TENGO OTROS DATOS
Los diarios Reforma y El Universal publicaron en sus primeras planas del pasado sábado 10 de septiembre notas sensacionalistas que hablan de un aumento desproporcionado en el pago de intereses de la deuda del Gobierno de México el próximo año. Las notas de los periódicos parecen más una forma de crear la sensación de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un manejo irresponsable de la economía y que por eso los débitos que hay que cubrir se incrementaran para el 2023.
De lo que no hablan los textos de los rotativos es que la mayor parte de los débitos del país no se contrataron en este sexenio (como es el caso del rescate bancario) y que se tiene que pagar más por el incremento en las tasas de interés en todo el mundo incluyendo México.
Para darnos una idea de cómo han sido los incrementos de las tasas de interés en los últimos meses, podríamos ver el aumento de la Tasa de interés Interbancaria de Equilibrio del Banco de México que en septiembre del año pasado era 4.50 y para el noveno mes del 2022 esta tasa de referencia es del 8.50 lo que significa una subida del 88.88% lo que incrementa lo que se tiene que pagar por intereses de la deuda ya adquirida.
Las altas tasas que hay en la actualidad también inciden en un aumento en premio que se les otorgan a los inversionistas cuando el gobierno emite bonos de deuda para el financiamiento ya sea para el mercado interno como los Cetes, también para los mercados internacionales. Es un financiamiento más costoso para el erario.
El incremento de las tasas de interés no solo ha sido una política del país azteca, estos aumentos en el costo de los créditos han sido a nivel mundial.
Dada la crisis por la pandemia de coronavirus, a la que se suma el incremento en las tasas de interés a nivel mundial como respuesta de política monetaria para tratar de frenar a la acelerada inflación y que impacta en los intereses que se desprenden del endeudamiento público.
El Gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido que destinar, este año recursos para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que comprende las transferencias fiscales que se destinan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 15 mil,415.4 millones de pesos lo que representa 0.05% como porcentaje del PIB. Esto se debe a una mayor tasa real la cual pasa de 1% en el PEF 2021 a 1.7% para 2022. Esto es una deuda por el rescate bancario que viene desde hace más de 20 años.
El rescate bancario que hizo el gobierno federal en 1998 dejó una gran deuda a varias generaciones de mexicanos, al convertir perdidas de Bancos privados en adeudos públicos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempló en el presupuesto del 2022 asignar tan solo para el pago de los intereses derivados de lo que se conoció como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), 38 mil 683 millones de pesos.
El Fobaproa fue creado en 1990 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después, en 1994 llega la crisis económica más grave de la historia moderna de México, se disparan las tasas de interés y el tipo de cambio y la mayoría de los créditos se hicieron impagables. Esto puso en riesgo la liquidez de los bancos y es cuando el expresidente de México Ernesto Zedillo, decidió activar este fondo en 1995. Para marzo de 1998, Zedillo Ponce de León notificó al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo por 552 mil millones de pesos resultado del rescate bancario, y propuso convertirlo en deuda pública.
En 1999 entra en vigor la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y se crea el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que es el organismo que desde esa fecha administra los pasivos derivados de los apoyos que en su momento otorgó el Gobierno Federal al sistema bancario.
El IPAB asumió la deuda derivada de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal al sistema bancario. Al 31 de diciembre de 1999, dicha deuda ya sumaba 688 mil millones de pesos que equivalían al 11.29% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
El rescate bancario estuvo plagado de corrupción al descubrirse que algunos de los bancos que se verían beneficiados por el Fobaproa estaban involucrados en casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas bancarias por parte de algunos empresarios. Los casos más sonados fueron los de Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi y Banco Unión; el fallecido Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía y Ángel Rodríguez “El Divino”, propietario de Banpaís.
Los 552 mil millones de pesos que costó originalmente el Fobaproa fue cinco veces más que la ganancia que había obtenido el gobierno de privatizar a 18 bancos apenas unos años antes. La deuda total terminó costándole al pueblo de México el 14.5% de su PIB. Y esto no termina aquí. La deuda todavía no se liquida por completo, y sigue generando intereses que hay que pagar. Hasta la fecha, se han pagado más de 2 billones de pesos, y todavía debemos 901 mil 700 millones de pesos. En 1999, se estimó que la deuda se pagaría en 30 años, pero en 2006 un pronóstico de algunos economistas reveló que serían 70 años si México crecía a tasas del 4% anual.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que en los últimos tres años se han destinado 105 mil 915 millones de pesos –más que el presupuesto con el que arrancó la pensión universal para adultos mayores en 2019– para pagar los compromisos financieros de los bonos IPAB, la herencia que queda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Mientras por los intereses y costos de administración del rescate se han pagado un billón 547 mil 736 millones de pesos, con cifras actualizadas a diciembre de 2021, los pasivos del adeudo no dejan de crecer. Así que, por demás, quedó sepultado el cálculo de 20 años que hiciera el gobierno de Ernesto Zedillo, para el pago de esta obligación.
Hasta diciembre de 2021, la deuda del antes conocido como Fobaproa –que se compone de los pasivos del IPAB y del programa de apoyo a deudores de la banca– alcanzó un billón 40 mil 507 millones de pesos, 27 mil 32 millones más que en el mismo mes de 2020.
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario, se le asignó por parte del Congreso Federal en el Presupuesto de Egresos del año pasado, 11 mil 330 millones de pesos. Estos recursos fueron para la operación del IPAB y el pago de los intereses de la deuda del Fobaproa. Este presupuesto es 75.2% menor al del 2020.
La baja en las tasas de referencia y los movimientos en la inflación respecto del año ante pasado incidieron en que cayera el costo financiero de la deuda entre enero y abril de 2021, al reducirse la tasa real a la que se pagan los intereses del IPAB y al dar margen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar algunos refinanciamientos; sin embargo, ahora la historia es distinta por el incremento de las tasas de interés.
Para el 2023 los requerimientos financieros del IPAB correspondientes al componente inflacionario de los intereses de la deuda por 0.10% del Producto Interno Bruto (PIB), dada la estrategia de mantener la deuda de la institución en términos reales.
Las altas tasas que hay en la actualidad también inciden en un aumento en premio que se le dan a los inversionistas cuando el gobierno emite bonos de deuda para el financiamiento ya sea para el mercado interno como los Cetes, también para los mercados internacionales.