El tema sobre el exdirector de Pemex con EPN, Emilio Lozoya Austin, a diferencia de cualquier otro momento, el actual es cualitativamente distinto: Emilio Lozoya está preso. Se le otorgaron 30 días (vence el 3 de diciembre dicho plazo) a su defensa para presentar las evidencias inculpatorias de aquellos a quienes ha acusado como artífices de las mega-fechorías con el patrimonio energético del Estado mexicano y de los mexicanos en las que él ha sido “brazo negociador y operativo”. Una de ellas poco mencionada es el Gasoducto Los Ramones. Les ofrecemos una primera aproximación al tema.
La nueva riqueza petrolera encontrada (2018) en tierra y aguas someras cuyo costo de exploración y extracción es altamente competitivo (siete yacimientos de crudo en aguas someras del Golfo de México que contendrían reservas probadas, probables y posibles de 180 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en los campos Mulach y Manik y contienen crudo ligero y pesado, en una zona de actividad de Pemex en aguas someras al sur del país), ha sido un macro-factor de extraordinaria importancia para el proyecto obradorista de rescatar Pemex y junto a la CFE reconstruida, caminar en la dirección de una industria soberana de la energía para un nuevo modelo de desarrollo nacional, incluyente y con justicia social.
Como en otros escritos, partimos del principio de “presunción de inocencia”, y nuestras hipótesis se construyen con datos publicados de fuentes abiertas. El caso del Gasoducto “Los Ramones” es extremadamente significativo del “pacto transexenal” Calderón-Peña Nieto en el espacio de la economía pública-privada como otro más de los casos exponenciales operado por la Mafia de Estado (conceptualización de Jürgen Roth) de “cuello blanco” que ha impactado gravemente las finanzas corporativas de Pemex y la propia CFE, cuyas responsabilidades punibles de servidores públicos devastaron el patrimonio de estas “empresas productivas del Estado” en el área de producción, distribución y transporte de gas. Ha sido parte de un modelo de economía liberal de mercados avalado por las grandes potencias y los organismos de la gobernanza global. Eso lo denunciará el Presidente AMLO ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos varias hipótesis soportadas en datos duros al respecto que les ofrecemos.
El vínculo orgánico que une las administraciones sexenales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son los grandes proyectos energéticos para entrega de la riqueza nacional a grupos empresariales transnacionales que operan en diferentes casos de manera fraudulenta extrayendo fabulosas sumas de dinero desde las empresas del Estado. Esas tendencias privatizadoras no empiezan con estos tres mandatarios sino con Carlos Salinas de Gortari, por ello los pactos transexenales se van perfilando desde los gobiernos bipartidistas y aterrizan en las alianzas con los negocios de energías convencionales que son de grandes montos de capital y escalas de producción y ganancias enormes.
Ha sido una patraña histórica decir que los negocios de energías limpias son los que concentran la atención e interés del capital privado por ser hoy centro del debate mundial por encima de las energías convencionales (gas y petróleo), tecnológicamente sí por el carácter finito de los yacimientos de energías de origen fósil, pero éstas últimas son un fabuloso negocio aún en la actualidad y hasta que la transición energética mundial se consume bien entrados ya en las décadas del presente siglo. Se planeó desaparecer Pemex y CFE no por disfuncionales y anacrónicas, o poco rentables en los servicios de energía, sino quebrándolas financieramente, saqueándolas y degradando su imagen ante la sociedad, pero sólo para dejar el camino libre a los “Shrak thnaks”, o “Dragons Den” o a los “Money tigers” de la energía privada, quienes avanzaron considerablemente hasta que el proyecto energético de la 4T los alcanzó oponiendo sus pretensiones de autosuficiencia energética soberana para darle un soporte sólido a la rectoría económica del Estado y al nuevo modelo de desarrollo. El colapso del proyecto transnacional privatizador es mayúsculo. De allí la violenta disputa en este terreno.
“Los Ramones” es un megaproyecto gasero que se dividió en dos partes: la Fase I comprendió toda la ingeniería de detalle para el gasoducto de 117 km y 48 pulgadas de diámetro para recibir 1,000 MMPCD (mil millones de pies cúbicos por día). Fase II, consistió en la EPC (significa los procesos técnicos usados para detallar los aspectos de un negocio, en este caso, el gasoducto) de las dos estaciones de comprensión. La construcción de la primera etapa fue realizada mediante contrato de SENER con la empresa Bonatti. La segunda se abordó por SENER y Bonatti para entregar a Gasoductos del Noreste (GDN) las dos estaciones de compresión (una situada en Ciudad Camargo colindante con EUA, en el Estado de Tamaulipas) y en Los Ramones (en el Estado de Nuevo León, cerca de Monterrey), las que conforman el Sistema de Transportes Los Ramones I.
Se trató de un negocio de los denominados “llave en mano”: son obras de ingeniería donde ingenieros y constructores son la misma entidad, siendo el promotor y el agente los que intervienen en dicha obra. Este tipo de contrato es conocido internacionalmente como turnkey contract, que consiste en que el promotor (SENER) recibe la infraestructura ya en funcionamiento, muchas veces el contrato establece, incuso, hasta qué empresa o la misma (Bonatti), se hará cargo del mantenimiento. Es una idea de integración dentro de un mismo proceso.
Cada estación de compresión (las que impulsan el flujo de gas dentro de las tuberías, cuando dicho impulso pierde fuerza debido a la longitud del gasoducto) lleva su propio sistema de control, que además, estará conectado vía satélite al sistema de control central de la red de gasoductos del Estado mexicano, en la Ciudad de México. Tanto las estaciones como el gasoducto emplean un mismo sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA, en sus siglas en inglés) y un sistema de monitorización del gasoducto (PMS, en sus siglas en Ingles), con el fin de preservar la integridad de los trabajos.
La voluntad política, administrativa y energética para su construcción devino de la “Estrategia Nacional de Energía” del gobierno de EPN cuyo eje principal fue fortalecer la confiabilidad de la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Se ha tratado de un gran proyecto-negocio que impacta no sólo a Pemex, sino a la CFE, quien amplió la red de gasoductos e introdujo las terminales de gas natural licuado (GLP) con empresas privadas, ante la carencia de fondos de inversión por Pemex para este objetivo.
“Los Ramones” buscó abastecer de gas natural a Estados como Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, en donde están instalados diferentes centros de producción, algunos de los cuales habían experimentado escasez del energético—alertas críticas— desde 2012, importando gas natural desde EUA (Agua Dulce, Texas), ubicando el centro de abastecimiento a 740 km de distancia. De allí, la CFE tomaría el abastecimiento de gas para generar electricidad en algunas ciudades y localidades de la región norte de México. La longitud total del gasoducto es de 852 KM (112 km el primer tendido y 740 km el segundo), con un costo inicialmente estimado de $ 2,500 millones USD. En el tendido de la Fase 1, Pemex será parcialmente propietario, en la Fase II ya no, lo será la empresa constructora quien le proveerá a Pemex el transporte del fluido, del gas. La empresa privada ganó una licitación internacional. Simultáneamente, la CFE licitó cuatro gasoductos en el noroeste del país tipo extensiones de los existentes y otros por construirse, con una inversión estimada de $2,000 millones de USD. Ambas obras formaban parte del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), y aunque Pemex con algunos socios participaron en las licitaciones, sus ofertas no fueron competitivas, no ganaron los contratos.
No , por aquellas fechas Lozoya Austin anunció en Tokio que Pemex y la empresa Mitsui Corporation Ltd. construirían en coinversión el gasoducto Trucson-Sásabe (ciudad fronteriza con EUA en el Estado de Sonora) con una inversión de $460.0 millones de USD, cuyo usuario final del gas sería CFE, sin licitación y mediante un contrato de obra de asignación directa. El gasoducto correría desde Trucson a Mazatlán importando 770 millones de pies cúbicos de gas desde EUA.
Tenemos aquí otro pésimo “negocio”: Pemex pagó a $21 USD el MMBtu (millones de unidades térmicas británicas, medida internacional para cuantificar el suministro de gas) en la importación del gas natural licuado (GLP) para evitar el probable desabasto, pero se contrató a un precio inaudito a nivel internacional, carísimo, según la propia CRE, Comisión Reguladora de Energía. (Acosta, Francisco, Forbes, mayo 31, 2013). A pesar de que el Director de Pemex Emilio Lozoya afirmó frente al Presidente Peña Nieto que la obra “disminuiría el precio de importación de gas porque EUA es el país con el precio más bajo en el mercado”. Se trataba en realidad de cambiar de proveedor, uno más caro ubicado en Asia por otro más barato, en Estados Unidos. Ojo: en el acto se anunció que participaría una tercera empresa cuyo nombre no quiso revelarse (sic). Dicha empresa, supimos después, es de Gasoductos del Noreste S. de R.L. de C.V, empresa del Grupo Gasoductos de Chihuahua, que años después mencionaron.
Agregó Emilio Lozoya en su discurso de aquél momento (cuando nuestro país estaba importando gas de Perú, Nigeria, Trinidad y Tobago, aunque marginalmente) y cuando el precio de mercado se ubicaba entonces en promedio a $ 4.0 USD BTU), que México lo importaba desde Asia a $18.0 USD (BTU) para justificar el cambio de proveedor desde EUA, quien aparentemente sería más barato. Evidentemente la lejanía del transporte encarece el precio, pero ¿pactar finalmente un sobre precio de $21 USD (BTU) trayéndolo desde Arizona, cuando la longitud y costo del transporte es infinitamente menor? ¿qué sucedió? ¿quién autorizó y por qué?
El gasoducto “Los Ramones” y el gasoducto “Trucson-Sásabe” eran entonces los más importantes proyectos gasíferos de Pemex para romper el círculo perverso de “escasez-importación-precio alto de importaciones-precio alto de servicios al consumidor”. La importación de gas cubría entonces el 15% de la demanda total de gas en México (actualmente el porcentaje es de casi 70% y desde EUA). Todo debería estar terminado en 2014, a partir de cuya fecha el contrato tendría vigencia de 25 años. La situación cambió notablemente con el descubrimiento del mega-fraude procesado contra el Estado mexicano y sus empresas de energía.