“Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho La Vestida, me ha dicho mandilón…”
Francisco Labastida Ochoa
“… Vicente Fox ejerció violencia política de género en mi contra, así lo determinó por unanimidad el TEPJF. Para reparar el daño deberá pagar una multa, deberá disculparse públicamente conmigo, estará inscrito en un Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género y queda cancelada su candidatura presidencial”. Es una cita de Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI en el 2000. Bueno, la primera parte, la segunda afortunadamente no. ¿Se imaginan a un político utilizando las instituciones del Estado para callar a su principal opositor? ¿Suspender su candidatura presidencial porque se sintió insultado? ¿Inscribirlo en una lista negra?
Libertad y democracia
La del 2000 fue la primera elección presidencial realmente democrática que tuvimos, sin embargo, aún con nuestra democracia en pañales, un escenario así nos habría parecido inaceptable.
La de expresión y de pensamiento son dos libertades fundamentales para la democracia porque entre otras cosas, permiten que la prensa, la ciudadanía y la oposición sean un fuerte contrapeso del poder. Es por ello que nuestra Constitución, sus leyes y quienes las interpretan garantizaban el derecho de decir sus verdades al poder.
Opositores gritándole “¡Cállate chachalaca!” a un presidente, reporteros inventando rumores sobre el alcoholismo de otro o todo el país riéndonos del deficiente inglés del primer mandatario. En fin, todo como debe de ser, sin que ninguno pudiera llegar con una orden judicial a callarnos por herir sus sentimientos o dañar sus aspiraciones políticas.
Pero no solo son chistes burdos (incluso rayando en el mal gusto) lo que protegen estas libertades, se trata de investigaciones periodísticas como la que destapó el escándalo de la Casa Blanca o la Estafa Maestra. Aunque muchas veces el impacto de un buen chiste, un cartón periodístico preciso, una frase pegajosa o una pregunta incómoda, son lo que hace flaquear al gobernante. La crítica oportuna mueve masas, opiniones y hasta determina elecciones. Bien utilizada, la pluma es más poderosa que la espada. Mal utilizada queda como un mal chiste o un insulto grotesco. En cualquier caso, la decisión de si es lo uno o lo otro, jamás debería quedar sometido al juicio subjetivo de un burócrata o en la capacidad de un juez de aplicar una ley castrante.
Violencia política
La semana pasada el TEPJF determinó que Denise Dresser ejerció Violencia Política de Género en contra de la diputada Andrea Chávez. ¿Su crimen? Hacer referencia al rumor de su noviazgo con el exsecretario de Gobernación. La politóloga deberá pagar una multa, se deberá disculpar públicamente y deberá registrarse en una lista negra (esto no es parodia como arriba).
Con la bandera de la igualdad de género y una percepción completamente distorsionada de la realidad, ahora existe una ley que al ser aplicada obliga al Tribunal a sentar precedentes peligrosos con sentencias completamente innecesarias y una diputada que utilizó a los activistas que tenemos como magistrados para darle un mazazo a una ciudadana que le incomoda. ¿Qué va a pasar a partir del año que entra?
Es casi un hecho que en 2024 México por primera vez en su historia tendrá como presidente de la República a una mujer. ¿Qué va a pasar cuando un periodista acuse a la presidenta Claudia Sheinbaum de recibir instrucciones de López Obrador? ¿La estará acusando de subordinarse a un hombre por ser mujer? ¿Se considerará violencia política de género y se impondrá multa, disculpa pública y censura de la publicación? ¿Qué va a pasar cuando un diputado de Morena acuse a la presidenta Xóchitl Gálvez de ser un títere de Claudio X. González? ¿La estará acusando de subordinarse a un hombre por ser mujer? Violencia política de género, multa, disculpa pública... ¿suspensión del cargo?
Y ¿por qué esperar hasta 2024? Tal vez “dañar la investidura presidencial” debería ser sancionado y de una vez agreguemos “hablar mal de la Cuarta Transformación” o “de la vida pública del país”.
La función social de los medios
La función social del periodismo y del humor de los “moneros” es precisamente incomodar al poder (los que están para apapacharlo se llaman arlequines). El poder judicial tiene que recordar que su función es la protección de las garantías fundamentales y dejar de pretender dar lecciones de modales (de imponer sus modales) a un pueblo que ven como primitivo desde el pedestal moral en que se constituyeron.
Los derechos fundamentales del libre pensamiento y libre expresión han sido coartados y ponen en peligro los fundamentos democráticos del país para pasar sin escalas a una dictadura, donde ya nadie pueda expresar lo que piensa y si lo hace, ser brutalmente reprimido.
Por eso, quieren colocar a los incondicionales en la SCJN, por eso quieren someter al legislativo, para crear leyes como la que ya ha sido aplicada a la periodista Denise Dresser y que el presidente no tenga límites ni rinda cuentas y ni haya ley que le aplique.
X: @diaz_manuel