La reforma recién aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados, la cual establece que por determinación oficial, por orden presidencial, todos los saldos de cuentas bancarias sin movimiento durante determinado tiempo sean confiscadas, así como si fueran recursos todos procedentes de actividades ilícitas y sin mediar ninguna resolución judicial, sin apego a ley alguna, simplemente por la ley y el deseo o capricho del presidente emulando a ‘Varguitas’ de la Ley de Herodes, es un robo en despoblado, es una violación flagrante a las garantías que marca la Constitución de la República, a los derechos fundamentales, y es una negación del Estado de Derecho y el imperio de la ley, que insisto, es ‘una raya más al tigre’ de lo que es capaz de hacer un presidente que piensa y actúa ya como dictador.
Esta aprobación de reforma “fast track” al artículo 61 de la ley de Instituciones de Crédito, resulta tan o más grave que la determinación que se tomó hace algunos meses por el presidente de la República mediante un decreto que instruyó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a invadir oficialmente predios de particulares ubicados al paso de la ruta marcada para el famoso Tren Maya sin realizar el procedimiento administrativo que tiene que ver con una expropiación y anunciando el presidente que esto era necesario por utilidad pública pero además para evitar dilaciones y que hubiera recursos en contra de la acción, y ahorrarse dinero al respecto violando flagrantemente la ley.
De manera que, disponer tal cuál de los recursos de particulares por el simple hecho de no tener movimiento “para aplicarlos a los fines superiores del Estado”, es obviamente un ilícito y una prueba más de que al presidente la ley y las instituciones le importan un comino.
Cabe subrayar que a los recursos abandonados, conocidos como “mostrencos”, la ley vigente ya les da un uso, si no son reclamados en seis años, y el procedimiento consiste en que, si en tres años nadie los requiere se concentran en cuentas globales y al término de otros tres años, si no rebasan 51 mil pesos, se dedican a la beneficencia pública.
En tanto la reforma aprobada propone que a los tres años sin movimientos ni reclamación, se concentren en cuentas globales y si aún no son reclamados puedan tener dos tipos de usos: para la beneficencia y para fortalecer con capacitación y equipamiento a policías federales, estatales y municipales.
En los candados se marca que si los montos son menores a 51,958.8 pesos, -equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización (UMA)-, cuyo valor en este año 2022 es de 96.22 pesos, se destinarán a la beneficencia pública.
Las cifras superiores a esa suma serán destinadas a la seguridad pública. Los porcentajes de distribución previstos en los artículos transitorios de la reforma son 50% para la Federación, 30% para las Entidades Federativas y 20% para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.
Los proponentes de la reforma fueron el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, y la diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara. El dictamen fue enviado en primera instancia a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Seguridad, pero se le dispensaron todos los trámites para su inmediata discusión y votación en el pleno.
Mier aseguró que al menos hay 10 mil millones de pesos que podrían ser susceptibles de destinarse a seguridad, y sostuvo que deberá invertirse a infraestructura policial, uniformes, botas, chalecos, aunque eso no se especificó en la reforma.
“Tenemos conocimiento, hasta un corte hace cinco meses, que había poco más de 75 mil millones de pesos; tendrá que hacerse una revisión también sobre cuál es el estatus jurídico y la cantidad precisa. En este momento no la conocemos porque la Secretaría de Finanzas, la Asociación Mexicana de Bancos y la Comisión Nacional Bancaria tendrán que determinar el monto que está”.
Ignacio Mier Velasco
En la exposición de motivos de la iniciativa se precisa, en tanto que “no se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”.
La reforma consiguió unanimidad en la votación general, habiendo recibido 483 votos de todos los grupos parlamentarios y 1 abstención.
Pero el PAN fue nuevamente engañado, pues creyendo que la reforma “abre la puerta al regreso” de fideicomisos extintos, como el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg), eliminado por el gobierno federal y por el cual se daban recursos para capacitación y equipamiento de policías locales votó a favor, sin embargo le fueron rechazadas sus reservas, entre ellas la propuesta original que era destinar 70% de los recursos a los estados y 30% a los municipios, dado que de última hora se decidió proporcionar la mayor parte a la Federación, y su voto en lo particular fue en contra.
El consultor financiero y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Constanzo, ha dedicado gran parte de sus publicaciones en redes sociales de los últimos días a alertar sobre la gravedad de este tema, postura que ha reiterado en entrevistas con medios de comunicación.
“Uno de los problemas que se van a tener es por temas de transparencia, ya que en realidad no sabemos cuántas cuentas están en ese supuesto ni cuál es el monto total que albergan”, dice.
En su cuenta de Twitter, ha realizado una serie de publicaciones como las siguientes:
“La reforma al Art 61 de la ley de instituciones de crédito sobre las “cuentas abandonadas” debe analizarse con mucho CUIDADO , debe garantizar transparencia y plena certidumbre para los usuarios. No confundan “abandono” con “sin movimientos” .
“…Hay muchos casos en donde el usuario NO sabe que es beneficiario. CONDUSEF otorga ese servicio”.
“…Hay muchos otros casos donde la cuenta está en “litigio” y por eso no ha tenido movimiento. AGUAS !”.
“…Muchas veces los bancos NO dan la información correcta y veraz ! OJO
“…Es una modificación “de escritorio” que NO considera muchas situaciones que se presentan en la realidad . OJO
“En lo que son “peras” o “manzanas” les recomiendo revisen en sus contratos del banco, quiénes son SUS beneficiarios, y si no los tienen desígnenlos”.
“Recuerden que si algún familiar fallece y ustedes NO saben si son beneficiarios de alguna cuenta o seguro; pueden solicitar a la CONDUSEF que haga una “búsqueda” y les informe si lo son o no”.
“Hay migrantes que dejaron cuentas, sus beneficiarios esposas o hijos se fueron también. No regresan por su situación migratoria. No es justo que las pierdan por no tener “movimientos” , no están abandonadas! El gobierno debe hacer todo para devolverlas”.
“Cuantas personas que fallecieron por COVID no tenían beneficiarios en sus cuentas bancarias; o cuántos beneficiarios no saben que lo eran? Dentro de 6 años, quizá sus hijos ya no puedan tener acceso a esas cuentas !! Les parece Justo ? @Hacienda_Mexico @GobiernoMX ?”.
“Es decir la disposición aprobada debe tener reglas y excepcionen para q no paguen justos por pecadores”.
“Espero que @lopezobrador_ NO quiera desviar la atención sobre el destino de las cuentas “sin movimiento” , sea para policías, o para programas sociales, el hecho es que se los “confiscan” a sus legítimos dueños ! Que no finja demencia el Presidente ! @GobiernoMX”.
“Actualmente hay más de 66 mil millones de recursos de los trabajadores de su AFORE depositados en @Banxico, o cuentas NO asignadas. Espero que al gobierno NO se le vaya a ocurrir algún tipo de estupidez. Sería un desastre”.
Mario Di Constanzo, Twitter
Tras esta última publicación, muchos de sus seguidores le sugirieron no dar ideas al presidente pues ante la urgente necesidad que tiene de seguir financiando sus obras faraónicas y sus beneficios electoreros, en una de esas se le ocurre decomisarlas por la vía de un decreto presidencial.
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