La renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en las personas de Norma Lucía Piña y de Guillermo Valls, respectivamente, son acontecimientos que animan de forma positiva el inicio del año 2023, pues hablan de perfiles que postulan la afirmación de la necesaria autonomía, independencia e imparcialidad imprescindible en el desempeño de tan importantes organismos.
Destaca el caso de la SCJN por el papel que juega en la dinámica del ejercicio del poder público, especialmente en la resolución de los juicios de inconstitucionalidad que le son presentados y de las controversias constitucionales, cuyas definiciones marcan pautas decisivas en los equilibrios y contrapesos entre los poderes, factores éstos que se han visto amenazados por el inocultable deseo de preeminencia del poder Ejecutivo, sobre los otros dos.
Los llamados a los Ministros de la Suprema Corte, que han sido nombrados por el impulso del Ejecutivo, para advertirlos de su deuda de lealtad, consistente en no traicionar la visión, intereses y proyectos del gobierno, dan cuenta del dogmatismo ideológico que anima a la administración; también expone así el sometimiento que se opera con las bancadas del partido en el poder para que actúen por consigna o ejerzan lo que se puede llamar “voto por dictado gubernamental”; en la misma línea se inscribe la hostilidad que el gobierno practica hacia los organismo autónomos, empezando por el INE.
Así, lo que es consubstancial al régimen republicano, en el sentido de una interacción entre los poderes públicos en condiciones del balance y equilibrio entre ellos es, en nuestra condición, algo que se encuentra amenazado por el resurgir de un presidencialismo de corte caudillista. Alienta, pues, que en medio de tales barruntos se anime la autonomía del poder Judicial.
En la esfera económica, si bien el 2022 cerró con un crecimiento económico en el marco de lo previsto para la anualidad, el perfil que se delinea para este año advierte un regreso de pasos para reincidir en el deficiente desempeño que ha caracterizado a esta administración desde el 2019. Ello, distante de los anuncios del gobierno que hablan de un incremento del 3% tanto en el 2023 como en el 2024; contrario censo, se estima para el año entrante un crecimiento que rondará el 1%, en el marco de una pérdida de dinamismo de los norteamericanos con riesgo de una recesión acotada, pero recesión al fin y que impactará severamente en nuestro país.
Distintos problemas como el de la inseguridad y la deficiente infraestructura, especialmente para parques industriales, perfilan una situación de incompetencia para aprovechar el nearshoring que ofrece oportunidades inéditas de desarrollo a la economía mexicana. Al final del sexenio, todo indica, se llegará a uno de los crecimientos sexenales más reducidos de la historia moderna, toda vez que se prevé tienda a ubicarse en menos de la mitad de un punto del PIB.
Las elecciones del Estado de México y de Coahuila a celebrarse en este año, marcarán pautas decisivas frente a los comicios presidenciales de 2024 en un ambiente tremendamente polarizado, en donde el gobierno plantea promover los intereses de su partido con las menores restricciones posibles como lo plantea su diseño de reforma electoral, mientras que para competirle se plantea una coalición electoral entre el PRI, el PAN y el PRD; un contexto de visiones antagónicas, en donde una postula continuar el modelo vigente y, la otra, una clara evolución que pone el factor de la alianza entre partidos como expresión de una coalición electoral que se traduzca en coalición de gobierno.
¿Quién tiene pueblo? ¿a quién no le falta pueblo? Parece ser la premisa del partido en el poder y de su líder presidencial para ganar las elecciones, jactándose de que ellos sí lo tienen, mientras otros no. Se trata de una fórmula soportada en una visión de pertenencia de grupos sociales a la manera de feudos que se deben a sus benefactores, éstos, a su vez, propietarios de los estímulos o apoyos que se les otorgan y por los cuales demandan fidelidad electoral; antes era el pago de alcabalas, de impuestos o tributos al monarca, ahora es la retribución del voto confinado a través de la red de intermediarios que lo exigen.
Las dos puntas de la tijera que busca asegurar el triunfo del partido en el gobierno es, por un lado, el clientelismo, por el otro la ruptura o superación de restricciones legales y operativas para que, desde el poder, se logre conservar el poder. El 2023 será un año que delinee las condiciones y tendencias de la elección presidencial del 2024, ese es su rasgo distintivo.
La idea de diezmar y someter a los otros poderes, así como a las diferentes instancias autónomas marca una de las luchas más cruentas en el calendario de este año; de ahí la importancia de contar con una Suprema Corte autónoma, pues el caudillismo presidencial no acepta en su desplante ser atemperado.