La humanidad enfrenta una crisis profunda en la definición sobre qué es la propia humanidad. Prueba de ello es que palabras como “inmigrante” han creado una categoría paralela que deshumaniza a los que cuentan con aparente humanidad. ¿Qué hace que un ser sea legal y otro no? En principio, podría decirse que la nacionalidad, la forma de ingreso a un país y el estatus legal de permanencia. Sin embargo, la narrativa de Donald Trump ha hecho que sus seguidores vayan más lejos pues no basta el contenido de documentos, menos bastará la historia de padres que pudieron arribar a los Estados Unidos o de turistas que puedan tener una estancia temporal. Portar rostro que levante sospechas de ser inmigrante podría ser suficiente para amerizar una detención.
En Arizona, los legisladores estatales vuelven a ensayar una vieja melodía: el combate a la migración indocumentada, comenzando por la apariencia. Ahora, de la mano del presidente del Senado estatal, el republicano Warren Petersen, se pretende formalizar un nuevo capítulo de persecución con la propuesta de la llamada “Ley ICE de AZ”. Esta legislación obligaría a los departamentos de Policía y al Departamento de Correccionales a firmar acuerdos con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo el programa federal 287(g), un esquema que convierte a los agentes locales en extensiones del aparato migratorio federal.
La narrativa detrás de esta ley es predecible: “proteger a nuestros ciudadanos”. Eso declaró Petersen al anunciar su iniciativa, que busca –en sus palabras– acabar con la crisis en la frontera al unificar esfuerzos entre gobiernos federal y estatal. Sin embargo, tras el disfraz de colaboración y seguridad se oculta un rostro mucho más oscuro: el de la criminalización del color de piel, del acento, de la mirada. La única estética legal y permitida será la de pieles blancas, cabellos rubios y ojos claros. Ni siquiera las personas afrodescendientes tienen garantías de que estas disposiciones afectarán únicamente a latinos o mexicanos.
El programa 287(g) no es nuevo, y tampoco lo son sus efectos devastadores. Durante años, este esquema ha generado denuncias por racismo institucionalizado, perfilamiento racial y abusos de poder por parte de fuerzas policiales locales. En manos de alguaciles que reciben el poder de detener a cualquiera que “sospechen” de ser migrante indocumentado, la simple existencia de un rostro no blanco se convierte en delito. Agregando que existen negociaciones que podrían formalizarse pronto en las que se incluye el uso de Facebook e inteligencia artificial para la predicción algorítmica de migrantes, tanto para quienes interactúen digitalmente con perfiles que usen el español como idioma principal como para identificar rostros racialmente no estadounidenses, o sea, que la persecución migrante podría ser azuzada con el uso de redes sociales, utilizando la información que los propios usuarios brindan o intercambian entre si, incluyendo conversaciones, grupos de Facebook, pláticas de WhatsApp, etc. Añadiendo que estas plataformas, en gran medida, tienen acceso a la localización en tiempo real, a la identificación facial y a los datos biométricos.
Lo que Petersen y sus aliados ignoran deliberadamente es el impacto humano de estas leyes. No se trata solo de cifras ni de políticas, sino de familias separadas, comunidades aterrorizadas y derechos humanos pisoteados. Bajo el amparo de la “Ley ICE de AZ”, cualquier detención rutinaria puede convertirse en una sentencia de deportación, despojando a individuos de su derecho al debido proceso y sometiéndolos a una maquinaria burocrática que no distingue entre un trabajador que construyó el sueño americano y el estereotipo del “criminal migrante” que tanto gusta invocar a la derecha estadounidense.
Además, la ley estatal 314, aprobada en noviembre, ya permite el arresto y encarcelamiento de migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular. La asociación estatal de alguaciles no ha perdido tiempo y ha solicitado 50 millones de dólares adicionales para financiar esta cruzada. ¿Cómo se justificará este gasto cuando los mismos alguaciles han sido señalados por desviar fondos públicos o por liderar oficinas con un historial vergonzoso de abusos?
Petersen apuesta por la presión política para que la gobernadora demócrata Katie Hobbs no bloquee esta iniciativa. Con un Congreso estatal bajo control republicano, el camino parece despejado para aprobar la ley. Sin embargo, su destino aún está ligado a los tribunales, ya que Arizona espera el desenlace de un caso similar en Texas que podría marcar un precedente.
Detrás de este paquete legislativo no solo se encuentra una agenda política, sino una narrativa que reduce a las personas migrantes a amenazas abstractas. Olvida deliberadamente que estas personas también son vecinos, compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia. Es una narrativa que ignora el peso que tiene Arizona en la economía estadounidense gracias a la mano de obra migrante. Es un discurso que, al final, traiciona los valores de un país construido por migrantes.
Arizona, una vez más, corre el riesgo de perpetuar su fama como epicentro de leyes discriminatorias, dejando claro que el verdadero crimen aquí no es cruzar una frontera, sino portar un rostro que no encaja en la imaginación racial de quienes legislan desde el privilegio. Peor aún. Estados Unidos podría convertirse en el primer país que genera algoritmos peligrosos basados en inteligencia artificial que abusan de la privacidad para criminalizar y perseguir a usuarios.