Es en verdad impresionante observar y constatar la forma en la que estamos avanzando en México en el ascenso de las mujeres a los espacios representativos que ofrece el sistema político.
Bien sabemos que el sistema político se integra con el sistema de partidos, el electoral y de gobierno, los tres sostenidos por el sujeto pueblo en el que reside la soberanía.
Pues bien, hoy día más de la mitad de ese pueblo en México está conformado por mujeres y lo mismo ocurre con el electorado.
De allí la importancia de que sobre todo a lo largo de la más reciente década, de 2014 en adelante, especialmente mediante el decisivo impulso que ha significado la reforma constitucional 2019 en términos de paridad para todos los cargos, lo que comenzó como una política afirmativa temporal se haya convertido en un principio expreso estructural que irradia a todo el orden jurídico.
En otras palabras, la paridad se entrelaza con la perspectiva de género y se erige en una filosofía orientadora con implicaciones pragmáticas en la articulación y el quehacer de la sociedad democrática y el estado constitucional.
Ello quiere decir que muy atrás ha quedado la aspiración a la igualdad formal, las cuotas o algún otro tipo de política o medida para transitar a la igualdad real entre hombres y mujeres.
Los indicadores cuantitativos no mienten al mostrar que las mujeres ocupan la mitad o más en cada vez más partidos, organismos electorales, tribunales, congresos o poderes ejecutivos.
En palabras de la doctora Roselia Bustillo y el doctor Felipe de la Mata en su más reciente obra en esta materia: la filosofía de la paridad, a través de la justicia electoral y la normatividad, está forjando una concepción cualitativa o sustantiva hacia la igualdad real entre los géneros, lo cual debe ser irreversible.
Confirmo lo que he venido sosteniendo: el estado intercultural de Derecho Constitucional es la principal transformación jurídica, política y social del México del siglo XXI.