Al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le salgan con que “la ley es la ley”, porque en su gobierno sí la hay, pero se aplica a su voluntad, de manera discrecional y como a él se le ocurra.
“Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.
AMLO
Desprecio
Dos hechos recienten muestran el desprecio de Andrés por la ley y las instituciones. El primero, declarar tema de “seguridad nacional” la construcción del tramo cinco del Tren Maya, para librar amparos y reanudar obras.
Apenas el pasado 30 de mayo Adrián Novelo, Juez Primero de Distrito en Yucatán, concedió la suspensión definitiva a los promoventes, es decir, grupos de ambientalistas que se oponen al recorrido del tren por la selva. El fallo vino precedido de movimientos sociales donde participaron especialistas ambientalistas y arqueológicos, organizaciones civiles y personajes de la vida pública.
La respuesta autoritaria por parte del gobierno federal llegó este lunes, Javier May, titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) pidió apoyo del paisano y “mano dura” de AMLO, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien, ante la imposibilidad legal y moral para librar los amparos confirmó: “En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, determinaron que las obras inicien”. Vaya, ni Kiko le quitaba su pelota de esa manera al Chavo del 8.
Este no ha sido el primer intento autoritario, el año pasado AMLO lanzó un “decretazo” para declarar como de seguridad nacional y de interés público las obras de su gobierno, pero un ministro de la SCJN ordenó su suspensión.
El segundo, tiene que ver con el tema energético, donde AMLO padece por la incapacidad, obstinación y corrupción de su secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del director de la CFE, Manuel Bartlett, quienes desde el inicio de la administración han planteado un esquema absurdo y completamente fuera de la ley.
La SCJN en diversas ocasiones ha respondido a los amparos interpuestos por empresas, organizaciones y ciudadanos que se han visto afectados por la violación flagrante de la ley. La reforma constitucional a la industria eléctrica propuesta por AMLO y sus dos compinches, vino luego de que la Corte declarara inconstitucional un decretazo.
La Cámara de Diputados rechazó (afortunadamente) la absurda reforma y la reacción de AMLO fue declarar”traidores a la patria” y lanzar una ofensiva mediática en contra de los legisladores que decidieron, de forma firme y digna, preservar el Estado de Derecho.
Lo último, otro decretazo de Nahle, que quizá de energía no sabe mucho, pero sí de las transas en el sector. El 16 de junio en otro más de sus absurdas propuestas pretendió eliminar el mercado de comercialización de gas natural para que los grandes consumidores que utilizan gas importado lo compren sólo a la CFE o a Pemex. Envió un oficio a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) en el que da instrucciones para modificar regulaciones y contratos de transporte de gas natural para favorecer a CFE y Pemex, así nada más, “por sus pistolas”, violando la ley mexicana de hidrocarburos, la Constitución y los acuerdos del T-MEC, en perjuicio de distribuidores y consumidores, afectando la economía nacional y, por decir lo menos, a millones de consumidores finales.
Como era de esperarse, y como ya ha sucedido con otras propuestas de Nahle, el Juez Segundo de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Sener relativa a la compra de gas a Pemex y CFE. El amparo fue promovido por 10 compañías, entre las que se encuentran GDF Suez, Tractebel, Engie, Energía Natural Peninsular y GE Gaseco Gnv Región Golfo.
Autoritarismo
La respuesta gubernamental sobre los resolutivos de los jueces ante la pretensión de AMLO y su equipo por imponer brutalidades ha sido totalmente autoritaria.
El presidente no se cansa de denostar e intimidar a los jueces y magistrados que por la vía constitucional han rechazado sus iniciativas y ocurrencias en torno al sector energético, al grado de amenazarlos, como ocurre con el juez Juan Pablo Gómez Fierro.
No es lo único, también se lanzó en contra de actores, líderes de opinión y ambientalistas con quienes se negó a dialogar sobre el Tren Maya para luego acusarlos de hipócritas y de defender los intereses de las empresas, utilizando de “punching bag” al actor Eugenio Derbez y sin mayores argumentos, los descalificó y amenazó, señalándolos no como ambientalistas, sino como grupos pagados por los empresarios.
La conclusión, él mismo la dijo fuerte y claro: “Que no me vengan a mí con eso de que la ley es ley”, porque la única Ley es su ley.
Y luego no quiere que lo comparen con dictadores y tiranos.