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José Manuel Albares Bueno, quien funge como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, visitó hace unos días México y dijo que su país respalda las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre y cuando esta legislación no sea retroactiva y afecten los derechos conquistados por las empresas españolas, en la nación latinoamericana.
Al parecer el funcionario hispano está mal informado porque asegura que las empresas españolas, “no han hecho más que trabajar por el bienestar y el crecimiento de México, por lo que su reputación no debería quedar bajo sospecha debido a que han laborado bajo el marco legal establecido en el país”; pero la realidad es diferente, ya que muchos de los corporativos ibéricos que se han instalado en tierras mexicanas, sobre todo en los sectores estratégicos como el energético, bancario y turismo, han sido beneficiados ilegalmente por los gobiernos priistas y panistas y en muchos casos no han respetado las leyes de la nación azteca.
El canciller español tiene datos incorrectos sobre muchas de las compañías españolas que están invirtiendo en suelo mexicano, y que su comportamiento no ha sido ético ni esta apegado a las Leyes del país, con Iberdrola como uno de los casos más emblemáticos.
La empresa de energía Iberdrola llegó a México en los años 90 del siglo pasado, pero empezó a recibir contratos y canonjías muy favorables por parte del gobierno desde que Felipe Calderón era Secretario de Energía en la administración de Vicente Fox, y nombró en puestos claves de esa dependencia a gente de su absoluta confianza, como César Nava Vázquez, como director jurídico; Juan Camilo Mouriño Terrazo como subsecretario, y Dionisio Pérez Jácome como titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este grupo compacto otorgó al corporativo ibéricos permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, todas ellas, actividades que, según el artículo 27 constitucional, de esos años eran actividades exclusivas del Estado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los permisos otorgados por la Secretaría de Energía eran ilegales, pero esto no impidió que los funcionarios federales les autorizaran más contratos de ese tipo y con mayores privilegios.
Dionisio Pérez Jácome como titular de la Comisión Reguladora de Energía, en el 2003 permitió de forma ilegal (según lo determinó la ASF), que Iberdrola porteara electricidad que excedía más del doble de la cantidad que se le autorizó en 2002, para el “autoconsumo” de su socio Nylon de México, por lo que pidió abrir una indagatoria contra los servidores públicos de esa comisión y los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La participación del sector privado en la industria eléctrica del país no es nueva, tenemos que recordar que desde 1995 la colaboración privada se dio primero en proyectos de electricidad para la CFE, bajo el esquema de Construir – Arrendar – Transferir (CAT) que evolucionó en un esquema de Producción Externos de Energía (PEE), que son productores independientes acotados a la demanda del mercado. Con este esquema la CFE se encarga de producir y comprar a privados energía eléctrica, conservando a la empresa estatal la exclusividad en la transmisión y distribución de la electricidad en el territorio nacional.
Desde antes de la Reforma Energética del 2014, ya el 48% de la electricidad consumida en el país era maquilada por los conocidos como “Productores Independientes de Electricidad” (PIE), destacándose la empresa española Iberdrola, que tiene como consejera a Georgina Kessel, quien fuera en el gobierno de Felipe Calderón la secretaría de energía.
Si bien es cierto que había autorización para que empresas privadas maquilaran energía eléctrica para la CFE, los permisos que otorgó la CRE cuando era titular Dionisio Pérez Jácome, rebasaban lo permitido por la ley, por lo que se resolvió que los permisos a consorcios privados para generar y vender electricidad en México eran ilegales, la ASF detalló que Iberdrola fue la principal beneficiada. Para esas fechas, la CRE había otorgado 17 permisos de producción independiente que sumaban 7.092 megavatios (MW), lo cual representa el 19% del parque de generación de la CFE. Entonces habían entrado en operación ocho centrales que producían 3.495 MW. El resto estaba en construcción.
Todos los permisionarios eran filiales de empresas extranjeras. El capital español controlaba 43 por ciento de la producción independiente en México: Iberdrola y Naturgy tenían permisos por 2 mil 242 y 1 mil 712 MW, respectivamente. Las firmas estadunidenses tenían 19%; las japonesas, 12%; y las canadienses, 6%.
La forma que tienen las compañías ibéricas de maquilar electricidad para CFE es a través de plantas termoeléctricas a base de gas natural. La ASF en su informe adelantado del 2011 señaló que CFE solamente utiliza el 69% de su capacidad instalada en hidroeléctricas y, en cambio, usa el 80% de la luz total que generan las empresas privadas, a través de sus plantas y termoeléctricas a base de gas natural.
Las empresas españolas realizan una función que podríamos llamar de “coyotaje”, con el gas natural que utilizan. Lo compraban en menos de 50 centavos de dólar a Perú y lo introducen al país a 14 dólares por unidad, precio que paga la CFE a través de los contribuyentes y usuarios padecían continuas alzas de tarifas de la llamada en ese entonces la “Empresa de Clase Mundial”.
Los beneficios para Iberdrola por parte del gobierno mexicano no pararon, ya que en el 2006 a la empresa española se le autorizó vender energía a 194 corporativos entre ellos Bimbo, Barcel, British American Tobacco México, Cemex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Tiendas Soriana, Maseca, esto mediante la modificación al Permiso para Generar Energía Eléctrica bajo la Modalidad de Autoabastecimiento, expedido a nombre de Iberdrola Energía de Monterrey.
El esquema con el que trabajaban para que el corporativo hispano vendiera electricidad a otras empresas privadas fue el conocido como sociedades de autoabasto y en el cual la empresa que dirige actualmente Manuel Bartlett, no cobraba la transmisión ni la distribución de la electricidad.
Las sociedades de autoabasto de electricidad han operado de forma ilegal ya que en el 2003 se extendieron permisos para que grandes fábricas produjeran su propia electricidad, sin embargo “esto decayó en una práctica ilegal creando un mercado paralelo”.
Los permisionarios simularon tener socios –”socios de un dólar”– y empezaron a vender electricidad a terceros utilizando las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual incurrieron en fraude fiscal.
Felipe Calderón, ya como presidente, le adjudicó a Iberdrola, junto con la francesa Alstom, un contrato por 605 millones de dólares para modernizar la Central Nuclear Mexicana Laguna Verde.
Los beneficios que tuvo en México Iberdrola durante el gobierno de Calderón se vieron reflejados en los estados financieros de acuerdo con información del corporativo en España, su subsidiaria en el país latinoamericano representó en 2007 ganancias netas de 54.7 millones de euros, 64.3 por ciento más que en 2006. En ese año, que fue el primero de la presidencia del panista, se le adjudicaron al corporativo hispano 2 mil 669 millones de euros.
Avangrid, compañía fruto de la fusión de la filial de Iberdrola en Estados Unidos con UIL Holding (que empezó operaciones en diciembre del 2015), incorporó en julio del 2016 al consejo de administración al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, tras su decisión de incrementar el número de puestos en el consejo de administración.
Los problemas de corrupción de la empresa de energía de origen español no sólo se han dado en México, hace unos años su filial en Estados Unidos fue acusada por la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) de ese país de obtener ganancias extraordinarias por 330 millones de euros, por alterar artificialmente la cotización de la luz en el mercado mayorista, lo cual supuso un encarecimiento muy elevado de la factura para el consumidor del estado de california.
En España el comportamiento de Iberdrola tampoco ha sido ético y es acusada de corrupción.
El pasado 9 de julio, se dio a conocer que la filial de Iberdrola, Iberdrola Renovables, se sumó a la lista de empresas España imputadas por contratar al ex comisario José Manuel Villarejo. empresario español, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía que fue acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
La inversión española es importante para México, actualmente operan más de 6 mil empresas hispanas en el país latinoamericano que incluyen desde grandes bancos hasta las operadoras eléctricas y energéticas. Se calcula que su volumen de negocio superaría 25 mil millones de euros anuales (600 mil millones de pesos), que equivale a lo que gastaría el Estado español en un año en dos servicios públicos esenciales y muy costosos: la sanidad y la justicia.
Los corporativos Ibéricos deben de respetar las leyes mexicanas y su comportamiento debe ser ético y responsable.