Lo que vimos esta semana no fue solo una diferencia de criterios al interior de Morena. Fue un acto de desafío, disfrazado de solidaridad. La senadora Andrea Chávez respondió con sarcasmo a un llamado serio de su presidenta nacional, Claudia Sheinbaum, quien pidió al partido establecer reglas claras para evitar actos anticipados de campaña. En lugar de alinearse de inmediato con la propuesta, Chávez optó por un espectáculo mediático. “Si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea…”, dijo al anunciar que retiraría su nombre y fotografía de las ambulancias que operan en Chihuahua.
¿Eso es lo que la senadora entiende como un gesto de responsabilidad política? Mientras Sheinbaum busca dar orden y coherencia a su movimiento, la senadora responde con ironías y victimismo, como si la exigencia de separar propaganda y servicio público fuera un capricho de quien se lo exige.
Lo preocupante no es solo el tono burlón, sino la actitud de superioridad. Chávez afirma que seguirá las reglas que el partido establezca, pero lo dice como si fuera una concesión, no un deber. “Como la consejera nacional más votada del país…”, recalca insistentemente, dejando claro que su compromiso está condicionado por su propia percepción de fuerza política. ¿Desde cuándo el liderazgo se mide por votos internos y no por respeto a la línea institucional?
Mientras Claudia Sheinbaum intenta imponer un mínimo de disciplina partidaria —algo indispensable si Morena quiere consolidarse como una fuerza responsable de gobierno—, figuras como Chávez parecen más interesadas en cuidar su imagen personal que en respaldar verdaderamente la unidad de su movimiento.
Hay que mencionar que en Chihuahua se había normalizado ver los espectaculares de Andrea Chávez, y la llamada “Caravana de la Salud”, con su rostro y los colores de Morena en las unidades médicas que circulan por diversas ciudades. Fue hasta que el periodista de Latinus, Carlos Loret de Mola, hizo público el tema y exhibió presuntos actos de corrupción en ese ejercicio propagandista disfrazado de servicio, que se generó la polémica que tiene como raíz la ilegalidad, por más que se le intente maquillar.
La llamada “Caravana de la Salud”, que debería ser un esfuerzo noble y desinteresado por atender a la población, hoy está bajo sospecha. Los señalamientos por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos no son menores. No se trata sólo de una cuestión ética, sino también legal.
Lo que parece una acción altruista se revela, bajo la lupa, como un caso más de posible financiamiento ilegal disfrazado de buenas intenciones.
En ese contexto, el Partido Acción Nacional (PAN) ha decidido no quedarse de brazos cruzados y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la polémica senadora de Morena, acusándola de incurrir en al menos 15 delitos electorales y penales, entre ellos promoción anticipada, defraudación fiscal y hasta delincuencia organizada.
No se trata de una acusación menor. Según el PAN, el empresario Fernando Padilla Farfán, supuesto donador de unidades móviles para brigadas de salud, mantiene vínculos cercanos con el exsecretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, y ha sido beneficiado con contratos multimillonarios en gobiernos morenistas. Andrea Chávez, lejos de negar el hecho, reconoció públicamente que Padilla Farfán es el propietario de las ambulancias con su rostro.
Aquí es donde las cosas se complican: el vocero del PAN, Jorge Tirana, ha señalado con claridad que esto no puede verse como una simple aportación voluntaria. Lo que hay detrás —y que resulta alarmante— es un esquema sospechoso de financiamiento disfrazado de donativos en especie.
Más preocupante aún es que se ha podido documentar que algunas de estas ambulancias están registradas en el Estado de México y vinculadas a empresas con historial de contratos públicos. Una de ellas pertenece nada menos que al Instituto de Salud del Estado de México; otra, a Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V., compañía que ha trabajado con instituciones como el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y Segalmex.
La denuncia fue respaldada por la dirigencia nacional del PAN el 24 de marzo, lo que demuestra que el tema no es un simple pleito local, sino una señal de alerta nacional sobre el uso de recursos y la opacidad en tiempos electorales.
Ahora bien, no todo se reduce a este episodio. Andrea Chávez Treviño ha construido una carrera política meteórica. Nacida en 1997 en Ciudad Juárez, cuenta con una licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cédula profesional expedida en 2021. Ha participado en foros internacionales, como el de la ONU sobre juventud, paz y seguridad, y fue reconocida por organizaciones como Women2Women. Desde 2018, ha tenido un rol activo en el Senado como asesora, enfocándose en temas de violencia de género, y ha sido diputada federal antes de convertirse en senadora por Chihuahua en 2024.
Su trayectoria, sin duda, es interesante. Pero precisamente por eso, se esperaría un estándar más alto de conducta. La cercanía con movimientos feministas y su postura progresista dentro de la 4T podrían ser herramientas para transformar la política desde adentro, no para reproducir los vicios de siempre con un nuevo rostro.
En tiempos en los que la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, esta joven legisladora se ha distinguido por incurrir en acciones propias de políticos de hace 70 años, sin dejar de mencionar su reprochable actitud desafiante, soberbia, altanera, burlona y caprichosa. Se sabe poderosa y se piensa intocable por el desmedido apoyo que ha recibido de Adán Augusto López, pero por encima de él y de quienes todavía le brindan su apoyo, -que cada vez son menos-, están las leyes y la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que, si todavía no se ha enterado, no es una chica súper poderosa y quizá sea tiempo de que alguien la baje de su enorme ego y la ponga en su lugar.