Una de las frases más recurrentes en las Mañaneras de López Obrador, es «La calumnia cuando no mancha, tizna». La usa para rechazar y desestimar investigaciones, revelaciones, notas periodísticas, declaraciones y cualquier señalamiento que considera afecta o daña su imagen o la de su gobierno. Sin embargo, es el propio Andrés Manuel quien ha hecho de la calumnia una política pública abusando de su poder y sus vías de comunicación para, soportado por el ejército de la Cuarta Transformación (4T), destruir, dañar, atacar, revictimizar, falsear y/o alterar información, eliminando todo aquello que le signifique un impedimento para lograr sus fines. Existen infinidad de casos que así lo prueban, siendo uno de los principales afectados el Instituto Nacional Electoral (INE) al que la sociedad civil organizada pudo rescatar, y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha sido objeto de múltiples vituperios, desacreditaciones, y calumnias al grado de acusarla de intentar un “golpe de Estado técnico” hacia su gobierno.
En este mismo momento que escribo la columna, se lleva a cabo un ‘Conversatorio’ con objeto de debatir sobre la conveniencia o no de modificar el método por el que se nombra a los ministros en el más Alto Tribunal de la Nación, así como la pertinencia de impulsar una reforma al poder judicial en México, a propuesta del grupo parlamentario del partido del presidente, partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El gabinete de Seguridad se reúne con legisladores de la Comisión Bicameral de evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública y ya se escuchó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, culpar al poder judicial del fracaso en seguridad pública en el país, como si la política de “abrazos no balazos” del gobierno en turno no fuese un rotundo fracaso y responsable directa de que el actual sexenio se catapulte ya como el de mayor número de homicidios en la historia reciente de nuestro país.
¿Cómo llegamos al punto de debatir la permanencia como tal del poder judicial? Justamente después de la serie de ataques y calumnias proferidas por el presidente contra el poder judicial, incluidos jueces, y ministros, siendo ese discurso de odio ampliamente replicado por miembros y simpatizantes de la 4T.
A los ministros los ha acusado de “corruptos”, “alcahuetes”; los llama “su alteza serenísima”, hasta de funcionarios “maiceados”. A la institución, la ha cuestionado de ser la Suprema Corte del Derecho y no de Justicia, de ser un poder judicial podrido.
“Es evidente que hace falta una reforma del poder judicial porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto”, ha acusado también.
El asunto es que ese belicoso discurso no se queda estático sino que trasciende y permea entre los simpatizantes de a pie, es decir que, el odio baja a las calles, a las redes sociales, a los centros de convivencia, a las familias y también se incrusta en mentes débiles o sin criterio, como ha sido el vergonzante caso en que un diputado federal de Morena, Alejandro Robles, se atrevió a proponer “obradorizar” el poder judicial, pronunciamiento hecho el miércoles pasado durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se presentó una iniciativa para que los ministros de la Corte así como magistrados de circuito y jueces de distrito sean elegidos por voto popular.
Se podría hablar de fanatismo entre el grupo de exóticos personajes que mantiene desde hace varios días un plantón a las afueras del edificio de la SCJN, sino fuese porque es de todos conocido que dicho pelotón es enviado y pagado por la 4T y protegido por las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum, para que acose, agreda, e insulte a los ministros.
Entre lo más despreciable, -porque hay mucho de patético en este episodio-, es que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se permitiese montar un show a las afueras de la Corte para incitar mayores ataques, al arribar junto con acarreados que cargaban ataúdes y expresaban consignas violentas, acción llena de simbolismo y muerte, que por cierto, le valió una mención honorífica por parte de López Obrador a quien le pareció un buen detalle del mandatario morenista.
Lo que no le resultó tan ocurrente o gracioso al presidente fue la marcha del pasado domingo cuando en decenas de ciudades los manifestantes salimos a defender a los ministros de la Corte y al poder judicial, la cual calificó de “prepotente e intolerante”, pero además, aprovechó una pregunta sobre el fallo judicial que ordena detener la tala y desmonte en cuatro tramos del Tren Maya, para sugerir que desde la Suprema Corte se gesta un supuesto “golpe de Estado técnico” en su contra para “neutralizar al ejecutivo” y sus proyectos. Más calumnias para incitar al odio.
Ahora bien, un ‘golpe de Estado técnico’ no tiene un significado específico, pero nos podemos dar una idea de qué quiso decir López, si revisamos que el propio Andrés Manuel utilizó tal término para referirse en concreto al golpe de Estado que la derecha dio al presidente Pedro Castillo en el Perú el pasado 7 de diciembre, “golpes de Estado Técnico ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al nuevo modelo para dar golpes de Estado en América Latina, que descalifica e inhabilita por los medios judiciales o legislativos a líderes que defienden intereses populares; AMLO ha rechazado con toda energía esta modalidad de desconocer la voluntad de los pueblos”.
“Con los golpes de Estado técnicos las clases dominantes y el imperialismo buscan legitimarse con los instrumentos legales-normativos de cada país, conjugando todos los aparatos ideológicos del Estado, poder ejecutivo, legislativo, militar y comunicacional; aunque más sofisticados que en el pasado, la conjugación del poder ejecutivo o legislativo tiene mayor realce que el poder militar, así el golpe aparentemente es un acto legal, legitiman su acción ante los pueblos o la comunidad internacional”, (ELN Colombia 20/03/23).
Respecto al golpe de Estado técnico, también opinó Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien publicó en Twitter:
“Hace 110 años, Victoriano Huerta dio un “golpe de estado técnico” desde el momento que emprendió acciones para obligar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez a que renunciaran. Posteriormente, fueron asesinados en Lecumberri.
La Cámara de Diputados aprobó la renuncia de ambos. Muchos diputados que estaban en contra de ello, no se opusieron y prefirieron dar su aprobación por temor a que los mataran o los mandaran a la cárcel. Al final, ambos supuestos sí ocurrieron.
La Constitución de 1857 era la vigente y con sus reformas se indicaba que a falta del presidente de México:
٠ Asumiría el cargo el vicepresidente, pero obviamente ya no había.
٠ Entonces, se encargaría del cargo el secretario de Relaciones Exteriores (Pedro Lascurain), quien sólo estuvo 45 minutos en el cargo para nombrar a Huerta secretario de Gobernación y renunció.
٠ Al no haber, presidente, ni vicepresidente, ni titular de la SRE, ocuparía el cargo “uno de los demás secretarios, siguiendo el orden de la ley que establezca su número”, es decir, el titular de la SEGOB: Victoriano Huerta.
Es así como Victoriano Huerta fue presidente de México al dar un “golpe de Estado técnico”: en los hechos, desconocer la Constitución, los poderes y/o las instituciones, pero aparentando su cumplimiento y respeto.
Recordemos que existen personas que piensan que Huerta nunca violó la Constitución, ni la ley, porque desde el punto de vista jurídico/formal se “cumplió” con las reglas de la época.
Ese argumento es una falacia. Tan solo hay que analizar el contexto de lo sucedido en 1913 porque sin duda sí fue un golpe de Estado.
Defender la Constitución -con las facultades que la misma le confiere a la SCJN- de ninguna manera puede traducirse, ni verse como un “golpe de Estado” o “golpe de Estado técnico”.
A esa expresión que es preocupante, lamentable y condenable se agrega a la narrativa en contra de la SCJN y que resulta un canto de sirenas para muchas personas.
México, a pesar de sus problemas, tiene normas constitucionales, convencionales y legales que son la base de la gobernabilidad democrática del Estado mexicano”.
Es pues el golpe de Estado técnico una calumnia más de Andrés Manuel López Obrador, quien lo hace con total conocimiento de causa pues “La calumnia cuando no mancha, tizna”.
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