La negativa del primer mandatario de México a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta peruana, puede ser un spoiler -como dicen los jóvenes- de lo que podría ocurrir en 2024 cuando tenga que entregar la presidencia de la República.

El tabasqueño, que ya en una ocasión se declaró “presidente legítimo” y tuvo la osadía de establecer un gobierno alterno; que no aceptó ninguna de sus derrotas y no le importó afectar a miles de capitalinos y sus negocios realizando un plantón en Paseo de la Reforma, es el mismo que ahora se niega a ceder a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico como corresponde oficialmente.

Cabe señalar que la mencionada Alianza es una organización creada en 2011 y compuesta por Chile, Colombia, Perú y México. Inicialmente, México debía entregar la presidencia en noviembre. Sin embargo, el evento se suspendió porque el Congreso peruano no permitió salir del país al entonces presidente Pedro Castillo.

El pasado viernes López anunció que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacifico a Perú, “Voy a dar instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de que notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar (la presidencia) a un Gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del grupo”, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria.

“Si ellos dicen que entreguemos la presidencia, lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, yo no quiero legitimar un golpe de Estado, es contrario a las libertades, los derechos humanos y es antidemocrático”, dijo.

Las columnas más leídas de hoy

Poco le ha interesado a AMLO que la presidenta peruana Dina Boluarte ventilara que el presidente mexicano no quería entregarle la presidencia porque “sigue apoyando al expresidente” Pedro Castillo.

“En enero de este año, Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico porque (...) no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, dijo Boluarte.

Ahora bien, en este contexto tenemos que hablar de que el tema no es una prioridad para el Ejecutivo de nuestra Nación. Si bien desde un principio se colocó del lado del derrocado presidente peruano Pedro Castillo y ofreció asilo a su esposa e hijas, al mismo tiempo que reprochaba las acciones llevadas a cabo en aquel país sudamericano, también es verdad que en nada le afecta a él y su gobierno, y solamente se trata de un capricho o berrinche más de los que ya le conocemos.

Sin embargo, hay un dicho que señala que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”, y en ese tenor quizá estemos viendo un capítulo adelantado de lo que podría suceder en 2024.

Mucho se ha dicho que su intención es perpetuarse en el poder y convertir el Estado mexicano en una dictadura como las de sus grandes amigos Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel en Cuba. Y hay que decir que al inicio de su administración dichas advertencias se tomaban, si no a broma, los más doctos afirmaban que eso no podría pasar.

Pero está bastante claro que el objetivo de Palacio Nacional no es otro que destruir, acotar, dañar, atar de manos, y limitar en todo cuanto sea posible el buen funcionamiento y desempeño del árbitro electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE) para debilitarlo y en uno de los escenarios posibles, anular las elecciones presidenciales de 2024.

Baste recordar que a finales del año pasado intentó primero, que le aprobaran una Reforma Constitucional Electoral lesiva y totalmente dañina a la vida democrática, que valientemente el bloque opositor de partidos conformado por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano pudo contener, sobreponiéndose a toda clase de presiones y amenazas que les infligieron integrantes de la Cuarta Transformación en la búsqueda de los votos que necesitaban para su aprobación, toda vez que con su mayoría simple no les alcanzaba por tratarse de una Reforma Constitucional y requerían de los votos de la oposición.

Tras haber sido descartada su propuesta, en venganza anunció el denominado Plan B, que pretende limitar y amputar al árbitro electoral.

Bien dijo mi amigo, el ex Fiscal del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, que “quien elaboró el Plan B hizo un estudio minucioso de qué es lo que había que quitar para que hubiese una mayor libertad desde el ejercicio de gobierno y desde los partidos políticos que son mayoría para poder burlar la ley en un punto fundamental que es además de la estructura de logística para la operación de las elecciones que tiene que ver con la fiscalización, con el origen de los recursos para las campañas políticas, con la propaganda desde el gobierno para las campañas políticas y que rompe con la equidad que tanto trabajo nos ha costado”.

Coincido igualmente con lo expresado por el ex Gobernador jalisciense Emilio González, quien ha alertado que debilitar al INE tiene un propósito, “el propósito es que el gobierno vuelva a organizar las elecciones. Creíamos que la tentación Bartlett había desaparecido de nuestro país pero no es así, 35 años después del gran fraude que le quitó la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, regresan los mismos personajes con la misma intención, que el gobierno organice las elecciones”.

Dijo también que cuando el gobierno organiza las elecciones “se violenta la voluntad de la gente, se corrompen los procesos, se eternizan los partidos en el poder, se le quita a la gente la posibilidad de definir el rumbo, de elegir actores, de corregir los errores que se puedan cometer”.

Puntualizó, además, que a quién beneficia un INE débil es al gobierno y a la delincuencia organizada, mientras que a la sociedad nos conviene un INE fuerte que genere estabilidad política, estabilidad económica y rumbo.

Pero eso no es lo que quiere Andrés, quien junto con su Cuarta Transformación nos siguen enviando señales de su trayecto a destruir la democracia en este país y de lo que ocurrirá cuando tenga que entregar la banda presidencial.

Como ya lo he manifestado en otras ocasiones, debiéramos tener más en cuenta dichas señales de alerta antes de que no haya instituciones ni leyes ni elementos a los cuáles sujetarnos para frenar esa embestida a la soberanía del pueblo y al derecho de elegir a nuestros gobernantes.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com