El hermoso estado de Chiapas gradualmente va siendo nuevamente escenario de una acentuada conflictividad, que como no podía ser de otra manera, y acorde al contexto nacional, regional e internacional, tiene hoy un nuevo eje estratégico que determina los términos de la conflictividad y la violencia actual: la batalla territorial, que es la batalla por las rutas de los cargamentos de drogas prohibidas, la masa de dinero proveniente de ellas, los posicionamientos tácticos sobre el entorno, el control de recursos naturales y bienes públicos que coadyuvan a la actividad delictiva, el sometimiento de comunidades indefensas, incluso, el control de territorios para los negocios lícitos en que participan de manera amplia las organizaciones territoriales, como la tala de árboles y la venta de madera, la pesca, la comercialización de ganado, y otros. Por todo ello, lo que parecía un pronunciado semi vacío de autoridad, gradualmente también, empieza a llenarse con nuevos actores, y en ello la Guardia Nacional, juega un rol determinante.
En los años 90 el conflicto con la guerrilla indígena-campesina del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los primeros años del presente siglo, fueron un eje de conflictividad predominante. No obstante, nunca desaparecieron los desencuentros, incluso violentos, entre comunidades agrarias que reclamaban ciertas extensiones de tierra como propias, aunque el conflicto se presentaba con un ropaje de luchas por profesiones religiosas encontradas. Esto ha ido cediendo en el nivel de confrontaciones. Mucho se afirmó, de igual manera, sobre los grupos paramilitares armados por instancias federales, se habló directamente del ejército, como primera línea de confrontación, tanto con la guerrilla, como con las comunidades agrarias que la apoyaban fuera de la selva lacandona, y que intervinieron en disputas armadas, con saldos de varios muertos o masacrados. La más luctuosamente memorable es la masacre de Acteal. Por cierto, nunca aclarada judicialmente en forma completa.
Hubo otra intervención armada en el sureste de México, concretamente en Chiapas: la de las organizaciones Mara de El Salvador, presentes y delinquiendo en su trayecto desde pandillas criminales, que extorsionaban y secuestraban, actuando primero como proto estructuras transnacionales débilmente ligadas al tráfico de estupefacientes prohibidos y al lavado de dinero, que crecieron exponencialmente en ambos rubros típicos de las estructuras transnacionales del delito, hasta un par de años antes, no sólo por la tremenda embestida a dichas organizaciones delictivas por el gobierno de El Salvador, sino también, de las propias macro estructuras criminales de origen mexicano que se impusieron en la región.
En suma, dos macro conflictos sociopolíticos con expresiones armadas, una problemática delictiva regional, y cuatro distintos actores armados movilizados. En medio de ambos, la iglesia católica impotente, aunque con valerosos clérigos, movilizados para ayudar a aminorar la tensión y muerte que los choques producían.
Hoy la realidad ha cambiado en forma sustancial. Ha quedado vigente la problemática criminal de tráfico de drogas, disputas por las rutas, grupos armados subordinados, etc., lo cual sobre determina la dinámica de los acontecimientos. Centroamérica tiene entrada y salida al Mar Caribe, al Pacífico y al Atlántico, es extremadamente importante, estratégica, para el tráfico náutico de estupefacientes, porque ello se combina, con una fuerte debilidad de la organización y funcionamiento de los Estados de la zona. En El Salvador se ha modificado este factor, que define la conflictiva criminal, pero aún no se siente a escala.
El empoderamiento sin precedentes del crimen trasnacional organizado en México, su trascendencia allende nuestras fronteras y de la región continental, así como, la supremacía de dos de las estructuras criminales prexistentes, hoy enfrentadas por el control y liderazgo de todo el orden social criminal de facto construido a lo largo y ancho del territorio de nuestra república, a saber, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), han incorporado en esa disputa sin tregua, también a Chiapas (no hoy, desde hace algunos años) y a todo el territorio continental de las américas. Aunque también se registra presencia de otras organizaciones grandes con asiente preferente en México: Cártel del Golfo.
Centroamérica es específico, es una zona especial en disputa, en el istmo centroamericano se conjunta su relevancia para el tráfico regional de estupefacientes prohibidos, así como una severa desarticulación institucional, estados débiles -más relativa para el caso de Costa Rica, pero sin ejército profesional- que conecta el sur con el norte y le da enorme trascendencia geopolítica, para cuyo control, desde México, es fundamental el estado de Chiapas, más el amplio cuerpo de células criminales de cada organización -de las dos más grandes estructuras del crimen globalizado- en cada uno de los países de la región.
Es decir, la existencia de poderes fácticos muy poderosos y paralelos al poder del Estado, cuya característica especial, es que constituyen parte de la extensión del poder logrado en México por organizaciones como el CJNG y el CDS y aliados locales o regionales, como los Urabeños o los Cachiros, etc. (https://globalinitiative.net/)
Un territorio continental y marítimo que es zona de seguridad nacional para los gobiernos de la misma y para México muy en particular, porque es la entrada a todo el sureste del país, al Caribe mexicano, al Golfo de México y al propio Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hoy escenario de un megaproyecto de desarrollo con la construcción del Tren Interoceánico, al cual se le han invertido ya miles de millones de dólares americanos. Proyecto, también estratégico para el Estado mexicano. Todo eso es Centroamérica hoy, y su territorio continental mayor como es el estado de Chiapas.
El aparente o relativo vacío de Estado que posibilitó el posicionamiento en Chiapas de las dos más grandes macro organizaciones criminales mexicanas, se ha empezado a erosionar porque la fuerza federal entró ya abiertamente en la disputa por el control del territorio: el miércoles 16 de junio, hubo un choque armado entre ella y grupos pertenecientes al crimen transnacional en el municipio de Patheló, Chiapas, en la comunidad de San Vicente, en un combate de 4 horas de duración, en el cual hubo tres muertos del bando adversario.
Conforme al testimonio de los habitantes de la comunidad, la Guardia Nacional entró a la localidad para tomar el control del territorio y proteger a la población, dado que los grupos armados delictivos habían atacado varias viviendas. En el combate perdió la vida un supuesto líder criminal de nombre Javier Velasco, apodado el “Jefe Machete” y otro de nombre Daniel López, apodado el “Comandante Machete”. Tales ataques se reportaron también en las comunidades El Encanto Chixté y La Esperanza, ambos situados en el municipio de Chenalhó. En días anteriores, murieron habitantes en el municipio de Pantheló. Es evidente el terrorismo, la violencia social, usada contra la población indefensa, como medio de amedrentamiento de la población para lograr su control y obediencia total, su colaboración criminal. (Milenio, 06/08/24) Hay una práctica repetitiva del crimen organizado de esta táctica. Pero también, ofreciendo hasta 30,000 pesos de sueldo para reclutar sicarios.
Los ataques a la población civil, desde luego, aceleraron e hicieron imprescindible la presencia y acción de las fuerzas federales para protegerla. Del ataque reportado a Pantheló, en donde murieron cinco personas integrantes de una familia, el ejército detuvo a tres individuos presuntamente responsables del ataque. Los habitantes, como recurso extremo de defensa, abandonaron la localidad, quedando sólo aproximadamente, el 30% de la población total. (Milenio, junio, 2024)
En tal localidad indígena, también hubo enfrentamientos armados. No parece haber por el momento otra forma de defensa social, ante las muertes y el desplazamiento forzado. Se requerirá también, la presencia militar prolongada en la zona. Porque toda la dinámica de violencia está determinada por los procesos criminales. Incluso en los últimos días de la campaña presidencial y demás, hubo ataques a candidatos, que sumaron 15 muertos, informó La Jornada, en los municipios de Rincón Chamula, Mapastepec, la Concordia y Villa Corzo, todas localidades-rutas de la droga prohibida y paso de inmigrantes desde Centroamérica, en ello, el centro de los ataques fueron los candidatos del partido gobernante, Morena. Esto es más coyuntural, la parte criminal es cada vez más una parte de orden estructural.
Continuaremos.