El presidente AMLO no ceja en su empeño de combatir con toda la fuerza del Ejecutivo, y con sus comparsas del Legislativo, al Poder Judicial. Erigido en rey absoluto sin corona, el presidente mexicano se entremete en los asuntos que constitucionalmente no competen a su rama de gobierno.
Consciente de que la Suprema Corte, bajo el firme liderazgo de Norma Piña, no está dispuesta a ceder a los chantajes presidenciales y a permitir la violación de los procesos y de la letra constitucional, AMLO pretende con su iniciativa debilitar al Poder Judicial.
Con la reciente intentona de eliminar los fideicomisos, AMLO y el partido oficial buscan enviar el mensaje de que ellos - y solo ellos - tienen la autoridad moral para poner un alto al “derroche” de recursos públicos y al dispendio inconmensurable de los jueces y ministros.
Sin embargo, lo que ha quedado claro, y así ha sido recientemente expuesto por el ministro Luis María Aguilar, es que los fondos de los fideicomisos no representan prebendas ni lujos de los jueces, sino que son el patrimonio de miles de hombres y mujeres que integran el poder responsable de velar por el respeto de la legalidad en Mexico
Unas las preguntas que muchos se hacen son: ¿Cómo afectará la eliminación de los fideicomisos a las labores de los miembros del Poder Judicial? ¿Tendrá repercusiones en la eficiencia de los jueces en el desahogo de expedientes judiciales?
Dicho de otra forma, AMLO no se está lanzando contra un puñado de conspicuos magistrados, sino contra gente de pie que, a lo largo de los años, se ha forjado legítimamente una carrera en el Poder Judicial.
Pero sí, sí que vende muy bien entre sus bases, y desde luego que será una buena arma narrativa para 2024. El presidente, actuando mas como jefe de facción que como jefe de Estado, podrá presumir en sus mañaneras que cumple cabalmente con sus promesas de campaña.
Claudia continuará con el discurso, y se servirá de él. Hace unos días aseguró que buscaría una reforma constitucional que estableciese que los jueces de la Suprema Corte fueran designados mediante elección popular. Se trata, a todas luces, de un despropósito mayúsculo que se cargaría al propio Poder Judicial, a los principios fundamentales de la división de poderes y que politizaría aún más a unos ministros diariamente acechados mediáticamente por el jefe del Ejecutivo.
En suma, AMLO está dispuesto a todo en su último año de gobierno. Debe echar mano del último centavo disponible en las arcas del Estado para convencer a los mexicanos de que la llamada 4T debe continuar, y que Claudia es la legítima heredera de su movimiento.