El derecho humano de acceso a la información, como parte esencial del ideario y bagaje conceptual e institucional del paisaje democrático contemporáneo, es un catalizador y potenciador del ejercicio de muchas otras libertades y derechos.
Su efectiva vigencia y garantía, así como la ampliación de sus alcances, proveen a las personas de información, respuestas, soluciones, certezas y elementos en general que les sirven para una mejor toma de decisiones de cara al futuro. Sin embargo, también es una relevante fuente para acceder, acercarnos de un mejor modo y conocer el devenir histórico y, con ello, construir o reconstruir una memoria histórica y social que, estrechando los hilos del tejido social por medio de un profundo conocimiento de nosotras y nosotros mismo, abona a una mejor comprensión de nuestra realidad.
La historia y la memoria de una comunidad y de una nación requieren de su revisión crítica, de un análisis plural y, por lo mismo, de una interpretación colectiva que no puede darse sin el diálogo abierto e incluyente en torno a lo pasado para entender nuestro presente y proyectarnos como personas hacia el futuro con libertad y conforme a nuestros propios planes de realización o, como diría Rawls, concepciones de lo que estimamos bueno para nosotros mismos.
Tal entendimiento y comprensión de lo que hoy somos, de cómo hemos llegado aquí y de las razones que han moldeado nuestra vida, pasan en la actualidad por la transparencia y por la rendición de cuentas en un sentido amplio y que, en todo caso, incluye una proactiva responsividad institucional frente a los intereses, demandas y requerimientos de todas las personas en condiciones de inclusión y equidad. Asimismo, por la indispensable existencia de archivos ciertos en el sentido de verdaderos formal y materialmente hablando, en todo tipo de formatos, disponibles, accesibles, comprensibles y útiles; gestionados legal y debidamente, por todas las instituciones públicas.
Y es que el acceso a la información presupone y precisa del concepto de verdad en un sentido profundo. Ello, en la inteligencia de que la adecuada y necesaria articulación entre acceso a la información, transparencia, archivos y el derecho a la verdad, el derecho a saber y muchas otras libertades emanadas de las de expresión y conciencia contribuye no solo a la evolución jurídica en estas materias.
Dicha articulación también importa un acrecentamiento en las posibilidades del desarrollo administrativo de la sociedad, de la construcción de una memoria colectiva nacional o regional pero sobre todo, dan pie a una ciudadanía más informada y conciente de los controles con los que cuenta de frente a sus instituciones y al Estado en su conjunto. Asimismo, en países en los que hay marcados legados de violencia y profundas heridas por violaciones a los derechos humanos, el compromiso, la coordinación y el esfuerzo institucionales para hacer posible lo anterior proveen la base para la reconciliación social, para la asunción y atribución de la responsabilidad debida y para el subsecuente cumplimiento de los derechos humanos y la garantía de no repetición.
En lo individual, como en lo colectivo, saber y conocer nuestra historia, así como poseer una memoria cierta construida a través del diálogo y el análisis crítico nos permite darnos significado, entendernos, justificarnos y avanzar como personas.