Encuentro dosis elevadas de racismo, idiotismo y machismo en el escrito de Héctor Aguilar Camín ‘Disciplinadores judiciales’. Es un libelo que desprestigia a su autor.
Es machista esa columna publicada en Milenio este viernes 6 de junio —“Los disciplinadores judiciales”— porque Aguilar Camín, al utilizar la palabra disciplinadores y no disciplinadoras, da a entender que solo habrá hombres, o más hombres que mujeres, en el Tribunal de Disciplina Judicial.
La realidad es otra. Al nuevo tribunal lo integrarán tres mujeres —Celia Maya García, Verónica de Gyves Zárate e Indira García Pérez— y dos hombres —Bernardo Bátiz y Vázquez y Rufino H León Tovar—.
No es algo que Aguilar Camín ignore —se trata de un hecho de sobra conocido—. Simple y sencillamente él es macho y escribe como macho, y que se jodan las profesiones dominadas por mujeres, como la de reciente creación en México, disciplinadoras judiciales.
Hay idiotismo, esto es, ignorancia en el escrito de Aguilar Camín porque no subraya lo relevante del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: tienen capacidad más que reconocida sus integrantes. Estoy al tanto de las trayectorias, destacadísimas, de tres de tales juristas, Celia Maya García, Verónica de Gyves Zárate y Bernardo Bátiz y Vázquez, quienes invariablemente se han conducido con profesionalismo y, sobre todo, con honestidad. Es dable suponer que las otras personas que llegarán al mencionado tribunal poseen perfiles similares.
Y es racista la columna del colaborador más probo de Milenio —imaginemos la calidad ética del resto del equipo de comentócratas de ese diario— porque sin venir al caso se burla de mujeres indígenas “formadas para votar, descalzas” que acudieron a las urnas el pasado domingo.
¿Por qué era necesario el Tribunal de Disciplina Judicial?
Ayer, en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, comentaron un caso de abuso judicial que me llamó la atención. Consulté a un experto que conoce ese asunto y le pedí detalles del mismo. Me envió tal abogado el escrito “Extorsión disfrazada de justicia: El caso Philips y la urgencia de un Poder Judicial íntegro en México”. Lo que sigue es del especialista en derecho que me hizo el favor de informarme:
En un México que debate una profunda transformación de su sistema de impartición de justicia, el caso de Philips México resuena como una alarma estridente. Mientras la ciudadanía y el sector productivo anhelan un entorno de certidumbre y piso parejo, este conflicto subraya con crudeza los vicios que aún persisten y cómo el andamiaje legal puede ser torcido hasta convertirse en un instrumento de coacción, un claro intento de extorsión que amenaza la confianza y la inversión.
El conflicto que enfrenta Philips México con su exsocio distribuidor, Healthcare Systems, no es, como se ha querido presentar maliciosamente, una cuestión relacionada con la calidad de sus productos —equipos médicos de alta confiabilidad que son fundamentales en el sector salud—. Se trata, en esencia, de una disputa comercial pura y dura. La multinacional, tras documentar que Healthcare Systems no cumplía con rigurosos estándares éticos, decidió no renovar su certificación en 2024.
La respuesta de Healthcare Systems —asesorada ni más ni menos que por Eduardo Fuentes, el mismo que lleva el caso de Emilio Lozoya— fue una embestida mediática para dañar la reputación de la empresa neerlandesa. Esta ofensiva, lejos de buscar una resolución justa, pareció orquestada como una represalia y una herramienta de presión que pronto escaló hasta la detención arbitraria de Marc Duocastella, director general de Philips México, y el congelamiento de activos de la compañía, completamente ajenos a la controversia contractual. Afortunadamente, un juez de control revirtió posteriormente la detención, confirmando la absoluta inocencia del ejecutivo que había sido injustamente detenido, evidenciando un proceso legal viciado de origen.
El expediente del caso es un catálogo de irregularidades procesales que apuntan a un uso indebido del poder judicial: acusaciones falsas de supuesta desobediencia judicial, atropello al debido proceso, maniobras intimidatorias, carencia de competencia territorial por parte del juez de la causa, etcétera.
Paralelamente a estas artimañas judiciales, Healthcare Systems emprendió una campaña mediática para engañar a la opinión pública y a los medios, presentando el conflicto como si estuviera vinculado a la calidad de los productos Philips. El objetivo era simple: empañar la reputación de la empresa como medida de extorsión, para forzar un arreglo económico favorable, una táctica de presión que Philips denunció oficialmente el 22 de mayo de 2025 como una ‘campaña de represalia y desprestigio’.
Este tipo de acciones, donde la justicia se pervierte y se utiliza como arma en disputas comerciales, genera una profunda desconfianza. No solo perjudica la imagen de una compañía con 85 años de trayectoria y compromiso con la salud en México, sino que proyecta una sombra de incertidumbre sobre el estado de derecho en el país. En un contexto de revisión del T-MEC y la necesidad imperante de atraer y retener inversiones, estos episodios de aparente extorsión judicializada pueden acarrear costos diplomáticos y económicos significativos.
El caso Philips es un llamado urgente a la acción. México requiere, hoy más que nunca, un sistema de justicia transparente, profesional, eficiente y, sobre todo, inmune a los intereses particulares y a las tácticas de intimidación. Si no se actúa con firmeza para erradicar estas prácticas, donde el litigio se convierte en una herramienta de extorsión, no solo perderá una empresa; perderá México la oportunidad de consolidarse como un destino confiable para la inversión y el desarrollo.
El Tribunal de Disciplina Judicial ha sido diseñado, precisamente, para sancionar abusos como el del caso Philips, que no son la excepción, sino la norma en no pocas entidades federativas.