“Si te toman pensativa los desastres de las hojas
que revuelan crepitando por el amplio bulevar;
si los cierzos te insinúan no sé qué vagas congojas
y nostalgias imprecisas y deseos de llorar;
si el latido luminoso de los astros te da frío;
si incurablemente triste ves al Sena resbalar,
y el reflejo de los focos escarlatas sobre el río
se te antoja que es la estela de algún trágico navío
donde llevan los ahogados de la morgue a sepultar;
¡pobrecita! ven conmigo: deja ya las puentes yermas.
Hay un alma en estas noches a las tísicas hostil,
y un vampiro disfrazado de galón que busca enfermas,
que corteja a las que tosen y que, a poco que te duermas,
chupará con trompa inmunda tus pezones de marfil”.
Amado Nervo
Sea a nivel de gobierno federal, estatales o Poder Legislativo, no ha habido tregua en la embestida lanzada contra el INE por parte de la 4T. Será en el 2023 que sepultarán al Instituto imprimiéndole una estocada final.
Antes de que los defensores del Instituto me tachen de apóstata o los fanáticos del régimen digan “es únicamente lo justo”, debo decir que en la lista de lo peor que le puede suceder a nuestro país se ubica sin duda el perder al INE (órgano constitucional autónomo y por el cual los ciudadanos mexicanos hemos pugnado y luchado por más de 32 años).
El 2023 será un año aciago para dicho órgano, juego de niños si se le compara con lo que sucede ahora.
Verán ustedes: el próximo año por ley terminarán sus funciones y saldrán del órgano los consejeros electorales Adriana Margarita Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña —quienes fueron nombrados por nueve años— y también Lorenzo Córdova Vianello -designado consejero presidente del órgano y quien también concluye su periodo el próximo año-.
Cierto, “el INE es más que su presidente”; mismo ayer lo volvió a decir Lorenzo Córdova. Pero no pequemos de inocentes. Con la salida de Lorenzo Córdova y los fieles consejeros que velan tanto por la autonomía del INE, como por la democracia y la ley electoral, no será complicado para la 4T dar punto final a su asedio contra el Instituto.
El Consejo General del INE está conformado por once consejeros electorales, incluyendo a su consejero presidente y —junto con consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo— es el responsable de vigilar el cumplimiento de la normativa constitucional y legal en materia electoral. Ello incluye el velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del INE. Como tal, solo puede funcionar a cabalidad si está compuesto por dicho número de personas. Si por una falsa austeridad, faltan estos funcionarios, se dificulta enormemente la operación del órgano. Y eso es precisamente lo que se augura para el 2023.
Ya sufrió el INE un recorte en su presupuesto este año y a pesar de ello está cumpliendo con el desafío de la consulta de la revocación de mandato presidencial, además de sus muchas otras tareas, funciones y responsabilidades que tiene por ley.
Pero el chantaje del que es objeto el Instituto menosprecia el compromiso con la verdad. Esto es, no importa lo que suceda en la revocación, sabemos que el Ejecutivo federal continuará con su ataque al INE.
Parte de ello se ha dado en la Cámara de Diputados, instalando la subcomisión de examen previo. Esta tiene competencia exclusiva para sustanciar el procedimiento de juicio político y, entre los 14 casos analizados, se han incluido ahí los de los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Asimismo, poco importará que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera que ningún decreto puede estar por encima de la Constitución (entiéndase: los funcionarios del gobierno no pueden hacer propaganda en favor del ejercicio de revocación de mandato). Sin embargo, muy previsiblemente los funcionarios, empezando por el mismo López Obrador, de cualquier modo harán toda la difusión posible del ejercicio de revocación.
El desgaste continuará de otras maneras, siendo la principal el que la 4T aprovechará que Lorenzo Córdova termina su mandato un año antes de la elección presidencial para asegurarse, a partir de ese momento, que el INE tal como lo conocemos no vuelva a ser igual.
Se puede barruntar que el presidente López Obrador buscará dejar al órgano acéfalo o incompleto. No se discutirá ni se votará nuevos consejeros en el legislativo. Ya lo han hecho con otros órganos reguladores; la fórmula no es nueva.
No puedo dejar de pensar que los críticos del régimen hablamos de las elecciones del 24 como si fuesen a transcurrir y significar lo mismo que en los últimos tiempos. Les adelanto que ello no será así. Queremos suponer que hay espacio para que el plazo perentorio de la pesadilla que ha sido el obradorismo termine el 24, pero no es así. Para entonces no tendremos al INE que hoy marca los abusos en contra de la ley. Disculpen mi pesimismo.
Cabe la posibilidad, incluso, que para entonces las elecciones no las pueda organizar el INE ni siquiera parcialmente, ya no se diga a cabalidad. ¿Habrán elecciones?
Seguramente el presupuesto del INE volverá a ser reducido de forma drástica para el año que viene. No se diga en el 2024.
¿Hay una forma de evitarlo? No lo sé. Tal vez una sería presionar públicamente a diputados federales y senadores para que recuerden que son nuestros representantes; que deben velar por el presupuesto del INE y que exijan se nombre a los nuevos consejeros del órgano en tiempo y forma.
Complicado sin duda, pero quizá si les recordamos que pueden no ser reelectos, eso les incite a atender la normatividad.
Veo en el horizonte la estela de un trágico navío: AMLO sepultará al INE en el 2023. Me temo que se necesitarán enormes esfuerzos para no lo logre.
Verónica Malo en Twitter: @maloguzmanvero