La visita de López Obrador a la Montaña de Guerrero con la presencia de la mandataria local Evelyn Salgado fue un perfecto escenario para esa corrupción legal que, gracias al nepotismo, le dio una mujer gobernadora a esa entidad surrealista en que las niñas son vistas como muñequitas que se compran y se venden.
Parecería sintomático y obvio de una comunidad profundamente misógina que la mujer que logró llegar, lo hizo por violencia política de su propio padre, en medio de la sombra que arrastra la necedad y la obstaculización de la justicia.
La hija de su padre, según Morena
Todas esas mujeres que tuvieron que desafiar el machismo de sus comunidades y que llevan más de 20 años luchando quedaron, prácticamente, fuera. Como Beatriz Mojica, por ejemplo. Sin embargo, aunque Sheinbaum quisiera construir la narrativa de su par, Salgado, en el poder… difícilmente se olvidará que ser postulada y nombrada en boleta por un partido político como “la hija de <cualquier patriarca>” es tremendamente violento.
Contrario al compromiso de la gobernadora guerrerense sobre terminar con la venta de niñas en Guerrero, el 22 de mayo, Andrés Manuel López Obrador dijo que estos hechos “se dan desgraciadamente, en todas las clases sociales” y que no se debía estigmatizar a los pueblos indígenas porque tienen “mejores valores culturales, morales y espirituales”. Como si fuese un buen valor que las niñas sean cambiadas por ganado o cerveza… o como si permanecer en hogares violentos fuera una gran decisión porque, según el presidente, este tipo de transacciones las hacen las familias desintegradas y los que perdieron “los valores”
Ojalá que Evelyn Salgado ya le haya contado que las niñas compradas o “canjeadas” por alcohol y cabezas de cerdo desde los 9 años quedan prácticamente esclavizadas a sus nuevas “familias”, que son excesivamente integradas, como quiere el presidente, tanto que no solo son los maridos quienes tienen legitimada la acción de violar a una niña en nombre de un falso matrimonio comunitario, sino que el “derecho” por usos y costumbres se extiende hasta el padre del “marido-comprador”.
No son usos y costumbres, son crímenes impunes
Al menos, para el primer evento del fin de semana, la gobernadora dijo que aún no había comentado, y que en esta ocasión iba a aprovechar para comentarlo. Según el presidente, es un asunto de clase… pero parece que está ciego para entender que es un asunto de género.
La ceguera por santificar a los más pobres le impide reconocer las atrocidades cometidas bajo el escudo de los usos y costumbres, que a pesar de ser un derecho fundamental, tienen claras restricciones en la Constitución y la ley: ninguna práctica que constituya en sí misma un delito, puede ser permitida.
Supongo que en el mundo de fantasía en el que vive el presidente, Los Santos hombres de La Montaña que compran niñas para violar y esclavizar con tareas domésticas y agrícolas, las van a llevar a denunciar al MP más cercano a su comunidad que está a unas 4 horas aproximadamente. Supongo que en su mundo de fantasía, curarse en salud argumentando que todas las denuncias son atendidas le parece suficiente, porque por supuesto, la carga de la violencia tiene que estar en las niñas vulnerables y no en el Estado que, supuestamente, las tiene que proteger.
Si es que Evelyn Salgado llegó porque su padre ha tenido en la mente que ella lo representa, combatir la venta de niñas será uno de sus grandes retos, aunque su papá y el presidente se molesten.
Pues no:
Una niña de 9 años difícilmente podría denunciar. El Estado puede perseguir a los padres que, en vez de cuidarla, decidieron venderla. El Estado puede perseguir a quienes la “compraron”, violaron, esclavizaron sin necesidad de una denuncia.
Permitir las atrocidades es corrupción legal
La omisión del Estado es tan grave como la acción. Lo vivimos con el caso de Angélica: la policía comunitaria fue quien la persiguió y atacó cuando ella pudo escapar de sus captores. Defender a las niñas y mujeres NO es clasista; abandonarlas por privilegiar una falsa idea indigenista es criminal.
Corrupción legal también es que las comunidades utilicen el sistema de protección a usos y costumbres de pueblos indígenas para violar. Corrupción es que el falso indigenismo por encima del Estado de derecho permita que desde el púlpito presidencial, se normalicen estos actos, ablandando los hechos con comentarios como que “pasa en todas las clases”.
Corrupción es que las autoridades dejen de entrar a la Montaña de Guerrero y le brinden freno reconocimiento a las policías comunitarias que son un terror para las comunidades. Corrupción es que acusen clasismo cuando se exigen los derechos más básicos para las niñas, como estudiar, crecer, madurar sin ser violadas y elegir sus vidas sin que nadie las pueda forzar a hacer lo que no comprenden. Corrupción es pretender que una menor se escape y se traslade kilómetros antes de reconocer que el Gobierno es el gran fracasado porque ni siquiera a su niñez ha podido proteger. Eso, presidente, eso es corrupción. Aunque los usos y costumbres sean “legales”. Así, en términos de máxima protección a las víctimas, no.