En la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales del magistrado Emmanuel Muñoz, el ministro Alberto Pérez Dayán descartó la idea de que los jueces puedan ser designados mediante voto popular. Sobre la elección mediante voto directo de jueces, magistrados y ministros precisó que —cito a la revista Proceso—:

  • “El juez demócrata siempre me había resultado una idea exótica”.
  • “Bajo la perspectiva de lo que hoy se dice, pues parece difícil entender que, en un sistema en donde el derecho sea la constante de la convivencia y las normas, las reglas de su conducta, el juez pueda llegar a acceder a esos cargos a través de una elección popular”.
  • “No dudo que se pueda, sin embargo, me parece que hoy por hoy, es verdaderamente difícil alcanzar los ideales, objetivos y funciones de la judicatura a través de un sistema electoral”.
  • “Por la naturaleza misma del oficio de la judicatura, la elección riñe, por lo menos, en nuestra manera de pensar en nuestro sistema constitucional”.
  • “La democratización de los jueces, que han exigido últimamente integrantes de Morena e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no radica en provenir de una elección popular”.
  • “Los jueces son demócratas porque saben que existen derechos contenidos en la norma, mismos que obligan a las autoridades a garantizar el cumplimiento de esos derechos y cuando esto no ocurre, son los juzgadores, a través de los litigios, quienes tienen la facultad de obligar a esas autoridades a cumplir”.
  • “La democracia ya no sólo se reduce a la elección, a la posibilidad de que el pueblo elija a sus gobernantes, incluyendo a sus jueces, sino que la democracia se ha transformado en un concepto en donde hoy se es demócrata o un gobierno es demócrata cuando alcanza a proveer a la ciudadanía de aquellas cuestiones mínimas para que su convivencia y su presencia en sociedad resulte cómoda, resulte correcta y accesible”
  • Afirmó que los juzgadores federales permanecen fuertes y convencidos de la labor que desempeñan día a día.

Además, el ministro Alberto Pérez Dayán defendió la facultad que tienen los jueces de entrometerse en todos y cada uno de los terrenos en los que los poderes ejecutivo y legislativo no cumplen con aquello a lo que se comprometieron:

  • “Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración, sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacerlos que las cumplan, lo haremos”.
  • “Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar, se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú”.

¿Por qué tendría que ponerse a vender tamales uno de los grandes juristas de México?

Supongo que por la posibilidad, real, de que el plan c de AMLO y Morena funcione, esto es, que el partido de izquierda no solo gane la presidencia en 2024 —algo que parece inevitable—, sino también la mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados, vale decir, que se dé un carro completo a favor de la 4T.

Y es que si el plan c se concretara, de inmediato desaparecería la Suprema Corte de Justicia de la Nación tal como la conocemos. Habría una nueva, con más o menos ministros y ministras a quienes se elegiría mediante voto directo, con salarios reducidos probablemente a la mitad de los que ahora —más que justificadamente, en mi opinión— tienen quienes integran la cúpula del poder judicial, con menos prestaciones, con pensiones achicadas para quienes se retiraron en años anteriores o pasen a retiro a partir de 2024.

Con una pensión por retiro tan reducida por exigencia de las posibles reformas constitucionales al gusto de Morena, si se diera el caso de que este partido ganara ampliamente las elecciones de 2024, no solo el ministro Pérez Dayán tendría que vender tamales para completar sus ingresos. Toda la corte tendría que buscar opciones profesionales:

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  • Para no competir deslealmente con su colega —quien eligió primero su oficio alterno—, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández vendería chilaquiles, que son exquisiteces de la cocina nacional con mayor valor agregado que los tamales, sobre todo si incluyen cecina.
  • El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no tendría ese problema: sería quizá colaborador en la consejería jurídica —si la Constitución modificada lo permitiera— del nuevo presidente o de la nueva presidenta.
  • La ministra Margarita Ríos Farjat, amante de la literatura, probablemente abriría una librería para sobrevivir, pero quebraría: ya nadie compra obras de papel. Entonces, como plan b personal comerciaría con carne seca de Ciénega de Flores, Nuevo León.
  • La ministra Yasmín Esquivel Mossa, como Zaldívar, sería rescatada por Morena. ¿Subsecretaria de Educación Superior? Digo, para servir de ejemplo a los y las estudiantes. Ejemplo de lo que no se debe hacer.
  • La ministra Loretta Ortiz Ahlf también iría al segundo gobierno presidencial de la 4T. Yo la propondría como sustituta de Ana Guevara al frente del deporte mexicano, eso sí con la única condición de que no insulte atletas.
  • El ministro Javier Laynez Potisek podría ser taxista. La cara ya la tiene. Cara de agobiado en el tráfico. Es la que puso cuando escuchó un argumento incomprensible de Yasmín.
  • El ministro Luis María Aguilar Morales organizaría un equipo de repartidores de Uber Eats.
  • El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el más rico de todos, viviría de sus rentas y tendría tiempo para escribir sus memorias. Yo las leería.
  • El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá incursionaría en el difícil negocio de comprar y vender cacahuates japoneses, tan apreciados en Asia.
  • El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tendría suerte porque, para demostrar imparcialidad, el segundo gobierno de la 4T lo sumaría como liquidador de Segalmex. Si se hiciera mal ese trabajo, la culpa sería del jurista. Plan con maña, pues.

Malos chistes al margen —no empecé yo, sino Pérez Dayán—, diré lo que opino de este ministro y le haré una petición.

Alberto Pérez Dayán es un jurista excepcional, pero sobre todo una persona extraordinaria en términos de su ética. Lo que dijo en la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales lo sintetizo de esta manera: en la corte suprema ministros y ministras tienen que hacer, precisamente, lo que tienen que hacer, molesten o no a la 4T o al presidente AMLO.

Es correcto: tienen que hacer en la SCJN lo que tienen que hacer, pero, también, lógicamente NO tienen que hacer lo que NO tienen que hacer.

Ministros y ministras tienen la obligación de votar según su criterio cuando se ha programado un proyecto para debatirse en el pleno de la corte suprema. Eso no se discute.

Pero nada les obliga a programar una tras otra —como si la intención fuera provocar— las discusiones de los debates que afectan a AMLO.

Con respeto, admiración y aprecio al ministro Pérez Dayán —y al resto de quienes integran la SCJN—, me parece imprudente llevarle las contras cada semana al presidente López Obrador. ¿Es tan difícil de entender? Me sorprende que personas tan inteligentes no vean lo obvio.

No sé si ministros y ministras buscaban estar en el centro de la contienda electoral en 2024, pero ahí estarán. Con habilidad de Morena —que sobra en el partido de izquierda—, mucha gente votará indignada contra la corte suprema. ¿Era necesario?

No quieren ministros y ministras que se les elija mediante voto popular; sus argumentos son buenos, pero lo que han hecho y no tenían por qué hacer —ligar las votaciones sobre proyectos de AMLO—, les ha puesto en la situación en la que no querían estar: que la gente, les guste o no, votará en 2024 a favor de la SCJN o en contra del poder judicial tal como está ahora organizado.

No sé si le va a alcanzar a Morena para un plan c que obligue a la gente de la SCJN a abrir puestos de comida en los mercados ambulantes o en los tianguis de la CDMX y del resto del país. Pero el riesgo existe. No valía la pena.

Todavía podría la Suprema Corte de Justicia de la Nación alejarse del debate electoral. La fórmula mágica para lograrlo se llama prudencia. Lo dijo el propio Pérez Dayán en el evento citado: “Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes”. ¿Por qué, entonces, no ha sido así en la programación de los debates?

Ministros, ministras, ¿ya olvidaron que la iurisprudentia era en Roma el arte de los prudentes? No lo digo yo, sino Helena en un sitio de internet que me gusta mucho, etimologias.dechile.net.