La aparición de impactantes videos e imágenes periciales evidenciaron el posible asesinato del reo Oliver Eduardo Ramos Cardoza y una trama de funcionarios, ex funcionarios y elementos de custodia del Centro Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe de Coahuila para tratar de ocultar los hechos.
En diversos videos que forman parte de la investigación de la Fiscalía General de la República, a los cuales tuvo acceso XPECTRO FM, se observa a custodios del penal, con equipos anti motines, golpeando por más de minuto y medio a la víctima que había denunciado previamente a servidores públicos de la penitenciaria por tortura y alertado que buscaban obligarlo a retirarlas.
Las imágenes de videocámaras de seguridad del penal confirmaron la denuncia de la esposa del reo sobre el posible asesinato y echan por tierra la versión de los implicados en el caso, entre ellos la ahora ex directora del Centro Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe, Jetzael Martínez Cisneros y custodios, quienes fueron cesados del cargo y están bajo investigación.
En tanto, las fotografías del fallecido, con evidentes huellas de golpes y hematomas en cabeza, rostro y cuerpo, las cuales forman parte de la indagatoria federal, ponen en duda informes médicos de la penitenciaria y declaraciones de custodios, quienes han intentado hacer creer que el reo se auto inflingió las lesiones que le provocaron la muerte.
La cloaca en la sucursal del infierno
El escándalo al interior del Centro Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe estalló en mayo pasado, tras la muerte del interno Oliver Eduardo Ramos Cardóza, quien de acuerdo a las autoridades del penal falleció por un infarto al miocardio, pero su cuerpo presentaba señales de abuso físico.
Ramos de 28 años de edad reportó en varias ocasiones amenazas de muerte por parte del personal de seguridad y custodia del penal, centro que más acusaciones por abuso a los derechos humanos de sus internos tiene en México y cuya directora era Jetzael Martínez Cisneros.
El fallecido cumplía una sentencia tentativa de 25 años, de los cuales cumplió 10 en diversos penales y estaba por iniciar un proceso que de ganarlo recuperaría su libertad tres meses después del fallo del juez.
La esposa de Ramos Cardoza, Guadalupe Abigail Ávila, reveló que su esposo en varias ocasiones recibió amenazas de muerte por parte del equipo de custodios del centro penitenciario y aseguró que en el pasado fue violentado de manera física por ellos. El día de los hechos, asegura, le habían dado de ultimatum para retirar las quejas y denuncias.
El certificado de defunción con folio 230045031, expedido por el médico certificante del mismo penal, José Alejandro González Reséndiz, con cédula 898684, aseguró que la causa del deceso fue por Síndrome Coronario Agudo (infarto).
En la sección en la que se pregunta si fue defunción accidental o violenta el certificante marcó el espacio “se ignora” y en el espacio en el que se cuestiona si el fallecido tuvo atención médica durante la enfermedad o lesiones antes de morir, la respuesta fue “si”.
Luego de dar a conocer que el cuerpo del interno presentaba severas lesiones, con hematomas visibles en su cara, cabeza y cortes en sus brazos, las autoridades del penal cambiaron, tres días después de la muerte de la víctima, su versión en medios de comunicación locales.
Las autoridades encabezados por la entonces directora Jetzael Martínez Cisneros, aseguraron que Ramos Cardóza tuvo un ataque de ansiedad y se auto inflingió las lesiones al golpearse contra las paredes de su celda.
Ante las graves dudas y la emisión de tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la directora, Jetzael Martínez Cisneros, fue cesada de su cargo y es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos graves.
La ahora ex funcionaria es señalada de ser ejecutora y cómplice de actos crueles, amenazas, intimidaciones, actos deshumanizados marcados como posibles acciones criminales junto con su primer círculo de colaboradores en contra de internos del penal.
Con Martínez Cisneros en la dirección el CPF 18, el centro sumaba dos años dentro de los peores evaluados del país y con mayores denuncias, entre las que destacan posibles asesinatos de internos, violaciones sexuales, tortura, agresiones físicas y malas prácticas en áreas médicas, forenses, de seguridad y custodia.
Un “crimen” videograbado
Las imágenes que aparecen en los videos obtenidos por XPECTRO FM, son contundentes y no dejan lugar a dudas sobre lo ocurrido en la vida de Oliver Eduardo Ramos Cardóza. En ellos se observa que son custodios del penal, con equipos anti motines, quienes entran a la celda para golpearlo por más de minuto y medio.
Momentos antes de las imágenes cruciales en las investigaciones, se aprecia que la víctima tenía amarrada la puerta de su celda con lo que parecen ser calcetines o tiras de toalla cortada para impedir el ingreso del personal del penal al interior. Ninguna autoridad ha explicado por qué Óliver Ramos decidió mantenerse ese día en su celda y no salir al patio.
En el video se ve a Oliver dentro de su celda tranquilo y dialogando la mayor parte del tiempo con Juan Antonio Ilich Coronado Reyes, un alto funcionario del equipo de la ahora ex directora Jetzael Martínez Cisneros.
En ningún momento se aprecia que estuviera alterado y se hiciera daño a sí mismo, como las autoridades del penal informaron a los medios de comunicación en Coahuila.
Tampoco se golpeó la cabeza contra las paredes, ni se hirió así mismo, como se comprueba en los cerca de 50 minutos de grabaciones, cuyo momento crucial es cuando los custodios ingresan y se observa como golpean en repetidas ocasiones al interno.
Se observa a los oficiales hablar por sus radios de comunicación mientras que la cámara de videovigilancia se enfoca en la celda del prisionero, que en todo momento mantuvo una relativa calma durante la conversación con los oficiales.
Minutos después un custodio se aleja hablando con su radio y regresa haciéndole señas con la mano en tono amenazante. Instantes después llegan a la puerta de la celda siete elementos anti motines con cascos, chalecos tácticos, toletes y escudos.
En el video se aprecia a Ilich Juan Antonio Coronado ordenar al grupo anti motines ingresar a la celda para someter a Oliver Eduardo y pide a otro custodio rociar gas a la cara del reo para facilitar la entrada de los guardias.
Los anti motines cortaron las cintas hechizas mientras que Ramos Cardóza sostiene un palo de escoba amarrado en su mano izquierda; un elemento lo rocía con un gas, obligándolo a irse al fondo de la celda.
En total seis elementos, tres anti motines, uno de Seguridad Penitenciaria y dos más de Custodia Federal, entraron y el detenido gira para dar la espalda evitando la confrontación a pesar de tener el palo en la mano. El primero en ingresar lo golpeó con el escudo en la parte izquierda del rostro y entre otros dos lo derribaron al suelo y lo golpearon en reiteradas ocasiones.
En las imágenes se ve como un custodio levanta su escudo en varias ocasiones para golpearlo, junto con cinco custodios más, en el suelo. Es esposado de piernas y manos atrás de su cuerpo. Uno de los oficiales se sube en el cuerpo de Óliver Ramos lo golpea con toda la fuerza de sus piernas y botas anti asalto en rostro, cráneo y pecho.
Una vez sometido, Óliver fue sacado de la celda, cargado boca abajo por nueve custodios que lo bajaron por las escaleras mientras patalea y se mueve en un intento de evitar que lo sacarán del pabellón.
En la secuencia de videos se ve cómo los custodios subieron a Ramos Cardóza a una camioneta tipo panel blanca, donde viajaron tres custodios. Fue trasladado al área de hospitalización y durante varios minutos en ese traslado, no se sabe qué fue lo que sucedió a bordo del transporte.
Los videos vuelven a registrar el hecho, cuando la camioneta arriba a la zona de hospitalización y Óliver es bajado, ahora sólo por siete elementos, ya con el cuerpo flácido e inerte, con el cuello sin respuesta y sin estar alerta a lo que sucedía a su alrededor. Su cara y cráneo lucen lesiones severas y la cabeza presenta deformidades notorias.
Dentro de la zona de hospitalización se observa que un médico les dice a los custodios hacia dónde dirigirse dentro del área de internamiento, ya con el cuerpo desvanecido y flácido de Ramos Cardóza.
Las imágenes demuestran que son falsas las dos versiones presentadas de manera oficial, tanto por las autoridades penitenciarias encabezadas por Jetzael Martínez Cisneros, como por los encargados de los equipos de custodios, seguridad y el área médica.
Contradicciones oficiales
Las imágenes de los videos de seguridad muestran una realidad distinta y tangible a la que ofrecieron funcionarios y custodios del penal en sus declaraciones iniciales tras el fallecimiento de la víctima y ante autoridades ministeriales federales.
Oliver Eduardo denunció, días antes de su muerte, que fue amenazado por los custodios del penal, quienes le exigían retirar las denuncias realizadas en contra del CFP No 18 de Ramos Arizpe ante la CNDH.
Tras la muerte de Ramos Cardóza, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) abrió la carpeta de investigación 00456/RAM/UAI/2023, en la que se informa que un perito investigador se presentó esa misma tarde al área médica del penal para iniciar la investigación.
En el informe del perito se detalla el trabajo de levantamiento de pruebas realizado entre la tarde y la noche del 15 de mayo en la que se presentan 184 fotografías del penal, el área médica y el cuerpo del fallecido, pero ninguna de la celda en la que fue agredido.
En el apartado de observaciones el perito Oscar Javier Briones Dávila, escribió “No omito mencionarle que al momento del procesamiento se realizó, conforme al protocolo de Minnesota, sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas”.
El mismo día de la agresión a Ramos Cardóza, las autoridades del Cefereso llamaron a su esposa para informarle de la muerte, pero le dijeron que se presentara hasta el siguiente día a recoger el cuerpo porque no se podía realizar el trámite durante la madrugada.
Incluso en un oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de Ramos Arizpe, Pedro Vasquez Garibaldi, se ordena a peritos en criminalística recabar “huellas dactilares de la persona sin vida por suicidio”, cuando las pruebas rechazan cualquier posibilidad de ello.
La viuda de Ramos Cardóza contó que las autoridades del penal le impidieron reconocer el cuerpo de su esposo y que el médico legista le informó que la muerte fue por un infarto por posible estrés y le negó que el cuerpo de su esposo tuviera rastros de violencia física.
El médico forense en jefe de realizar la necropsia fue José Alejandro González Reséndiz, quien firmó el certificado de defunción de Oliver Eduardo, fue señalado por la esposa del fallecido de mentirle al asegurarle que el cuerpo de su esposo no tenía rastros de violencia física.
Los resultados de la necropsia realizada por González Reséndiz en poder de la FGE y, a los que XPECTRO FM tuvo acceso, afirman que durante el proceso encontraron una “ligera hemorragia cerebral que no es causa de muerte”.
Sin embargo, en las conclusiones, en el apartado de “Mecanismo de muerte”, explica que fallecido sufrió un síndrome coronario agudo que consiste en una serie de afecciones que detienen el flujo de sangre al corazón y señala que: “esto también puede influir en las hemorragias cerebrales existentes”.
La señora Guadalupe Abigail Ávila confirmó que en todos los estudios médicos realizados a su esposo, jamás se le detectó ninguna afección cardíaca ni se le reportó ninguna anomalía médica y que contaba con una salud plena.
Tampoco se le informó a la señora Abigail Ávila que peritos de la FGEC estuvieron presentes la noche anterior para iniciar la investigación sobre la muerte de su esposo, ni del operativo que se realizó en su celda por parte de los custodios del penal.
En una de las declaraciones de los custodios involucrados, que forman parte de la investigación, trató de desviar el caso, asegurando que el interno “… comienza a ponerse agresivo ya que traía entre sus manos un palo de madera con punta y una navaja, así mismo dicho interno también se golpeaba en el rostro y cabeza con las rejas de la estancia”, cosa contraria a las imágenes videograbadas.
Las declaraciones de los custodios, que ahora se saben son falsas, fueron hechas a los agentes de la FGE, Manuel Malacara Peña y Jesús Mario Reyna Baltazar, quienes fueron los encargados de presentarse en el CPF 18 para dar fe de los hechos junto con el perito criminalista Oscar Javier Briones Dávila.
Por las declaraciones realizadas por la viuda de Oliver Eduardo se sabe que los agentes de la FGE, Malcara Peña y Reyna Baltazar, no buscaron a Guadalupe Abigail Ávila para tomarle su declaración por lo menos en las primeras 48 primas horas tras la muerte de su cónyuge.
Centro repleto de irregularidades
El Centro Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe de Coahuila ha sido casi reprobado en todas las evaluaciones a las que ha sido sometido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cada año realiza una revisión a los centros penitenciarios del país y en ellos la penitenciaria del infierno sale muy ,al parada.
En el llamado “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, en los dos últimos informes del Cefereso de Saltillo, es colocado más cerca de reprobar que de alcanzar una calificación favorable.
De acuerdo al Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario Nъmero 18 (CPS) Coahuila obtuvo una evaluación de 7.42 en el 2020 y de 7.19 en el 2021.
En el diagnóstico del 2020 la CNDH informó que el Cefereso de Coahuila tenía una capacidad para internar a 2 mil 620 reos y una población de mil 374 internos con una evaluación media y con tendencia a la baja, detectando fallas en varios aspectos.
El organismo detectó fallas en rubros como garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, además de insuficiencias de vías para remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
También fueron detectadas fallas graves en las condiciones de gobernabilidad del Centro, al observar insuficiencia de personal de seguridad y custodia, además de insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
Otro rubro en el que el penal de Ramos Arizpe presenta graves fallas es en la deficiente separación entre procesados y sentenciados, lo que afecta a la reinserción social.
La evaluación del aсo 2021 del Centro Penitenciario Federal conocido como Ramos Arizpe, mostró que también tuvo un nivel medio negativo con tendencia a la baja, pero con cerca de medio millar más de internos al alcanzar los mil 871 internos de una capacidad de 2 mil 864.
Para el 2021 no se presentaron mejorías en los rubros con fallas en el 2020 y sí un incremento al sumarse deficiencias en la atención a adultos mayores e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
A pesar de las advertencias, las autoridades federales encargadas de la operación de los penales y en especial del Centro Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe de Coahuila nada hicieron, lo que derivó en el presunto asesinato de Oliver Eduardo Ramos Cardóza.