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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante su habitual conferencia, “la mañanera”, llevada a cabo este martes primero de febrero, que de ser necesario acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para no pagar la indemnización por más de mil 500 millones de dólares que solicitó la minera estadounidense Legacy Vulcan al gobierno de México ante tribunales internacionales, debido a que la concesión para la extracción de material pétre en la Riviera Maya ya venció.
La operación de la minera de los Estados Unidos que tiene como su filial en México a Calizas el Caribe mexicano (Calica), para la extracción de piedra caliza que es conocida en la región con el nombre maya de sascap, causa serios daños al medio ambiente ya que para la extracción del mineral se hace por medio de detonaciones de zonas vírgenes de la selva.
La explotación de años de este producto minero en el estado de Quintana Roo ha llevado a la devastación del terreno, llegando a trastocar el manto freático, sin que ninguna autoridad les haya puesto freno hasta ahora.
El sascap tiene un alto valor en el mercado internacional y se usa para la construcción de carreteras y de otras obras de infraestructura.
Legacy Vulcan es una empresa muy poderosa y es la mayor productora de materiales pétreos en los Estados Unidos, entre ellos el asfalto y concreto premezclado. La minera se constituyó desde hace muchos años en el Estado de Delaware, Estados Unidos, y su operación en México se basó en la legislación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El origen de las inversiones en México de la minera estadounidense se remonta a la década de los ochenta del siglo pasado, cuando Legacy Vulcan celebró un contrato de coinversión con el Grupo ICA, y un conglomerado mexicano, a fin de establecer una planta de extracción de piedra caliza en el Estado de Quintana Roo y construir una terminal portuaria; desplegar una flota de buques para transportar la producción de piedra caliza al país de las barras y las estrellas. Para llevar a cabo este proyecto en territorio mexicano, los socios de la coinversión constituyeron a Calica.
A finales de los años ochenta Calica firmó un acuerdo de inversión con el Gobierno Federal mexicano y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, lo que proporcionó el marco legal para el proyecto. En virtud de este acuerdo de inversión, las agencias federales y las partes estatales pertinentes acordaron otorgar a Calizas el Caribe mexicano diversas concesiones portuarias y autorizaciones ambientales necesarias para el proyecto.
En 1996, la minera adquirió dos terrenos adicionales en el Estado de Quintana Roo - El Corchalito y La Adelita - con el único propósito de expandir las operaciones extractivas de Calica. Poco después de la compra, Rancho Piedra Caliza arrendó El Corchalito y La Adelita a Calica para que esta última pudiera obtener los permisos y autorizaciones necesarios para realizar operaciones extractivas en dichos predios.
Los permisos ambientales fueron concedidos por Julia Carabias, quien fungía como Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, esto a pesar del gran deterioro ambiental que llevaba la explotación del sascab en la península de Yucatán.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2016 clausuró de manera parcial temporal las actividades de explotación del proyecto ‘Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático’ de la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., en los predios El Corchalito y La Adelita, en Solidaridad, Quintana Roo.
Esta clausura fue temporal y la empresa minera siguió trabajando y sin ningún freno a la devastación de la selva del Caribe mexicano.
Las concesiones de Legancy Vulcan para la explotación del sascap en el Estado de Quintana Roo vencieron y el gobierno de México no quiso ya renovarlas, por lo que la empresa estadounidense notificó en septiembre de 2018 su intención de someter una reclamación al Gobierno de México de arbitraje de conformidad con el Capitulo Once del TLCAN y la demanda fue por mil quinientos millones de dólares más intereses.
Ante esta demanda de la minera de los Estados Unidos, López Obrador expresó que “no es amenaza ni advertencia, es que ya se acabó la impunidad”, porque la concesión para la extracción de material pétreo en la Rivera Maya ya venció y no será renovada.
El representante de la empresa de los Estados Unidos en México, y que está llevando las diligencias de este litigio, es Bernardo Sepúlveda Amor quien fue el secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Miguel de las Madrid.
La operación minera en Quintana-Roo debe de parar ya que con la explotación del sascap hay un gran deterioro ambiental.