Treinta años después y en el contexto candente de la temporada electoral, la Fiscalía General de la República reconstruye la teoría del Caso Colosio y vincula a Genaro García Luna, acusando que el juez Jesús Alberto Chávez Hernández transgredió los principios obligatorios de valoración y análisis en los cuales, existen indicios suficientes contra Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como partícipe en el magnicidio en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California.
José Antonio Sánchez era el responsable de cuidar y acompañar a Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero a pesar de no tener permitida portación de armas, dio positivo a la prueba de Harrison (Rodizonato de sodio) que verifica la presencia de pólvora en las manos y determina si es que una persona accionó un arma.
La FGR acusa que fue liberado en “evidente encubrimiento delictivo”, cuando el ahora preso Genaro García Luna era subdirector Operativo del Cisen, años antes de ser nombrado como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
El señalamiento no es nuevo y la existencia de documentos que revelan a un agente del servicio de inteligencia del CISEN como posible responsable de disparar el arma que terminó con la vida de Luis Donaldo Colosio ha sido uno de los principales indicios que sostienen la vieja teoría del crimen de Estado. José Antonio Sánchez habría sido el segundo responsable, bajo una acusación que desde el inicio fue desechada a pesar del rastro que fue hallado en sus manos: no hubo duda que accionó un arma. Así lo respalda y confirma con un recuento de periodistas que previamente lo afirmaron Laura Sánchez Ley:
En un comunicado, la FGR sostiene que el presunto asesino 2 fue rescatado por Genaro García Luna quien le ayudó a salir de Tijuana. Las pruebas que presenta son rastros de sangre de Colosio en la ropa de Antonio Sánchez, periciales y testimonios que señalan a Antonio Sánchez en el lugar de los hechos en el momento de los disparos, contradiciendo la afirmación de que ayudó a transportar a la víctima.
Traerlo a colación demuestra, por una parte, que la Fiscalía General de la República ha determinado abandonar las crisis que aquejan y azotan en el presente, como la crisis por desapariciones forzadas, el avance del crimen organizado en todo el país, el control de actividades productivas por grupos delictivos como la agricultura, siembra y cosecha de jitomate, cebolla, limón, aguacate, etcétera. Su personal, recursos, equipo y atención ha determinado enfocarse en resolver aquello que podrá agitar avisperos y en todo caso, elevar la duda sobre la participación de Mario Aburto, influenciando su liberación que en contraste, fue impugnada por la misma Fiscalía.
Es, al mismo tiempo, una declaración de incompetencia que permite dudar totalmente de la supuesta “autonomía” que la nueva denominación tuvo como promesa con la reforma a la antigua Procuraduría. ¿Por qué ahora? ¿Con qué alcance? ¿Cuál es la finalidad?
Posiblemente, sea útil para efectos de construir narrativas mediáticas y de comunicación de contraste, tratando de señalar que contrario a quienes acusan una dictadura, en este gobierno no hay magnicidios o algo por el estilo. La realidad, es que la simple instrumentalización de uno de los episodios más lamentables de la vida democrática nacional es terrible. Peor si se mira al crisol de todos los casos no resueltos y todos los fracasos ante el Poder Judicial que acumula la Fiscalía. De la teoría del segundo tirador no es factible esperar ni siquiera media condena, a lo mucho, permitirá revalorar el caso de Mario Aburto cuya condena pende de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva.
La pregunta es qué expectativas reales podemos esperar de la Fiscalía, qué datos de prueba sostendrán esta nueva teoría del caso y qué alcances hacia los autores intelectuales podría implicar, que en todo caso, sería lo verdaderamente relevante para el país. La gran duda no solo tiene que ver con el tiempo que ha pasado para perseguir el delito ni con la acusación de encubrimiento que para actualizarse, depende de la validez de una acusación en contra de aquel segundo tirador. Principalmente, se refiere a la capacidad de la Fiscalía para sostener esta versión, pues pareciera inaudito que, ante casos mucho más recientes, en los que existen evidencias de sobra respaldadas por tecnología e inteligencia mucho más avanzada que la de 1994, los asuntos se han caído por su incapacidad pericial, argumentativa, procesal y formal. Como por ejemplo, la Estafa Maestra, Ayotzinapa, Emilio Lozoya y un largo etcétera.
HABLANDO DE VALIDEZ PROBATORIA… Se destaca que el video que registra el primer disparo solo muestra al primer tirador y no al segundo, cuya ubicación no es visible en las imágenes. La FGR afirma que no hay ningún video dirigido hacia el área donde se encontraba el segundo tirador, lo que imposibilita que esta prueba favorezca al acusado. Sin embargo, la manera en que se han ventilado los datos sin acusación formal, prácticamente es cartucho quemado.
Como una Fiscalía sin función persecutoria porque decidió dejar en las manos de la opinión pública la carga de sancionar y pronunciarse sobre la culpabilidad en vez de que sea un Juez.
En otro contexto, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que indulte a Mario Aburto, homicida confeso de su padre de los tiempos en que la confesión, aunque fuera con tortura, era válida. Quiere sanar, tanto a su familia como a México y sembrar reconciliación. Colosio Riojas es un favorito presidencial para 2030 que considera que el caso ha sido manipulado políticamente y aboga por el indulto justo mientras la Suprema Corte está revisando la petición de la FGR para examinar la liberación de Aburto Martínez, quien podría recuperar su libertad en marzo de 2024. Posiblemente, no fue tan buena idea revivir la persecución de un asunto que se erige como monumento a la falta de verdad.
Tan disfuncional el sistema de procuración de justicia que permite distracciones con poco futuro mientras olvida los temas más complejos que hacen temblar a las familias de hoy, esos que no son simbólicos para la historia nacional pero que si rompen miles de historias familiares. A los padres de los desaparecidos deberían comunicarles que, con suerte, en tres décadas se revisarán sus asuntos pues hay fila, pero están avanzando.