Pocas, muy pocas veces se había hablado o se había puesto sobre la mesa la labor o el ejercicio que desempeña el Poder Judicial en el país. Es en este sexenio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ponderó porque se tuviera una renovación en ese sistema... Una democratización en él, ha considerado el mandatario.
Entonces comenzó a ser un tema de interés en la sociedad mexicana. Un asunto nuevo del cual aprender y que en el pasado era considerado casi como un tabú, que solo era tratado por especialistas en derecho o por los intelectuales. Antes del mandato de AMLO no había en el ciudadano común una familiarización o lo que es más ni siquiera un acercamiento a todo lo que engloba el aparato judicial. Se sabía de juicios, de jueces, pero muy poco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni sus ministros ni cómo está conformada.
Ahora vivimos otra época. El pueblo está más politizado y en un proceso de concientización sobre asuntos que le conciernen y le beneficien. Quiere involucrarse en la gobernanza y quiere ser parte funcional en la tarea de reformar y modernizar el aparato judicial y así lo dejó de manifiesto al avalar el Plan C con la apabullante victoria al gobierno de la Cuarta Transformación, que está por quedar en manos de Claudia Sheinbaum.
Hoy duele a los opositores a la reforma judicial que la sociedad se haya atribuido por sí misma las capacidades para poder hacer aportes relevantes en el sistema judicial. Pero hay que recordar que al inicio de su gobierno, AMLO llamó a la SCJN a que desde dentro pudiera llevar a cabo las transformaciones necesarias, una autoreforma, sin la necesidad de que del exterior se metiera mano. Y fue así que Arturo Zaldívar como ministro presidente comenzó a impulsar lo que dijo sería “un Poder Judicial más eficiente, más eficaz, más cercano y profesional”, que generara una mejor justicia en el país.
No obstante, a partir de la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, en enero de 2023, lo que pudo haber avanzado, no solo se detuvo sino retrocedió, y fue el mismo presidente quien acusó a la ministra de dar “manga ancha” a los jueces para liberar a los criminales, destacando resoluciones como la cancelación de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como la liberación de cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Desde sus mañaneras, AMLO también evidenció que mientras el ministro Luis María Aguilar Morales dio entrada a dos controversias para detener la distribución de libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua y Coahuila, por otro lado buscó esconder por 8 meses un caso de un gran contribuyente al que la Secretaría de Hacienda le reclamaba 25 mil millones de pesos por el pago de impuestos.
Es decir, por un lado el ministro Aguilar Morales resolvía en una semana las controversias presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra los libros de texto, pero en el caso de Hacienda lleva ocho meses “guardado” en los archivos de su escritorio.
A esa cuestionable gestión se suma el gran gasto que representan los 11 ministros de la SCJN, quienes se han servido con la cuchara grande del erario, pues parte del presupuesto asignado se destinaba a sus actividades deportivas, telefonía celular, bonos, gasolina y seguros de gastos médicos, entre otros privilegios que no tienen razón de ser, pero que año con año lo llevaban a sus bolsillos...
Ello, en la SCJN, pero veamos un ejemplo de derroche en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera usó el taller mecánico del órgano jurisdiccional para que al menos 5 de sus automóviles clásicos, que tienen un costo comercial de casi 2 millones 350 mil pesos, fueran restaurados.
Habríamos que sumarle la ineficiencia y la llamada corrupción institucionalizada que se aplica en los juzgados (la cual la padecen millones de personas y de la que también se habla), donde hay que dar un “moche” para que se agilice algún trámite o dar la “propina” al notificador para que avance una demanda, además del costo que se tiene por ingresarla; ello sin contar con resoluciones que tardan muchos años en darse.
Y no hay que olvidar la vez que Norma Piña hizo pública una investigación basada en denuncias anónimas sin pruebas contra Arturo Zaldívar, cuando el ministro en retiro ya formaba parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, lo cual fue considerado como una postura abierta de la ministra a favor de la oposición representada en ese entonces por Xóchitl Gálvez.
Todo este engranaje es parte de lo que motivó a que 35 millones de mexicanos manifestaran en las urnas que ya no están dispuestos a que se continúe con un Poder Judicial cuyo objetivo está lejos de velar por las necesidades sociales y económicas del país.
Jueces, magistrados y ministros están en la mira de quienes impulsan que continúe la transformación. Su cambio es posible y puede ser enriquecedor con los foros sobre la reforma judicial que se llevan a cabo.
Y si bien es un despropósito generalizar que el PJ está podrido, sí debe haber una suerte de expiación en todo ese sistema que, como los poderes Ejecutivo y Legislativo, también se debe al pueblo, pero es el que más alejado está de él.
Ya lo dijo el ministro Javier Laynez Potisek: que el Poder Judicial ha sido incapaz en comunicarse con la sociedad, para transmitirle lo que hace, quiénes son y cómo lo hacen. “No hemos sabido acercarnos a los jóvenes”, reconoció en uno de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al PJ.
En el sistema judicial se requiere un nuevo comportamiento. Uno en el que Norma Lucía Piña esté receptiva al proceso de cambio y dejar de hacer política, pues ya mala fama se ha hecho de ser conservadora y estar alejada de los intereses del pueblo.
La ministra, que ha contado con el apoyo del PAN y PRI, así como de los medios de comunicación, está envuelta en polémica por la reunión que tuvo en diciembre de 2023 con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y magistrados electorales en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en Las Lomas, pero no ha dado explicaciones al respecto.
A sabiendas de que está en manos del Poder Legislativo, Norma Piña pide diálogo con AMLO o con Claudia Sheinbaum, quienes ya la rechazaron, señalándola de tener doble moral. Si ya hay un parlamento abierto en el que se discute la reforma al Poder Judicial, ¿qué pretende la ministra presidenta de la SCJN al quererse reunir solamente con el presidente o con la presidenta electa?
Una actitud de contrición requiere el PJ, un esfuerzo consciente y constante, pero debe alejarse de posiciones habituales como la cerrazón y hasta el absurdo como en el que cayó el ministro Luis María Aguilar, quien dijo que si se va a elegir a jueces por voto popular, que también se aplique a los secretarios de Estado.
Si el mandato del pueblo el 2 de junio fue la reforma al Poder Judicial, ya solo está por verse en los diálogos abiertos qué aspectos se aterrizarán. Pero lo más probable es que los cambios sean de tajo, el pueblo elija a sus propios juzgadores y el tiempo diga si en realidad sí era la solución a los problemas que enfrenta el sistema judicial. Desde luego, todos esperamos que los ciudadanos mexicanos seleccionen a los mejores perfiles y junto con otras medidas que se proponen, se alcance el propósito de vivir una vida justa en el país.