El Buen Fin es una iniciativa comercial que busca reactivar la economía nacional, la cual se ha visto afectada a lo largo de la pandemia y que a través de descuentos, facilidades de pago y formas accesibles de bienes y servicios, es que se pretende lograr el objetivo.
Según datos de la Profeco, el 51.85% de las compras correspondientes a esta edición del Buen Fin han sido en línea. Lo anterior, no debe sorprendernos en un mundo altamente tecnológico y digital como el que habitamos, y menos si consideramos la facilidad que representa esta modalidad de consumo y que el temor a los contagios por COVID-19 debido a las aglomeraciones aún nos aconseja prudencia.
El que más de la mitad de las compras y los correspondientes recursos económicos involucrados se realicen y fluyan por lo digital, no solo facilita las cosas para las personas consumidoras, sino que implica la necesidad de que las y los proveedores de servicios e instituciones financieras se ocupen en avanzar en estas plataformas que les permiten conectar su oferta con la demanda de forma segura.
Sin embargo, es preciso que todas y todos entendamos que tal avance y desarrollo, que claramente se han dado para poder llegar a las mencionadas cifras, no solo deben ocurrir por el lado de la publicidad o la mejora y actualización de plataformas e interfaces que les permitan aumentar el número de transacciones.
Me parece que hay varias líneas de acción, sobre todo en aquellas donde las empresas e instituciones financieras asuman responsabilidad y liderazgo. Pues ellas confluyen en la necesaria seguridad personal y transaccional que requiere el comercio digital para continuar su avance y la expansión de sus alcances.
Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad podría mejorar en lo relativo a la protección de los datos personales de la gente, de su privacidad e intimidad; porque justamente, por la falta de blindaje contra el uso indebido de datos, es que surgen fraudes, robos de identidad e incluso, ataques mayores a la seguridad y la vida de las personas.
De igual forma, empresas e instituciones financieras deben trabajar en todo momento, y más en este tipo de eventos comerciales, en la dotación de información precisa y oportuna a las personas, así como en la construcción de sistemas y redes inaccesibles a entes suplantadores de identidades o sistemas sustractores de información, ello para disminuir la posibilidad de fraudes electrónicos en detrimento del patrimonio de la gente. Máxime, en un contexto en el que el consumo se ha visto afectado por la pandemia, el desempleo, la falta de certidumbre, la inactividad económica generalizada y otros factores que hacen necesario cuidar aún más el gasto y el patrimonio familiar.
A las personas nos toca informarnos, comparar opciones, ser cautas con nuestros datos y cuidadosas con nuestros recursos, pero a las empresas, comercios e instituciones corresponde vigilar que se cumplan los principios y las medidas ciberseguras en materia de protección de datos personales y de privacidad.