Las conferencias mañaneras del presidente siempre dan material para comentar, disertar, diferir, criticar y puntualizar, y hoy no es la excepción. Hay dos temas candentes del mundo aeronáutico que fueron abordados por Andrés Manuel López Obrador.
El tema lo puso en la palestra la reportera Dalila Escobar, del Semanario Proceso, de quien pudimos notar con meridiana claridad que ocupó el argumento o alegato (yo le llamo diatriba) enarbolado por los “voceros” del pequeño grupo de sobrecargos jubilados, cuyo número de miembros merma cada día más, al que el mismo titular del poder ejecutivo hizo referencia hace unos días. La pregunta fue la siguiente: “…preguntarle qué tiene que ver con Mexicana de Aviación, usted en los últimos días había mencionado que había abogados que habían llegado para mal aconsejar a los trabajadores, sin embargo voceros de estos trabajadores lo que mencionan es, lo que está, lo que ellos consideran está en riesgo, es una sentencia…”
Aquí pongo pausa, e impunemente interrumpo porque es necesario explicar y dar contexto a mis amables lectores: El “Peje” (dicho sea con más cariño que con irreverencia) ha manejado que “son dos abogados”; en realidad se trata solamente del despacho del Lic. Juan Iván Peña Neder; tal vez ha visto al autonombrado vocero Iván Enríquez Barragán, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación, quien no pierde oportunidad para tener reflectores y hablar ante todo micrófono que se le ponga enfrente; no lo censuro, es parte de su chamba.
El despacho de asesores legales está tratando, a través de diversos juicios de amparo, impedir que el gobierno de la 4T concrete su intención de erigirse con el nombre y emblema de la que fuera la primera línea aérea del país: Mexicana de Aviación; o por lo menos que no suceda en los términos que el gobierno ha planteado. Fin de la pausa.
“… lo que ellos consideran está en riesgo, es una sentencia que se dio desde el 2016, antes de este gobierno, donde se les reconocía a los trabajadores que se tiene un adeudo con pagos de pensiones; también ellos mencionaban en torno al tema del plazo de un mes, -es lo que ellos mencionan-, claro, esperar la respuesta de usted pero también el plazo de un mes, ellos dicen que no se desistirían como tal de lo que están pidiendo, porque bueno mencionan que es una cuestión que lleva tiempo y entonces preguntarle, si considera que habrá respuesta a un mes, porque ellos lo que dicen es que se tiene que respetar esta sentencia de 2016 y en caso de que no ¿cuál sería el plan alternativo del gobierno para echar a andar esta aerolínea? Si es que se tiene todavía la idea de que quede para este año…”
La formulación de la pregunta resume, casi punto por punto, lo argumentado por los “voceros” (4 o 5 sobrecargos jubilados) que dicen fueron recibidos hace unos días por Luisa María Alcalde. Y es que el titular del despacho que los defiende, Juan Iván Peña, les asegura que, por ser un grupo numeroso y vulnerable, deben cobrar primero, “sin importar de dónde sale el dinero” (así lo dijo Iván Enríquez en un video publicado en su página de Facebook).
“Es lo que marca la ley… es lo que está laudado” ha repetido el vocero en múltiples videos publicados en YouTube. Sin embargo aquí hay una falsedad, o por lo menos una grave imprecisión, porque ellos dicen que les corresponden 400 millones de pesos. Sin embargo, el laudo que los sobrecargos jubilados efectivamente ganaron en 2016, no es el primero que se ganó, ni es por esa cantidad. Existen otros laudos que se ganaron previamente, en el año del 2015; el más grande es el de los trabajadores de confianza. Si de verdad este grupo que se opone a la venta de la marca sostiene que “primero en tiempo, primero en derecho”, entonces no cabe su “queja” de que algunos directivos van a cobrar millones, y ellos migajas.
Así es, estimado lector; a mí también me parece increíble que desde hace 7 años comenzaron a dictarse laudos en favor de los trabajadores, pero que hasta la fecha nadie ha podido hacerlos líquidos, esto es, convertir en dinero todo lo ordenado en las resoluciones. Y no es casualidad, nada más el laudo que sirve de sustento a la inconformidad de este grupo de jubilados condena a Mexicana de Aviación a pagar a los sobrecargos jubilados (a todos) 3 mil millones de pesos.
Esto nos obliga a mirar desde un ángulo diferente el asunto. Se supone que los inconformes están pidiendo “lo que por ley les corresponde”; pero si fuera verdad, estarían exigiendo a Mexicana de Aviación, y no al Gobierno Federal, esos 3 mil millones de pesos, para repartirlos entre todos los jubilados; pero ¿qué sucedió en el camino para que asumieran la postura intransigente de “no nos moverán”? Pues que su abogado hizo cuentas alegres a este reducido grupo diciéndoles que les iban a tocar aproximadamente 2 millones por cabeza. ¿De dónde saco esta cifra? Solo dividió 400 millones entre los 200 sobrecargos que jurídicamente representa, y aparece la cifra mágica de 2 millones de pesos.
¿Qué es lo que se litiga actualmente en esos juicios de amparo? Paradójicamente no versan sobre la oferta hecha por el Gobierno Federal. Lo que se analiza son cuestiones procesales en el juicio laboral de donde emanó el laudo de los 3 mil millones.
Se discute y analiza si existen embargos trabados formalmente, si los quejosos son representados conforme a derecho o no, si el laudo prescribió por inactividad procesal o no; si es procedente una “tercería” intentada por alguno de los sindicatos para cobrar “antes” que los jubilados, entre otros vericuetos legales.
El caldo de cultivo perfecto para pedir una “suspensión provisional” que mantenga las cosas en el estado en que se encuentran. Traducción: Juez, no permitas que se destrabe el embargo sobre la marca, hasta que todo se aclare. Con esa medida, la marca no se puede vender, y este grupo consigue el tiempo necesario para “negociar” su pago con el Gobierno Federal.
¿Legal? Sí es legal. ¿Oportuno? Sí, muy oportuno para sus intereses. ¿Justo? Ups, eso es más difícil de responder tajantemente. Según cifras mencionadas en la última Asamblea de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el número de jubilados es de 650. Evidentemente este grupo que no se piensa desistir de sus juicios de amparo no está viendo por los “más vulnerables”, pues saca del reparto a 450 sobrecargos jubilados.
Para poner en la mesa un panorama más claro, hablando solo de los sobrecargos (sin contar a trabajadores de confianza, de tierra, mecánicos, etc.) Mexicana de Aviación tiene 1400 sobrecargos activos, más 301 sobrecargos de Click (AeroCaribe), y un total de 650 jubilados (incluyendo a los inconformes); en ese orden de ideas, el acuerdo propuesto por el presidente estaría beneficiando a los 2351 sobrecargos, activos y jubilados, y no solamente a 200.
El grupo de inconformes, que se asume como víctimas y no como victimarios, dice que no está en contra de la venta, y de hecho quiere que se realice. ¿Cuál es el motivo de su inconformidad?, que la repartición del dinero sería conforme al último salario o pensión pagada por Mexicana en junio de 2010, dos meses antes de la bajada de vuelo.
Consideran que esta fórmula es un “insulto”, porque habría directivos que cobrarán “millones”, y que los pilotos también se llevarán casi todo el pastel mientras que al resto nos tocarán migajas de 50 mil pesos.
Aquí aparece otra inconsistencia de su argumento: si se aplica a rajatabla la lógica de su abogado de que “primero en tiempo, primero en derecho”, entonces estos empedernidos defensores de la clase trabajadora vulnerable, están de acuerdo en que los directivos cobren “mucho más que millones” (porque ese laudo es anterior), y que a ellos les paguen dos millones a cada uno. Si para los miles de trabajadores que no forman parte de su dilatoria demanda de amparo ya no alcanza el dinero que ofrece el Gobierno Federal (no Mexicana de Aviación), pues ¡qué mala suerte, así son las reglas del juego! No, pos guau.
Si yo creyera en ese argumento, entonces tendría que darles el beneficio de la duda de que, tras “toda una vida laboral como sobrecargos” nunca se dieron cuenta de que en la empresa de aviación los salarios de los “directivos” y de los “pilotos” eran superiores, y por lo tanto injustos e “insultantes”. ¿Por qué lo son ahora? Más parece que desean generar lástima, y que el público vea que sus derechos están siendo pisoteados con la venta de la marca y los bienes.
Quiero ser clara: la propuesta de compra del Gobierno Federal, y la posterior invitación a desistirse del juicio de amparo que hoy la retrasa, no implica ni obliga a los trabajadores (a ninguno de ellos) a desistirse de la acciones legales, o sea que podemos seguir pidiendo justicia, que se nos pague lo debido, y que se finquen responsabilidades civiles, mercantiles y penales.
Por supuesto que surgen la preguntas ¿Ya para qué? ¿Qué caso tendría? Y respondo a título personal: porque considero que la impartición de justicia es y debe ser un derecho humano; la de la voz, en el pasado, junto con valientes sobrecargos “nos pusimos a las patadas con Sansón” al oponernos a una demanda en nuestra contra, interpuesta por Gastón Azcárraga, que nos acusó de que nuestros salarios llevaban a la bancarrota a Mexicana de Aviación. El asunto llegó hasta la Suprema Corte, y ganamos. Muy tarde, ya cuando la empresa había parado operaciones, pero quedó el precedente de que no fuimos los trabajadores los responsables de la quiebra.
Una quiebra fraudulenta, pero declarada judicialmente desde el 4 de abril de 2014. Hasta la fecha no se ha podido ejecutar precisamente por la cantidad de amparos y recursos que existen. En un mundo ideal, rosa y feliz, en que se resolvieran todos ellos, y que la sentencia se pudiera ejecutar en este preciso momento, yo como trabajadora recibiría una cantidad muy parecida a la que hoy podría recibir por la compra de la marca y del emblema.
Después de toda esta perorata, veamos qué respondió el presidente a la pregunta de la reportera de Proceso: “…me gustaría que lo explicara la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pero en términos generales hay un poco más de 6 mil trabajadores…ahora vamos a crear una empresa pública de aviación, ya está en proceso, pero como había la posibilidad o existe todavía la posibilidad de que se rescatara la marca “Mexicana de Aviación”, y que al mismo tiempo se les hiciera un poco de justicia a los trabajadores…se les propuso, vamos a hacer un avalúo de cuánto cuesta, cuánto vale la marca, nosotros la compramos…y alrededor de 800 millones o mil millones (815 millones para ser exactos, ya descontando un simulador inservible), se distribuye entre todos los trabajadores y es algo, 50, 60, 70, 100 mil pesos, por trabajador”
Luego, Andrés Manuel toca el tema de los abogados. Aquí aclaro que no “aparecieron” de la nada; fueron contratados por el grupo de sobrecargos jubilados desde el año 2013, como respuesta desesperada ante la nula atención de Ricardo Del Valle Solares, entonces Secretario General de ASSA. Ese despacho legal gana en 2016 el famoso laudo por la estratosférica e impagable cantidad de tres mil millones de pesos, solamente de pensiones adeudadas, más las futuras.
El presidente, sigue narrando en la mañanera lo dicho por este grupo de 200 y ante el argumento de que ellos tienen un mejor derecho que el resto de los trabajadores, el primer mandatario se pregunta “¿y dónde queda la justicia? ¿y dónde queda la equidad?”, expresó.
Los abogados, (léase Juan Iván Peña Neder) les dicen que no cedan, que del dinero que dará el gobierno por la compra de la marca y los bienes, si son mil millones de pesos, a este grupo les corresponden 600 millones de pesos y que los 400 millones restantes se repartan a 5,800 trabajadores. En efecto, Andrés Manuel López Obrador, hace un análisis similar al que quedó expuesto líneas arriba, y termina diciendo “es una injusticia, completamente”. Y yo, desde aquí le digo al presidente: estoy totalmente de acuerdo con Usted.
El “Peje” rememoró la mañanera que se llevó a cabo en Tampico, en el sentido de que no pueden esperar, porque la línea aérea va a volar con o sin el nombre de Mexicana, informando que “Aerolíneas Maya” podría ser, en dado caso, el nuevo nombre; sin dejar de lamentar que no se llegue a concretar la venta.
Yo no me engaño, nadie más nos va a comprar la marca, y en los hechos, el ejecutivo no miente en lo absoluto. No es una indemnización por parte del gobierno, pues en todo caso eso le corresponde a Gastón Azcárraga, Grupo Posadas y el resto de los accionistas; lo que el presidente ha operado es un intento serio de dar salida al caso y que los trabajadores recibamos “algo”.
Dejo en el tintero mi opinión respecto a lo que dijo de la Categoría 2 y su reunión Pete Buttigieg, Secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Sobre el particular no estoy de acuerdo con nuestro presidente, pues contrario a lo que dijo, ni el AICM, ni el AIFA, están degradados; la degradada en materia de seguridad aérea fue Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y afortunadamente estamos a la espera de que se concreten los trámites burocráticos para regresar a la Categoría 1.