De forma sorpresiva el gobierno decidió adelantar el proceso de sucesión por medio de nominar a diversos colaboradores y miembros de su partido como posibles candidatos para los comicios de 2024, pero lo ha hecho con una inédita premura, pues lo hizo desde el 2021.
La situación de que integrantes del gobierno y en el ejercicio de sus cargos públicos ostenten aspiraciones de ser candidatos, y que sean señalados como tales por el titular del Poder Ejecutivo Federal, plantea una condición dual entre quienes han sido nominados de esa forma, pues como empleados públicos están obligados a un desempeño imparcial orientado a cumplir con responsabilidad las tareas que tienen encomendadas, y quienes en ese mismo supuesto desempeñan cargos de elección popular o de gobierno, se deben a servir y representar a la ciudadanía en su conjunto. Pero resulta que desde esa tribuna se pretende alentar la presencia y promoción política de tales aspirantes, a partir de la ventaja que les permite los cargos que desempeñan
Quienes desde esa hipótesis son, desde ya, posibles candidatos del partido en el gobierno para ganar la presidencia de la República asumen, entonces, una promoción de sus figuras desde la tribuna de la función y tarea que representan, y se sirven, para ello, del presupuesto público que ejercen, de forma directa o indirecta.
Pero el debate y las normas aprobadas para impulsar la competencia política han implicado que los tiempos electorales se encuentren previstos y, dentro de ellos, las fases relativas a los procesos internos de los partidos, de modo de evitar distorsiones o ventajas indebidas para los contendientes; todo ello debido a que fue motivo de queja y de controversia que funcionarios públicos aprovecharan sus responsabilidades para promoverse, lo que fue parte de un largo debate en el pasado.
Con esta estrategia de que el gobierno impulse y designe a quienes pueden ser candidatos en el 2024, se plantea una especie de regreso a lo que fue la idea de ganar el poder desde el poder. Tal práctica vivó un claro proceso de desacreditación en la historia del país, pues fue la forma empleada para lograr la perpetuación de quienes postulaban su reelección, especialmente durante el ciclo vinculado a Porfirio Díaz desde 1877, que con el sólo paréntesis de 1880-84, se mantuvo en la presidencia de forma sucesiva, hasta que una Revolución lo depuso con la convocatoria maderista y el movimiento revolucionario de 1910.
El propio Díaz, después de su fallido intento de ganar la presidencia en las urnas a Benito Juárez, entendió que competir por la presidencia cuando el oponente lo hace desde el propio poder, resulta infructuoso. Debido a ello, cuando postuló el Plan de Tuxtepec para relevar a Sebastián Lerdo de Tejada de la presidencia en 1876, planteó derrotarlo por la vía militar -como finalmente ocurrió-, después de lo cual se llamó a elecciones para cubrir el período de gobierno de 1877-80, donde el oaxaqueño ganó la presidencia.
Fue claro que abrir cauces para construir un régimen político competitivo y con alternancia en el poder no fue fácil, pues implicó imaginar y crear normas e instituciones, prácticas y formas de regulación que permitieran piso parejo para que la ciudadanía elija desde el marco más amplio de libertad. De ahí que uno de los temas más reiterados en cuanto a reformas legislativas haya sido el correspondiente a la materia electoral.
Ahora, con aspirantes que lo son desde el gobierno -y con esta premura o anticipación-, se plantea una situación que pareciera un retorno por la puerta de atrás a la tesis vieja de ganar el poder desde el poder. Pareciera evidenciarse la intención de que cuando se llegue al momento de postular candidatos en el período establecido oficialmente para ello, se encuentre suficientemente encaminado el candidato o candidata del partido en el poder, como para anticipar su triunfo.
Se pretende así ganar las elecciones antes de las elecciones, pero la fórmula ya evidenció algunos de sus problemas como lo es la lucha interna anticipada, la posibilidad de fracturas y defecciones de miembros del partido en el gobierno, independientemente de un muy probable alegato de legalidad hacia quienes se han promovido en el ejercicio de cargos públicos y sin que hubiesen iniciado oficialmente las campañas.
Pareciera que se intenta, por diversas vías, la construcción de una nueva etapa hegemónica en el ejercicio del poder que eluda la auténtica disputa democrática; entonces se anticipa la sucesión para anticipar el triunfo del partido en el gobierno.