El pasado 31 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual fue abrogado el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) instituto desconcentrado de la otrora Secretaría de Desarrollo Social. El Indesol, con sede en la delegación Coyoacán, tuvo como competencias centrales la organización y coordinación de las iniciativas del gobierno federal vinculadas con organismos de la sociedad civil en materias como combate contra la pobreza, promoción del rol de la mujer, la organización del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria, entre otros.
El Indesol, creado en 1994 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, contó con hombres y mujeres destacados de la vida pública nacional, tales como María Angélica Luna Parra, quien falleció durante su gestión al frente de la institución. Según lee el Acuerdo, el Indesol será reemplazado por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría del Bienestar.
Nadie pondrá en duda la legitimidad y la legalidad del Acuerdo, pues el presidente, en tanto que jefe del Ejecutivo federal, posee las competencias para realizar reformas en el seno de su administración, mientras estas facultades estén contenidas en la Ley de la Administración Pública Federal.
Lo que sí que suscita dudas en torno a la intención del presidente de eliminar un organismo desconcentrado es lo que vendrá hacia adelante. El presidente AMLO y su gobierno no se han distinguido por una correcta y oportuna planeación en la eliminación y creación de organismos del Estado mexicano. Por el contrario, se han caracterizado por la emisión de decretos sin elementos que lo justifiquen, y únicamente motivados en aras de un supuesto combate contra la corrupción y una aparente eficiencia en las acciones de gobierno.
La desaparición del Indesol y su reemplazo por una dirección general adscrita a la Secretaría del Bienestar es un tema de importancia pública, pues la política de austeridad abanderada por AMLO y su gobierno han amenazado la viabilidad de las instituciones que han resultado víctimas. Así ha sido lamentablemente el caso de organismos del Estado mexicano como el INE, el Instituto Nacional Antropología e Historia (INAH), el CIDE y el Conacyt.
Ahora ha tocado el turno a Indesol. Veremos eventualmente qué resulta de esta decisión presidencial. Lo que sí que se puede augurar es que la supresión de un organismo desconcentrado y la transferencia de su patrimonio a una dirección general puede suponer la intromisión de la Secretaría del Bienestar en decisiones de carácter técnico, mismas que originalmente –y para ello fue creado el Indesol- correspondían al organismo.
José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4