privado después de 10 años de servicio en la administración pública.
La decisión judicial representa un serio varapalo para el presidente AMLO y para su autoproclamada 4T. La citada ley, lejos de combatir la corrupción, representa un embate contra todos los ex funcionarios públicos quienes, por vaivenes de la política y por la perjudicial práctica mexicana de echar fuera a todos los funcionarios de la administración anterior, buscan abrirse nuevos espacios en el sector privado, ante la cerrazón y el rechazo, por parte de los cuatroteistas, de emplear a ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En suma, la justicia se ha puesto en esta ocasión del lado de los mexicanos, en detrimento de un conjunto de leyes inservibles, dañinas y perversas que lo único que han buscado ha sido alardear sobre un supuesto combate contra la corrupción y el conflicto de interés; ello en medio de un escándalo sobre un posible conflicto del hijo del presidente, y de las evidencias (según Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad) de un número creciente de contratos otorgados por la presente administración federal mediante la figura de la asignación directa.
La decisión del juez ha sido afortunada. Y por ello, debemos celebrar el hecho de que mismo en un régimen populista dominado por el discurso demagógico de un hombre aún prevalece el sistema judicial, cuya función es interpretar la Ley a la luz de la Constitución y en beneficio -así se espera- del interés común.
José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4