La reforma al Poder Judicial es un esperpento de consecuencias inconmensurables. Ha sido, desde el origen, un bodrio digno de una película de terror o de un cuadro surrealista que haría sonreír a Salvador Dalí, con el debido respeto que merece este gran pintor.
Y no ha parado, sino que continúa a pasos acelerados. No contentos con haber desmantelado a uno de los poderes de la República, el régimen obradorista habría iniciado, según ha sido reportado por Animal Político y otros medios de comunicación y presentadores, una cacería de brujas contra los jueces de amparo que emitieron resoluciones que buscaban suspender la reforma.
Se trata, en particular, de dos jueces, uno sito en Michoacán y otra en Jalisco. (He decidido omitir sus nombres en el ánimo de evitar una mayor exposición en los medios y por el hecho mismo de que los nombres de las personas juzgadoras no deben, en teoría, ser del dominio público)
Según ha trascendido, la Fiscalía General de la República habría abierto carpetas de investigación contra estos miembros del Poder Judicial. La sospecha ha sido confirmada por miembros del propio Consejo de la Judicatura Federal. De confirmarse, sería un atentado contra la integridad e independencia de estos jueces, así como un acto atroz y cobarde por parte del Estado mexicano.
El régimen argumenta con maña que estos abogados violaron la ley al intentar suspender una reforma de carácter electoral. Sin embargo, lo que no se ha dicho suficiente es que las suspensiones emitidas, si bien habrían contenido algo de contenido fuera de su ámbito competencial, sí que presentaban elementos jurídicos propios de sus facultades tales como el respeto de los derechos laborales de los jueces cesados en la tómbola, o bien, argumentos relacionados con la contravención de la Constitución en materia de división de poderes.
Conviene recordar que ha sido la Suprema Corte la que ordenó a los jueces, la semana pasada, revisar sus sentencias y eliminar, si procede, eliminar cualquier argumento en materia electoral.
En todo caso, una posible embestida penal contra estos jueces no sería otra cosa más que un componente adicional de un nuevo régimen decidido a destruir a la democracia constitucional, a sembrar el caso judicial y a llevar a México hacia escenarios escalofriantes en materia de respeto al orden legal.