1973
El 27 de abril de 1973, un grupo aproximado de 280 trabajadores del campo iniciaron una marcha desde el municipio de Comondú hasta la capital de Baja California Sur. Salieron alrededor de las siete de la mañana. Mucha gente que antes trabajaba en los ranchos de las grandes familias de agricultores decidieron exigir un pedazo de tierra en el Valle de Santo Domingo para vivir. Para sembrar.
La decisión molestó a las élites agrícolas de entonces porque también exigían agua, esto significaba una redistribución del líquido. Personas entrevistadas, quienes decidieron proteger su identidad por miedo a represalias, reconocieron que desde el gobierno federal intentaron orientar a la ganadería la actividad principal de los nuevos ejidos Ley Federal 1,2,3,4 y 5: “teníamos en contra a todos agricultores eran amos del recurso agua, teníamos todo lo agrícola, no querían que nos dieran agua” (entrevista personal, 13/05/2021).
Por varias horas de caminaron por la carretera Transpeninsular. Exigían que les reconocieran su derecho humano al agua como está consignado en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Caminaban por su derecho a trabajar su propia tierra. El contingente avanzaba con los mayores enfrente. Una pick up los rebasó varias veces ese día. Luego regresaba. A eso de las seis o siete de la tarde, justo a la hora cero, el mismo vehículo atropelló a los ejidatarios muriendo en el lugar por lo menos 14 de ellos.
2021
Campesinos que buscaban condiciones más dignas para vivir.
Hace dos semanas pasé por el kilómetro 176.5 de la carretera La Paz-Comondú y vi ese monumento de 14 pilares con una cruz blanca a un lado de dos torres de telefonía. Unas máquinas amarillas con negro y unos cerros de arena rodeaban el cerco. El mausoleo es un recuerdo que palpita desde hace 48 años. En esa somnífera recta, un puñado de valientes hombres y mujeres caminaron ante una injusticia. En ese pedazo de la Transpeninsular quedaron 14 campesinos que buscaban condiciones más dignas para vivir. La caminata marcó un antes y un después en los habitantes del Ley Federal 1, 4 y 5. Una herida que desgarró una lucha por el uso equitativo del agua.
Viajé por interés personal y una investigación para entender los efectos del extractivismo agroindustrial encabezados por monocultivos en la región del golfo de California. Retomando el trabajo de Juan Carlos Graciano (2013) quien ya había reconocido la situación de la calculó que hasta 2011 el 82% del agua concesionada de este vital líquido en Baja California Sur es usada para por el sector agrícola, que exportó en 2012 cerca 80 mil toneladas de tomate como principal producto, pero paradójicamente este rubro solo aporta el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto estatal (PIB).
Por lo menos en dos años no ha llovido nada. Prueba de ello eran esos pequeños remolinos con arena daban vuelta en el campo seco. La crisis está acompañada de uso excesivo del agua por las familias sumado a empresas foráneas de espárrago y papa que, mediante la transferencia, cesión total o rente de agua, los grandes ranchos de 100 hectáreas pueden justificar si exceden sus raciones autorizadas.
1973
Un mensaje cargado de odio. Los sueños de tierra y libertad.
Con la tristeza atorada en la garganta y con la rabia enredándose en la cabeza, los ejidatarios se abalanzaron contra el pick up. Algo les decía que más que un accidente era un mensaje cargado de odio porque decidieron exigir su derecho al agua. Esa noche la muerte paró su caminar, pero no su lucha. Abrieron la puerta del carro para bajar al desgraciado que acabó con los sueños de tierra y libertad de esos campesinos. Para su sorpresa los hombres enardecidos por el dolor y la impotencia tuvieron que detenerse porque un niño iba con el conductor: el tal Logan se salvó de ser linchado. “Pensamos muchas cosas”, dijo uno de los declarantes.
“Por la sangre que derramaron esos compas existen hoy esos ejidos (…) gracias a esa gente nos dieron este chorrito de agua”, explicó otro testigo del atroz hecho (comunicación personal, 13/05/2021). La muerte de los ejidatarios quedó como un accidente de tránsito. El periodista Héctor Ojeda de la Rosa insinuó, al rememorar esta historia en 2020, que el ingeniero Logan pertenecía a grupos o élites de poder del valle. Por eso el tema fue tratado como un accidente carretero ocasionado por la combinación de exceso de velocidad, la hora cero y un vado.
En el caos de tan amarga noche, los compañeros tuvieron que regresar para realizar los funerales de amigos que perdieron la vida. De sus compañeros de lucha.
2021
Agrícola Comondú de Francisco Pelayo
Para entender este valle agrícola hay que recordar al general Agustín Olachea: “El Territorio Sur de la Baja California requiere de hombres de buena voluntad que exploten sus riquezas”. Una frase inscrita en una estatua del militar en el centro de Ciudad Constitución, una frase que nos habla de una lógica extractivista y que encumbra a las élites de ese momento y que muy bien podría retomarse para entender al Grupo Comondú que agrupó a por lo menos 9 familias empresariales que han accedido al poder político.
Justo en esta elección surgió el tema de la distribución inequitativa del agua. Un reportaje de Eje Central con documentos internos de la Conagua una sobreexplotación del acuífero en más de 72 millones 125 mil metros cúbicos (m3) para el ciclo agrícola 2020-2021 en el municipio de Comondú, pero quizá el déficit sea del doble. El tema del huachicoleo de agua fue una de las acusaciones que lanzó el candidato de la coalición Morena-PT, Víctor Castro Cosio, en contra del aspirante del PRI-PAN-PRD y anexos, Francisco Pelayo Covarrubias, por acaparamiento de agua.
Si uno teclea el nombre de la empresa familiar Agrícola Comondú de Francisco Pelayo Covarrubias o el de su tío el exgobenador Marcos Covarrubias Villaseñor, en el registro de la Conagua, estas aparecerán. El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD y anexos justificó la autorización de usar 250 millones 400 mil litros al año diciendo que se trataba de una familia de agricultores. Uno le creería justo sino hablaras con los ejidatarios verdaderos afectados de la distribución, mientras un núcleo ejidal recibe esos mismos 250 millones de litros anuales los tiene que repartir entre sus más de 100 agremiados limitando las hectáreas para sembrar. Los dueños particulares como empresas o viejos agroindustriales tienen esa misma cantidad para ellos y, no solo eso, existe un esquema de transferencia de agua que les permite comprar o rentar otras concesiones.
Para dimensionar aún más, en San José y San Miguel de Comondú, según Gámez, Wurlt y Graciano (2014), el promedio de agua concesionada en zonas rurales por vivienda varía entre 350 y 400 m³/año, y en las urbanas entre 200 y 250 m³/año. Conforme a la investigación de Eje Central, un grupo de 9 familias del Grupo Comondú, incluido Pelayo Covarrubias, tienen concesionados 27 millones 958 mil metros cúbicos, unos 27, 958 mil millones 420 mil litros anualmente equivalentes a las permitidas por Conagua a tres comunidades: Loreto con 4, 555, 000 millones de metros cúbicos, Santa Rosalía con 1,484, 000 millones de metros cúbicos y Comondú con 9, 254, 374 millones de metros cúbicos.
1973
“Es un derecho que tenemos, no pedíamos volumen imposible, la que nos dieron, pues”, dijo uno de los entrevistados al recordar la lucha en la murieron sus compañeros. Para entender el problema del agua, debemos hacer un viaje en el tiempo, a 1949, cuando inició la operación el primer pozo agrícola con la llegada de los Pioneros a invitación del presidente Manuel Ávila Camacho. El 12 de septiembre de 1951 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció una veda del recurso hídrico en aquella región, sin embargo, ese mismo año comenzó la siembra de algodón por la creciente demanda de la industria textil.
“En 1954, se llegó a la necesidad de declarar por decreto presidencial la veda de perforación de nuevos pozos, ya que un descontrolado incremento ocasionó rápidamente los primeros síntomas de abatimiento del acuífero” (Troyo Dieguez et al, 2010). El 26 de junio de 1954 se creó el Distrito Nacional de Riego de Baja California Sur formado por La Paz, Mulegé y Santo Domingo. El 19 de marzo de 1965 se publicó un reglamento para explotar el agua subterránea en la zona vedada. Pese a la estrategia de conservación, en los años 1988 y 1991 se registraron máximos históricos de extracción por 352 y 433 millones de metros cúbicos.
No fue hasta 1992 que se da conocer en el DOF un reglamento para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Santo Domingo, es decir, el distrito de riego 066. Troyo Dieguez et al, 2010 escribieron: “Aunque la medida sirvió para frenar el incremento del número de pozos, se siguió dando una descontrolada explotación por parte de los productores agrícolas, quienes motivados por el bienestar económico y los resultados alentadores de la Revolución Verde alcanzados en poco tiempo, no previeron o bien desconocían, la importancia de un uso sustentable de los recursos (Troyo-Diéguez et al., 2008)”.
Simplemente en el periodo agrícola del 76-77, según Gutiérrez Gallo (1984), se produjo un total de 61 mil 717 toneladas de algodón, unas 18 mil 179 hectáreas sembradas.
2021
Para todos los entrevistados una cosa era la constante en el acaparamiento de agua: la Asociación de Usuarios con Fines Agropecuarios del Distrito de Riego 066. Es una de las organizaciones que surgieron por las reformas neoliberales del priístas Carlos Salinas de Gortari al artículo 27 y a la Ley de Aguas Nacionales, con el que retomó el plan nacional de privatización de distritos de riego de 1989 (Arredondo, 2005). En 1996, por lo menos 372 asociaciones de usuarios de riego se esparcieron y cuyos integrantes recibiría una concesión para el explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y la utilización de la infraestructura hidráulica con la inspección de la Conagua. No solo eso, como pasaba con las tierras, el agua podía transferirse. Ortega Espinosa (2010) escribió al respecto:
“El otorgamiento mismo de la concesión de aguas, se consolida como el nervio central de todo el sistema de cesión de derechos del agua, la piedra angular en la que se han construido los despojos de agua, las ventas irregulares de agua, las expropiaciones y demás denuncias públicas hechas por las organizaciones sociales, ya que las características de estás determinan un constructo teórico, que determina la lógica de la privatización del agua bajo las características y condiciones de modo, tiempo y lugar impuestas a partir de 1992 en México, cuando se permitió que particulares y sociedades mercantiles sean titulares de Derechos de Agua que originariamente no poseía pero, que pueden adquirir mediante una simple transacción de compra-venta”.
La Asociación de Usuarios con Fines Agropecuarios del Distrito de Riego 066 posee una concesión global de 170 mil millares de metros cúbicos. Actualmente es dirigida por José Córdova Urrutia ligado al Grupo Comondú, hermano del hasta hace poco unas semanas secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario. En entrevista, el presidente calificó a su asociación como abierta al cuestionarlo sobre el acaparamiento de estas familias, aunque algunas como la de Covarrubias oscila en las 33 concesiones.
Lo cierto que al contexto debe agregarse la presencia ahora de empresa esparragueras y paperas que rentan ranchos y se suman al mercado de transferencias de agua del Valle de Santo Domingo de un acuífero con un déficit de 30 millones de metros cúbicos que no alcanzan porque existe una recarga de 146 millones y se concesionaron 176 millones de metros cúbicos conforme a datos de Conagua.
1973
“La lucha, no se olvida”
Lo ocurrido en 1973 solo fue el preámbulo por un recurso alarmantemente escaso en la región. Con el tiempo la gente que marchó obtuvo un pedazo de tierra y un poco de agua para sembrar. La muerte de sus compañeros no se olvidó. Cada año era motivo de una conmemoración en esos 14 pilares que sostienen lo que hoy ellos y ellas son. “Por la sangre que derramaron esos compas tenemos ejido”, resaltó nostálgico el colaborador, quien insistió en que solo buscaban comer a gusto. Vivir bien. A tantos años para él la revolución no ha terminado.
Lo que hoy experimenta el campo comundeño es una sobreexplotación permitida mediante un esquema neoliberal de transferencias que es legal, pero que raya en la inmoralidad total en un desierto azotada por los agroexportadores y familias de pioneros que desde su llegada al valle desde Guadalajara o Sinaloa acapararon toda el agua, pero esto será motivo de otra entrega.
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