Ojalá que los triunfos electorales en gubernaturas, más los anteriores ya obtenidos del partido en el poder (Morena) sirvan, entre otras cuestiones importantes, para articular políticas regionales e interregionales de inteligencia, seguridad y combate cohesionado al crimen transnacional bajo la concepción de una lucha política-social-legal, y de una estrategia única bien madurada, no hablamos de proliferación de masacres. ¿El primer círculo presidencial no es capaz de eslabonar una política regional de este perfil? ¿O van a seguir dándonos datos sobre cifras de delitos federales sin evaluaciones críticas y fijación de objetivos próximos medibles? Creo que sí hay la capacidad pero aun así, el presidente AMLO debe exigir más. Él se juega su capital político en este tema.
En un documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE, 2012) se sostiene que la ampliación del radio de acción mediante asociaciones de distinto tipo de las organizaciones del crimen transnacional en México orientadas al “Triángulo del Norte” se produce durante el sexenio del presidente Felipe Calderón donde se detecta su presencia junto a otros grupos locales del crimen organizado que ya operaban con anterioridad, y lo sustenta con análisis amplio y detallado de las políticas anti-crimen en México y en Guatemala, Honduras y el Salvador. El éxito de las detecciones e intercepciones de drogas en la zona del Caribe, viabilizó la ruta terrestre y marítima modificada desde Centroamérica pasando por el sur mexicano:
“El punto de inflexión y el desplazamiento definitivo de poder de los cárteles colombianos hacia los mexicanos como principales traficantes de productos ilícitos en la región, se produce tras la caída de los líderes del Cartel de Medellín entre 1991 y 1993 y tras la detención o muerte de los principales dirigentes del Cartel de Cali en 1995. Esto provoca que a finales de los años 90 los cárteles mexicanos pasen a controlar una de las rutas más lucrativas de la región. Pero, al mismo tiempo, conllevará un aumento de las rivalidades y disputas entre los diferentes grupos del crimen organizado mexicanos para hacerse con el control de las rutas (plazas) y distribución (corredores) de los tráficos ilícitos que atraviesan México”.
Está por hacerse una valoración más puntual con sentido estratégico del inmenso rol jugado por Genaro García Luna y su equipo más cercano de colaboradores mediante la “Gran Simulación”, en el empoderamiento sin precedentes del crimen transnacional organizado en México, en la amplia penetración institucional y captura del Estado mexicano, y en la reconfiguración de poder de los grupos criminales transnacionales en toda la geografía mexicana con proyección hacia EU y con soporte desde Centroamérica, así como, en la vulneración de la inteligencia civil y policial y el fracaso y criminalización de la Policía Federal. Ante la complicidad, silencio, impotencia o incompetencia, no sabemos con exactitud, de Calderón, sus cercanos colaboradores, el aparato de justicia mexicano y el Partido Acción Nacional, así como la tolerancia o negligencia del gobierno de los EU, todo lo cual está por probarse y puntualizarse, en su caso. Es de trascendencia histórica.
En consecuencia lo que apreciamos más recientemente sobre las nuevas líneas de negocios desde Centroamérica hacia México con dominio de grupos del crimen transnacional en ambos territorios, tiene su origen en los años 90 y se expande y consolida en el siglo XXI desde el gobierno de Felipe Calderón, principalmente, con Genero García Luna al frente desde la institucionalidad pública mexicana. El crimen transnacional en México con sus aliados se “oficializa” al pasar por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por donde fluyen decenas de millones de USD ilícitos. Para 2010 se estimó que el 60% del tráfico total de cocaína pasó por Centroamérica, y el territorio de México le dio factibilidad al tránsito hacia EUA, lo cual empodera en forma mayúscula a los socios centroamericanos de los cárteles mexicanos.
Además del comercio criminal de la carne de ganado desde Honduras y Guatemala, está también la deforestación ilegal y tráfico mediante redes de crimen de la madera de los bosques centroamericanos. Pequeños y medianos propietarios de tierras comunales han sido forzados a vender su finca a precios bajos a los ganaderos más fuertes mediante cuya extensión de tierras (se mencionan predios con entre 3,000 y hasta 10,000 cabezas de ganado) controlan su parte del negocio de la ganadería, del blanqueo de capital y del traslado de cocaína hacia México rumbo a EU. Envían al ganado a zonas de engorda incluso por tierras ecológicamente protegidas para hacerlo invisible, tanto en Nicaragua como en Honduras.
Pero con todo esto llega el otro negocio: la deforestación clandestina y la venta de madera sin intervención oficial por parte de organizaciones criminales. En México una estimación grosso modo es que la mitad de la madera que se comercializa es de origen criminal y la presencia del crimen organizado asociado con autoridades locales y “empresarios” regionales es cada día mayor. Lo que fue originalmente un negocio de empresas inmobiliarias o constructoras y desarrolladoras como la tala inmoderada, se ha convertido en un negocio del crimen transnacional organizado.
La costa norte del Estado de Jalisco es rica en maderas semipreciosas y finas (por ejemplo, la “parota” árbol fácil de reproducir y que crece con celeridad), igualmente, en la costa occidental. En la costa norte del Estado municipio de Cabo Corrientes, informaciones periodísticas difundidas señalan a un civil (“Don Guty”) como el gran poder fáctico en la zona, toda vez que “el gobierno en cualquier nivel no existe por aquí (…) El que decide lo que se tira y lo que permanece es don Guty él es el verdadero gobierno en esta costa; van con él y le piden el favor. Si él no lo da, ningún papel te sirve”, comenta con certeza un campesino de la zona. (Pie de Página, 9 de Enero, 2021). Hay otras maderas muy importantes allí como “la caoba pacífica”, “el granadillo” y el tampicirán”, que también controla el CTO.
Gravísimo vacío de poder público sobre recursos naturales aprovechables bajo dominio de poderes fácticos de orden criminal. “Sembrando Vida” planta en el sureste árboles de maderas comercializables y en zonas de Jalisco (no sólo allí) el crimen organizado se apropia de recursos ante el vacío de poder, o tal vez, la indiferencia y complicidad de alguna autoridad. Igual sucede en Talpa de Allende y otros muchos municipios con zonas boscosas, según misma fuente.
“Mientras los bosques se quedan sin árboles, los cerca de mil 300 ejidos y comunidades que han creado empresas forestales para producir madera en forma sustentable, se enfrentan no solo a la expansión del crimen organizado”. Estos campesinos mexicanos desarrollan una lucha en extremo desigual frente a estas organizaciones. Y esto sucede en muchas más localidades y subregiones de las que podemos imaginarnos, en decenas de ellas en diversos Estados de la República. Son territorios sin soberanía del Estado mexicano ni presencia de la Federación como forma de organización del Estado. Eso lo saben lugareños de cientos de zonas.
En el sureste de Chiapas se comenta por empresarios del ramo que, hasta hace cinco años, distribuían madera en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Hoy, los vendedores de madera ilegal se han apoderado de casi todos sus antiguos clientes: “Antes, movíamos tres camiones por semana, con 12 mil a 14 mil pies; ahora, cuando mucho, mandamos uno a la quincena. Nos comieron el mercado del sureste”. No se puede competir ni disputar con la ilegalidad del crimen. (Ídem)
Esta tala ilegal y comercialización criminal de maderas (incluso para exportación), además de la destrucción ecológica- es parte ya de la agenda de negocios de organizaciones transnacionales del delito, que también controlan tráfico de estupefacientes y otros rubros como el tráfico de especies marítimas (totoaba o corvina blanca, pepino de mar y abulón) asociadas con organizaciones criminales chinas, en parte de la industria pesquera en donde se afirma desde el Instituto Brookings por parte de la Dra. Vanda Frelbab-Brown que se intercambian jornadas de trabajo por montos salariales en especie: metanfetaminas y fentanilo en pequeñas porciones. De paso los convierten en poseedores o vendedores o consumidores de drogas sintéticas u opiáceas.
Tala ilegal + pesca ilegal + empresas criminales + comercialización criminal = vacío de Estado y expansión del CTO, sea por corrupción o por fallas de la inteligencia civil o militar, estatal y/o federal o por ausencia grave de una estrategia regionalizada. Y si ya conocen esta información ¿Por qué no han actuado? O ¿cuáles son los resultados? Hay sexenios como los anteriores en donde se manipuló la información, y otros como el actual en donde escasea la misma.
En estos delitos de reciente boom transnacional hay también simetrías regionales que abordaremos en nuestra próxima y última entrega.