Ha sido analizada con profusión la animadversión de AMLO hacia los organismos autónomos. Estos, en tanto que instituciones que gozan de autonomía constitucional, representan un contrapeso a la centralización del poder presidencial.

No sobra destacar que si echamos un vistazo a la historia reciente de México, los organismos constitucionales autónomos surgieron en los años noventa como resultado de una exigencia ciudadana que desconfiaba profundamente del gobierno tras el supuesto fraude cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. A raíz de este suceso, el Congreso erigido en Constituyente, con el respaldo de los sucesivos presidentes en funciones, se dieron a la tarea de edificar organismos que absorbiesen funciones anteriormente exclusivas del Ejecutivo Federal.

Inició con el otorgamiento de autonomía al Banco de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y terminó con las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto en 2013. Ahora, AMLO quiere revertir las reformas y volver el pasado. Lo hizo con el INEE en 2018. Y ahora, tras haber fracasado contra el INE, va contra el INAI.

Sin embargo, la tarea se antoja ahora ligeramente más compleja que en 2018. Tras las elecciones intermedias y el desgaste del gobierno, AMLO es consciente de que no cuenta con las dos terceras partes del Congreso para implementar reformas constitucionales. Estas son, evidentemente, necesarias para eliminar organismos cuya base jurídica está plasmada en la carta magna.

Ante esta ausencia de apoyos en el Congreso, AMLO ha optado por la triquiñuela de instruir a los senadores de su partido de no votar por los comisionados por INAI. Con ello, por un lado, contraviene el espíritu constitucional pues violenta la división de poderes y por el otro, obstaculiza en la práctica el funcionamiento y operatividad del organismo.

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AMLO, bien aconsejado y no privado de razón, sabe bien que el INAI, ante la ausencia de un comisionado, no alcanzará los quórums necesarios para la toma de decisiones en asuntos fundamentales para el organismo. Apenas ayer un puñado de senadores panistas como Gustavo Madero y Xóchitl Galvez protagonizar un incidente cuando tomaron la tribuna del Senado con la exigencia de nombrar al comisionado.

El jefe del Estado, por tanto, ante la impotencia de Morena en el Congreso, y ante su propia enfermiza obstinación de deshacerse de cualquier institución que suponga límites para el poder presidencial, ha optado por la mañosa estrategia de minarlos por la puerta trasera. Es una pena para las instituciones, para el edificio democrático, para el derecho constitucional y para el futuro de nuestro país.