El panorama de una campaña presidencial que enfrentó circunstancias inéditas, por su adversidad, parecía despejarse el 22 de marzo de 1994, cuando el Comisionado para la Paz Digna en Chiapas, nombrado de manera “ad honorem”, Manuel Camacho, realizara declaraciones para deslindarse de interés alguno para aspirar a la candidatura presidencial, lo que, a su vez, descartaba la especie consistente en la posible sustitución de Colosio como el abanderado del PRI, para favorecer a aquél.
El nombramiento del “Comisionado” había ocurrido el mismo día del inicio de la campaña de Colosio, el 10 de enero de 1994, de modo que, para ese entonces, habían transcurrido dos meses y medio dentro de una condición política que fracturaba la tradicional certeza y solvencia sobre la que, tradicionalmente, caminaba el desarrollo de la campaña del candidato del partido en el gobierno.
Lo anterior, en tanto la naturaleza de la encomienda así conferida habilitaba, constitucionalmente, a quien había disputado la candidatura presidencial para participar como contendiente, debido a encontrarse fuera del desempeño de un cargo público, seis meses antes del día de la elección, conforme a lo establecido por el artículo 82 de la propia Constitución respecto de los requisitos para ser presidente de la República.
Al contrario de lo ocurrido a Colosio, la permanencia en cargos públicos de quienes dentro del partido en el gobierno habían disputado la candidatura presidencial los descalificaba, legalmente, para perseverar en sus aspiraciones; en el caso de la postulación del sonorense sucedía lo opuesto, pues desde la oficina presidencial se resolvió abrir una puerta que admitía la posibilidad del recambio de la candidatura. Pero ese 22 de marzo se cancelaba dicho acceso, por el mismo que la podía usar.
Así, el 23 de marzo de 1994 parecía proyectar un panorama abierto para el despliegue de la campaña de Luis Donaldo Colosio, pero los signos favorables que se advertían en el horizonte fueron dramáticamente abatidos con su asesinato.
Desde el primer momento, el homicidio fue motivo de sospecha, en cuanto a estar inserto dentro de una trama política correspondiente a un contexto que multiplicó signos e incidencias que plantearon conflictos, tensiones y desavenencias en el desarrollo de la campaña colosista, desde su propia evolución, como después quedó plasmado en una carta que le dirigiera su coordinador, Ernesto Zedillo, que fue publicada en la prensa, en la cual hacía recomendaciones para evitar diferendos con la oficina presidencial.
Las diversas suspicacias no han podido acreditar la tesis sugerente de un asesinato político después de tres décadas de profusas investigaciones, del paso de cuatro subprocuradores, de múltiples peritajes y estudios, así como del análisis sobre hipótesis que caminaban por senderos distintos. Se carece de elementos que conecten los sucesos peculiares que rodearon la campaña de Colosio con la perpetuación del crimen del que fue objeto.
Queda de todos modos el duro testimonio de los hechos en torno del 10 de enero de 1994, que amenazaron con desquiciar la campaña de Colosio y que mostraron su temple para remontar los problemas que emergieron.
Entonces el fantasma de controvertir la candidatura del sonorense fue visible para todos; el extravío del contingente que ese mismo 10 de enero se dirigía al lugar del evento en Huejutla, pese a la conducción logística de los comisionados del Estado Mayor Presidencial, fue un incidente que se sumaba al planteamiento de una campaña incierta.
Ese mismo día, se publicó en el DOF la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, sobre el que después se soportó la intervención de la Procuraduría Federal de la República para conocer del asesinato de Colosio, no obstante haber ocurrido en Baja California.
En efecto, la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, publicada en el DOF el 10 de enero de 1994 estableció, en su artículo 6 que: “Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10″; a su vez, lo señalado en dicho párrafo segundo, dispuso que: “En caso de concurso de delitos el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos, del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.”
A la postre, esa disposición posibilitó que la Procuraduría Federal conociera sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio y, más adelante, el de José Francisco Ruiz Massieu; una forma peculiar, por decir lo menos, de inaugurar un ordenamiento legal.
El transcurso de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio permite constatar la gran voluntad, determinación y coraje que él tuvo para remontar los obstáculos que enfrentó, y de cómo un contexto de conflictos puede ser el mejor caldo de cultivo para que mentes extremistas puedan encontrar la mejor justificación o motivación para perpetuar crímenes, lo que acaba por convertir al gobierno en una especie de consentidor o propiciador pasivo de tales hechos.
Colosio quiso salir avante de dificultades insospechadas a través del esfuerzo para realizar la mejor campaña, de organizar eventos de excelencia, de comunicarse a través de un discurso de contenidos y gran expresión; por medio de los debates a los que había convocado y de su esfuerzo para desbrozar, a partir del diálogo, las dificultades que había emergido con el Comisionado para la Paz.
Lo esperaba el cierre de su primera fase de campaña en su tierra, Sonora, donde, sin duda, hubiera alcanzado un alto impacto; pero antes lo esperaba también un asesino en Lomas Taurinas, en Tijuana Baja California. Murió ahí, pero hasta el último momento dejó constancia de su afán por abrir el destino democrático de México, la competencia política, el debate, los acuerdos; siempre su afán por reformar el poder dentro de la mística republicana.
El asesino confesó su crimen y no se ha acreditado ninguna otra conexión; pero es innegable que el homicidio ocurrió en un entorno de profundo deterioro del entorno político en el que se desempeñó la campaña de Colosio; degradación que fue tolerada y hasta auspiciada desde el ejercicio del poder.