TENGO OTROS DATOS
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, lanzó hace unos días la propuesta de comprar 9 Hospitales que se construyeron con el esquema de Asociación Público Privada (APP) en sexenios anteriores que favorecía a los inversionistas particulares en detrimento de las finanzas del país, ya que esta operación es por 25 años donde se estaría pagando por parte del Estado hasta 20 veces más del avaluó.
El Gobierno de la Cuarta Transformación propuso la cancelación de nueve contratos con empresas privadas para la construcción y gestión de hospitales públicos ya que pretende comprarlos ofreciendo 5 mil 242 millones de pesos que es el avaluó que ha hecho por parte de la administración federal.
El jefe del ejecutivo federal afirmó en su conferencia de prensa de este miércoles 13 de septiembre que el Gobierno federal debe pagar cinco mil 651 millones de pesos al año a las empresas que construyeron y operan estos hospitales, cuyos contratos se firmaron por 25 años, y calculó que faltan por pagar 93 mil millones de pesos, lo cual calificó de injusto e inmoral.
Los proyectos hospitalarios están distribuidos de la siguiente manera:
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Hospital General Tapachula, Chiapas
Hospital General Bahía de Banderas, Nayarit
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Clínica Hospital Mérida, Yucatán
Hospital General Tepic, Nayarit
Hospital General de la Ciudad de México
Sustitución del Hospital General en Villahermosa, Tabasco
- Secretaría de Salud
Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Guanajuato
Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México
La mayoría de los nosocomios que fueron construidos como proyectos APP están sub utilizados, son una carga muy grande para el erario y un gran negocio para poderosos corporativos nacionales y extranjeros.
Las APP son esquemas de inversión de largo plazo, que tienen por objeto prestar servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado. Este tipo de proyectos está regido en México por la “Ley de Asociaciones Público Privadas y el Manual de Asociaciones Público – privadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encargó cuatro de estos hospitales con la participación de inversionistas privados, mientras que los otros fueron a petición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La administración del presidente Enrique Peña Nieto alegaban que llevar a cabo los hospitales bajo el modelo de APP era la mejor manera de construir infraestructura pública crítica en medio de problemas financieros y restricciones presupuestarias, pero esto no sucedió y por el contrario esto no ha solucionado los problemas para el erario.
De los cuatro proyectos de nosocomios APP propuestos por el IMSS en el sexenio pasado solo dos se llevaron a cabo siendo uno de ellos el hospital en Tapachula, municipio del estado de Chiapas.
La construcción y habilitación del centro de salud del estado de Chiapas, no estuvo exento de problemas, atrasos en la construcción y sobrecostos. Los concesionarios privados contaron para su proyecto con un crédito del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
El otro hospital que no fue cancelado es el que se construyó para el IMSS en el municipio de Bahía de Bandera en el estado de Nayarit. Este proyecto hospitalario también cuenta con un crédito de Banobras.
Según un informe que la auditoría Superior de la Federación (ASF) que publicó en 2018 tres de los contratos hospitalarios que encargó IMSS en 2017 habían sido adjudicados con inversiones que excedían los montos máximos descritos en el programa de infraestructura Plan Nacional de Infraestructura para 2013-2018, al tiempo que proponían una mayor capacidad para las instalaciones que la contemplada en el programa.
En octubre de 2018 había siete hospitales construidos y que ya operan bajo el esquema de Asociación Público-Privada en México y le costaban al erario como si operaran al máximo de su capacidad, cuando en realidad casi la mitad de sus camas no se estaban utilizadas, lo que generó un desperdicio de recursos cercano a los 656 millones de pesos anuales.
Los contratos que se entregaron a los proyectos de hospitales público-privados fueron aumentando los costos para el erario sobre todo en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Esto debido a que en los nuevos contratos que les fue otorgando a las empresas privadas incluían más servicios y mayor alcance en las condiciones del equipamiento.
El primer hospital construido bajo la modalidad APP fue el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío ubicado a las afueras de León, Guanajuato durante la presidencia de Vicente Fox. El nosocomio fue concesionado a la empresa española Acciona S.A. para operar hasta 2030 y tuvo un costo de mil 147 millones de pesos.
En tanto, el contrato firmado en febrero de 2017, del Hospital regional de Tapachula Chiapas del IMSS tuvo un valor de más de 11 mil 143 millones de pesos, es decir casi diez veces más costoso que el hospital APP construido en Guanajuato. Y no hay forma de reducir esos costos, pues todos los contratos que ya están operando vencerán dentro de no menos de 12 años.
En 2009, se concesionó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México bajo el esquema APP, contando el proyecto con créditos de Banobras. El nosocomio fue concesionado a las empresas GIA+A, Assignia y Eductrade, cabe destacar que la empresa ganadora es presidida por Hipólito Gerard Rivero quien es además cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Gerard Rivero ganó una concesión más en 2016 y construyo un hospital del ISSSTE en Mérida, Yucatán y aquí también el empresario conto con recursos del Banca Nacional de Obras y Servicios Públicos.
El periódico digital Animal Político publicó en octubre del 2018 una investigación sobre los hospitales APP y constato que “Cada año la Secretaría de Salud Federal pagaba 457 millones 800 mil pesos por la operación de los hospitales a las empresas operadoras. Este monto es prácticamente fijo y considera un 80% de capacidad ocupada, aunque en la realidad puede llegar a ser menor al 50%. El único hospital que supera la ocupación instalada es el de Oaxaca con 88.3% de las camas ocupadas”.
“De las 524 camas con las que contaban en el 2018 estos hospitales federales (el resto son estatales), únicamente se utilizan 340. El segundo número es que se utiliza para medir si los hospitales alcanzaron su meta o no, fijadas en la Matriz de Indicadores de Resultados de la Secretaría de Salud. La Secretaría argumenta la subutilización de las camas a la falta de personal pues la SHCP no asignaba los recursos suficientes para contratar al personal faltante”.
Los hospitales bajo el esquema de Asociación Público-Privada representan un negocio muy lucrativo para empresas que ganan las licitaciones, pero en general no es una solución para la atención hospitalaria de un gran número de mexicanos y hay un despilfarro de recursos de los contribuyentes.
Las compañías concesionarias que ganan las licitaciones para la construcción de nosocomios bajo el esquema de APP son muy pocas y no solo se dedican a la construcción y proveeduría de hospitales.
La propuesta del Gobierno de la Cuarta Transformación para comprarle las concesiones de los nueve hospitales APP a los consorcios privados es adecuada ya que lo que se eroga de los recursos de los contribuyentes para estos centros de salud no se justifica y no hay ahorro y si muchas ganancias para los empresarios particulares.