Finalmente, tras apenas unas semanas de haber iniciado el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, una corte federal en Brooklyn declaró el martes la culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública por las cinco acusaciones presentadas por la fiscalía.
Este suceso ha conmovido a la opinión pública nacional por dos motivos principales. Por primera vez en la historia de México, un ex alto funcionario del gobierno federal ha sido encausado y condenado por delitos relacionados con el narcotráfico. Ello ha puesto en duda la credibilidad del Estado mexicano como entidad capaz de autogobernarse, de defender su soberanía y de brindarse gobernabilidad, y ha confirmado el hecho de que nuestro país se encuentra en manos del crimen organizado.
En segundo lugar, ha dado un giro importante a la política mexicana. Tras la decisión de la corte federal neoyorquina, simpatizantes de Morena se regocijaron en las redes sociales y medios de comunicación. Y sí, efectivamente, la condena de García Luna les ha ofrecido en charola de oro una nueva narrativa que les ha venido como “anillo al dedo” (el lector recordará esta desafortunada frase expresada por AMLO frente al Covid) pues les ofrecerá armas discursivas en contra de la oposición, y muy en particular, contra el panismo y miembros del partido del bando calderonista.
Serán tildados, pues, de narcotraficantes. Atrás habrán quedado los recuerdos de la cordialidad de AMLO con la madre del Chapo o la orden de la liberación de su hijo en la operación en Sinaloa.
AMLO, por su parte, contará con una renovada narrativa que la permitirá continuar con su ofensiva contra la oposición. Y encima, el presidente utilizará el caso de García Luna como medio para restar legitimidad a cualquier expresión de oposición a su gobierno. Ha vinculado ya la marcha en defensa del INE con el caso García Luna, y buscará meter en el mismo saco el plan B y la búsqueda del desmantelamiento de las autoridades electorales con el ex secretario y con cualquier otro funcionario que resulte involucrado en los crímenes cometidos durante la administración de Felipe Calderón.
En suma, AMLO ha ganado esta batalla. Y lo ha hecho sin haber actuado; pues vale recordar que ha sido la justicia estadounidense quien puso a García Luna frente a un juez. El Estado mexicano, por su parte, ha guardado silencio; quizá derivado de los intereses políticos de los gobiernos en turno o por un supuesto pacto de impunidad concretado con los gobiernos que les han precedido.