“Todo lo que se va con el hombre que escapa: el silencio, la voz, los trenes y los años, no sirve para huir de este recinto exacto sin horas ni reloj, sin ventanas ni cuadros que a todas partes va conmigo cuando viajo.”
JAIME TORRES BODET
Seamos claros. Ayotzinapa ha sido usado como bandera política, lo cual es en una tragedia sobre otra. Utilizar el dolor de los familiares, insuflar esperanza donde nunca la hubo, para fines que nada tenían que ver con la verdad, sea cual fuere esta. Se lucró con el dolor.
A casi ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Palacio Nacional, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, a través del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dijo lo que se ha sabido desde hace más de seis años: los 43 están muertos. Los mató una banda del crimen organizado.
Encinas aseguró que “no hay indicios de que los estudiantes estén con vida”. Agregó que, en la conclusión de la 4T, se asegura que: “hubo colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos”.
El subsecretario de gobernación acotó: “la llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”.
¿Eso lo hace un crimen de Estado?
Encinas debería recordar que para ser crimen de Estado se debe probar (más allá de cualquier duda) que la orden de asesinar a los estudiantes tuvo que haber emanado del Ejecutivo federal o de los militares de alto rango. No ha sido probado y entonces otra vez, decir que es “crimen de Estado” más pareciera una bandera política que encontrar la verdadera causa del asesinato de los estudiantes.
Mas, suponiendo sin conceder, decir que se trató de un crimen donde las autoridades municipales, estatales y federales, así como el ejército tuvieron parte, es aceptar (sin decirlo, naturalmente) que hoy el mayor apoyo —el mismo apoyo— del gobierno federal tuvo algo que ver con ese hecho. El país en manos de unos criminales llamados Fuerzas Armadas es lo que está diciendo Encinas.
Pero demos un paso más. Habría que recordar que tanto Iguala como Guerrero eran entonces plazas del PRD. De ellos, el subsecretario no dijo… ni Pío.
La candidatura de José Luis Abarca fue respaldada por López Obrador a pesar de que los lugareños le señalaron que tenía vínculos con el narco por su familia política. Los Abarca eran jefes de la pandilla criminal “Guerreros Unidos”. Por su parte, Ángel Aguirre Rivero, gobernador entonces también emanado del PRD, fue apoyado por López Obrador.
Pero en el momento del crimen, igual que ahora, el olvido selectivo deja fuera quienes eran aliados del tabasqueño.
¡Vaya disyuntiva que el mismo lopezobradorismo —hoy trastocado en gobierno— señala como cierta!: el crimen de Estado donde participó el ejército, las mismas fuerzas militares que ahora se encuentran empoderadas y manejan una tercera parte del presupuesto nacional, son las que tendrían que atender la justicia prometida por Encinas. ¿Será capaz la 4T de llevar a sus más fieles aliados a la Corte?
Podemos imaginar la respuesta. Si tardaron cuatro años más para llegar a lo que era ya sabido (y negaron), la propuesta de enjuiciar al ejército queda descartada.
De hecho, para quienes aún lo dudaban, quedó en descubierto la treta: utilizaron el crimen como una bandera política y dieron esperanza a las familias al prestarse a negar la muerte de los estudiantes. El engaño es vil y despreciable, pero todo fue válido con tal de llegar al poder.
La única “verdad histórica” de uno y otro gobierno, es que no han podido ni querido dejar en paz a los muertos ni a sus familias. Unos y otros han lucrado con el dolor desde hace años. El dinero desembolsado, los dimes y diretes, mejor hubieran servido a las familias. Y así se ha ido el tiempo en palabrería en lugar de ofrecer trabajos bien pagados y construir la paz en Guerrero. Ha sido más fácil parlotear.
Si se van a fincar responsabilidades, deberían empezar con los directivos de las escuelas, quienes lanzaron a sus alumnos al crimen organizado; los Abarca, quienes, manejando la policía municipal, no dieron aviso de lo que sucedía.
Pero aquí la mal intencionada (o llena de ignorancia) contradicción: afirmar que es un crimen de Estado y al mismo tiempo reconocer que los estudiantes fueron asesinados por el crimen organizado.
La participación de policías locales y/o estatales en la desaparición como cómplices de los criminales no muestra que la orden de asesinarlos proviniera del Ejecutivo federal o de altos mandos del ejército. Esto es FUNDAMENTAL.
Se ha lucrado con la tragedia y se seguirá haciendo. La verdad histórica no ha cambiado; nos quieren alimentar con la misma gata revolcada.