Este fin de semana, dos encuestadores de Morena fueron asesinados después de ser secuestrados en el límite entre Chiapas y Tabasco. Los días de fuego que han mantenido a los menores sin clases durante dos semanas en medio de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ahora cobran las vidas de aquellos que en el campo hacen posible conocer la política desde sus bases. Los encuestadores originarios de Jalapa, Veracruz, fueron encontrados atados, torturados y con la firma del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que Adrián Cid Pérez continúa desaparecido.
En Chiapas, el fuego no solo existe entre los cárteles; además, las Comunidades Autónomas se han defendido a modo de autodefensas. Estas dos realidades paralelas parecían no tocarse: mítines, propaganda, espectaculares, la promesa de continuidad y los aires triunfantes de la Cuarta Transformación, mientras que el toque de queda autoimpuesto mantenía las calles vacías. Zacatecas vivió un caso similar hace menos de una semana, cuando jóvenes fueron secuestrados durante un convivio familiar, y solo uno regresó con vida. Semanas antes fue Jalisco. Hoy, la realidad alcanzó a la política y a la vida partidista.
Tan doloroso como condenable, este suceso plantea varios puntos de análisis. El primero es que no toda la narco-violencia tiene como saldo un “ajuste de cuentas” ni son actos que “se generan entre ellos”. Se trata de un poder fáctico que ha tomado como rehén a la sociedad civil y a comunidades enteras, paralizando incluso al partido del que emana el presidente.
Este crimen nos permite vislumbrar lo que sucede con aquellos que, por trabajo, deben realizar la labor ardua de visitar casa por casa, incluso en lugares a los que los candidatos no llegan: encuestadores, funcionarios de los institutos electorales, brigadistas, entre otros.
Desde las redes sociales de “Encuestadores de México”, se ha hablado de casos sobre los que nadie menciona: Michoacán, con 11 encuestadores secuestrados, de los cuales solo 7 regresaron con vida; Reynosa, Tamaulipas, donde un encuestador de una reconocida empresa fue secuestrado y quedó en calidad de “desaparecido”, y su empleador ni siquiera lo buscó ni apoyó a la familia ni nada.
La realidad violenta podría impactar directamente en la democracia, que invita a los ciudadanos a brindar apoyo a sus candidatos favoritos para coordinar “Comités de Defensa de la Transformación”. El mensaje que se envía de cara a 2024 es que existen comunidades donde el derecho a la libre elección se ha convertido en un privilegio de difícil alcance. Habrá lugares donde no se pueda expresar si se busca la continuidad de la 4T porque los ciudadanos estarán más preocupados por continuar con vida.
Se dice que la disputa busca controlar todo el tráfico de drogas que se envía a Guatemala a través de la frontera sur. Aquel país ha endurecido la vigilancia tratando de evitarlo, pero se ve afectado por los combates diarios que se viven. También se menciona el fentanilo, su producción y expansión hacia América Latina, la instalación de laboratorios clandestinos en medio de la selva y el despojo a los habitantes que se niegan a perder sus tierras; están siendo asesinados por oponerse a que en sus espacios se produzcan drogas sintéticas. La escasa información disponible es reportada por periódicos comunitarios de forma anónima, ya que no se ha podido garantizar una cobertura segura a la prensa. Ni siquiera las autoridades se atreven a cruzar hacia Comalapa, donde hay cobro de piso.
Hace cuatro días, el presidente habló sobre el restablecimiento de la energía eléctrica en Frontera Comalapa, invitando a volver a la normalidad tras los bloqueos; hoy, el abandono se revierte. A pesar de que 500 elementos de la Guardia Nacional y el ejército visitaron el lugar y recuperaron el espacio en pocas horas, la realidad es que durante semanas la clase política ha olvidado la violencia que azota al país, enfocándose en encontrar Coordinadores, definir opositores, descubrir plagios o buscar actas de nacimiento esperando atacar. Este domingo, la realidad despertó a Morena y, con ello, también le recordó al país que las elecciones de 2024 podrían ser aún más violentas de lo que han sido anteriormente.
Los hechos son que, durante la madrugada, cerca de las 6 am, un comando armado ingresó al Hotel San Benito de Juárez y se llevó a 5 encuestadores. Dos mujeres fueron entregadas en un mercado. José Luis Jiménez y Christian Landa Sánchez fueron ejecutados con signos de tortura a 43 kilómetros de donde fueron secuestrados, y Adrián Cid permanece secuestrado en la zona norte del estado de Chiapas. En el municipio de Estación Juárez, ubicado en los límites de Chiapas con Tabasco, donde grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio.
Estación Juárez es un municipio al norte de esa entidad y representa un cruce obligatorio para los migrantes; es parte de los límites de Chiapas con Tabasco, donde los grupos del crimen organizado disputan también el tráfico de personas y la plaza. Antes de su llegada, hubo enfrentamientos y las noticias sobre desaparecidos en la zona se han vuelto dolorosamente cotidianas. La exigencia de justicia debería alcanzar, además de a los encuestadores de Morena, a todos aquellos que han caído en estos enfrentamientos, en su mayoría jóvenes. Los secuestros, levantones, tortura, desapariciones, terror, asaltos, cobro de piso, despojo de tierras y, principalmente, la pedagogía del miedo, deben cesar. Ninguna democracia puede prosperar mientras los habitantes de estos lugares vivan con miedo o mueran en realidad. Ninguna encuesta es representativa si es que a sus entidades nadie pudo entrar. Ningún trabajo ni una militancia vale la vida. Si no hay garantías de vivir, no puede haber proceso democrático. Sin paz no hay democracia ni libertad.
Descansen en paz.