Debido a mi activismo en favor de la consulta popular para enjuiciar a los últimos expresidentes de nuestro país, que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, he recibido diversos comentarios, algunos a favor, otros con dudas y otros abiertamente críticos.

De inicio debo reconocer mi satisfacción por la polémica, que la también llamada consulta contra los expresidentes, ha generado, ya que estoy convencido que la discusión crítica y bien fundamentada enriquece política e ideológicamente a las personas.

Aprovecharé este espacio para tratar de dar respuesta a las principales interrogantes y observaciones que me han señalado y para establecer las razones del por qué la apoyo:

En primer lugar, la consulta no es un acto de revanchismo, sino un acto de reivindicación social, se trata de ir generando los mecanismos que indaguen en el pasado de impunidad en el que, como país, hemos vivido, ejemplos de lo anterior donde se señalan a los gobernantes de todos los niveles sobran: desaparecidos, asesinatos, robos, desfalcos a la hacienda pública, abusos de poder, etc., así como también sobran los casos en que, como particulares o como colectivos organizados, se clama justicia, lo que no sobran son los mecanismos para darle solución a dichos reclamos.

La consulta no trata de defender o justificar los intereses de ningún particular, sino que somete esta acción a la voluntad de la mayoría de los votantes, tan es así que, si la mayoría de los sufragios que se emitan es en rechazo al enjuiciamiento, este simplemente no va a suceder. A muchos de mis conocidos les cuesta entender esto, como sociedad estamos tan acostumbrados a que por un lado no se nos tome en cuenta y por el otro, a obedecer ciegamente las decisiones de nuestros gobernantes que, cuando las decisiones de gobierno se resuelven a través de la participación ciudadana, nos cuesta tanto trabajo creerlo, que preferimos descalificarle.

De ninguna manera la consulta es ilegal o una decisión autoritaria, para que se lleve a cabo se han involucrado los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y será organizada por el INE, este último instituto señalado como abiertamente ajeno y hasta opositor al presidente de la República, lo que a mi entender le da, no únicamente legalidad sino también legitimidad.

En lo personal estoy de acuerdo y promuevo la consulta por dos razones fundamentales:

Confío en que será el impulso social necesario para la creación de los instrumentos legales cuya finalidad sea que los gobernantes de todos los niveles rindan cuentas por sus actos, con lo que por lo menos, si no la eliminamos, si reduciremos de forma importante la impunidad en México y, porque es un claro ejemplo de que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos está por encima de los intereses particulares o de grupo, independientemente a quién la promueve.