El pasado 10 de diciembre se conmemoró un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir de aquel histórico momento, resultado de la crisis humanitaria provocada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y los organismos internacionales han impulsado reformas constitucionales conducentes a la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los Estados.
En el caso de México, la Constitución garantiza el respeto de los Derechos Humanos en su artículo primero… “en los Estados Unidos Mexicanos las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”. Luego de esta reforma constitucional de 2011, por el cual se cambió la denominación de garantías individuales a derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia avaló el principio jurídico de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos gozarían de valor constitucional.
Sin embargo, mucho se ha limitado a la ley y no a los hechos. México ha atestiguado, lamentablemente, numerosos casos de violación de derechos humanos a lo largo de su historia reciente. En tiempos modernos (sin dejar de hacer alusión a la tragedia de 1968) el lector recordará los eventos ocurridos en Tlatlaya como uno de los episodios más oscuros en la historia de las fuerzas armadas y en la lucha del Estado mexicano en favor de la protección de estos derechos inalienables.
Por otro lado, los lamentables sucesos de Ayotzinapa, con la participación del gobierno y policía locales, pusieron de manifiesto en aquel aciago momento que el Estado mexicano, principalmente a nivel estatal y municipal, se encuentra secuestrado por el crimen organizado, lo que ha conducido eventualmente a homicidios y a violaciones sistemáticas.
En adición a ello, las deficiencias del sistema de justicia mexicano han propiciado que criminales hayan resguardado -o recuperado- su libertad bajo el argumento de una supuesta violación de sus derechos humanos al momento de su detención o arresto. Por otro lado, los organismos de la sociedad civil que promueven activamente la defensa de los derechos humanos son aún objeto de captura por parte de la delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución insigne del Estado mexicano dedicada a su protección, no ha estado exenta de controversias públicas. Recordemos, en este contexto, la polémica en torno al nombramiento de Rosario Piedra como séptima Presidenta de la CNDH, en medio del escándalo en torno a su afiliación a Morena.
En suma, el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 debe servir como un recordatorio al presidente AMLO y, en su conjunto, al Estado mexicano, de que nuestro país se encuentra rezagado en la materia, a pesar de la máxima protección legal consagrada en nuestra Carta Magna. En otras palabras, la letra constitucional debe traducirse en verdaderas políticas públicas que protejan a los ciudadanos tanto del crimen organizado como de casos de abuso perpetuados por las propias autoridades.
José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4