La historia muestra la realización de intentos para dar sustento a los gobiernos autoritarios y populistas a través de las urnas y los plebiscitos, tal y como sucedió con Antonio López de Santa Anna en 1854 con la pregunta de que si debía de continuar en el ejercicio del poder o, en su defecto separarse de él, en los prolegómenos de la Revolución de Ayutla que, finalmente, sería el medio para deponerlo de la presidencia de la República, con el resultado de 435 mil a favor de su permanencia y 4 mil 75 por la opción opuesta.

Más recientemente en el sur del continente latinoamericano, las dictaduras chilena y uruguaya, como un medio para legitimarse y abrir una vía constitucional, después de los sendos golpes de estado que ambas sufrieron en 1973, llevaron a cabo durante 1980 plebiscitos con un resultado contrastante, pues mientras en Chile prosperó, no lo fue así en Uruguay, lo que fue definitivo para que el proceso de la transición uruguaya fuera más inmediato que en el otro caso. Desde luego destaca los referendos que tuvieron lugar en Venezuela, promovidos por el entonces presidente Hugo Chávez, y que tuvo como objeto, uno en 1999 para convocar a una nueva constitución, y el de 2007 para reformar 69 artículos constitucionales.

Es evidente que en circunstancias donde los gobiernos se alejan de observar hábitos republicanos y, por el contrario, concentran el poder o buscan recurrir a políticas discrecionales y excepcionales, la posibilidad de promover plebiscitos y organizarlos es una valiosa medida, aún cuando existen casos como el de 2020 en Chile que se convocó, con gran éxito, para formar una nueva constitución y dejar así atrás la que provenía de la dictadura pinochetista.

El caso de la revocación de mandato que se introdujo en la Constitución de nuestro país, en 2019 planteó una posibilidad novedosa en el sentido de introducir una nueva medida de control del poder constituido, conforme a la hipótesis de que existiesen ciudadanos inconformes con el ejercicio del gobierno, para lo cual se formuló la realización de una consulta, una vez rebasados tres años de la administración, para preguntar sobre si el presidente de la República debiera continuar hasta completar el período para el que fue electo o si, en su defecto, debiera de interrumpirlo, con la consideración de que a fin de que el resultado fuera vinculatorio, deberían participar un mínimo de 40% del padrón electoral. El recurso revocatorio se previó que también pudiera aplicarse para los gobiernos de los estados.

Se trató de una medida que ofertó una respuesta constitucional frente al supuesto de una amplia inconformidad por la marcha de la administración, cuando se ha rebasado la mitad de su encargo, y así brindar una solución para reconstituir el gobierno, en lugar de quedar expuesto a la posibilidad de fractura, ingobernabilidad o, en el extremo, su interrupción arbitraria por una vía violenta.

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La revocación de mandato, así entendida, se sujetó a que fuera detonada por la existencia de ciudadanos inconformes con el gobierno, al grado de reunirse las firmas necesarias para realizar la consulta; de igual forma que su desahogo se realizara sin la promoción del gobierno o de sus funcionarios -por ser partes interesadas – como tampoco de los partidos, en virtud de privilegiarse su naturaleza o perfil de instrumento ciudadano.

A pesar de ello, fue sorprendente que, sin la existencia de una corriente o grupo ciudadano significativo por su número, que planteara la posibilidad de la revocación del mandato del presidente de la República, fuera el propio gobierno el principal interesado en detonar el mecanismo revocatorio y que, después de reunirse las firmas en cuestión -más por promoción política que por iniciativa individual-, de nueva cuenta el propio gobierno, sus empleados y su partido, motivaran la participación en dicha consulta, haciéndolo en abierta rebeldía a las disposiciones legales y a las advertencias del órgano electoral.

¿Cómo explicar esta madeja de contradicciones? La respuesta evidente es que se trastocó la naturaleza de la consulta para la revocación de mandato para convertirla en instrumento de la afirmación del gobierno; ello, mediante el empleo de un medio de naturaleza democrática, pero siendo promovido y corrompido para que el propio gobierno fuera la institución con la más amplia posibilidad de promoción, movilización y participación de los asistentes a la consulta.

No habiendo quien formulara la interrupción de su mandato en términos efectivos, se recurrió a la victimización, como si en efecto hubiera una corriente que deseaba desplazar al presidente de su encargo. Así el fatuo lema que inundó las calles y los espectaculares con la frase de “no estás solo”. El final de este ejercicio inscrito en una mala trama de contradicciones es el de producir el artilugio de respaldo a un mandato que se proyecta con vocación populista.

En virtud del método para detonar la consulta en cuanto a recabar las firmas, de la promoción del instrumento y de la asistencia a las urnas, que tuvo como principal sujeto al gobierno y a su partido, el resultado se corresponde con los intereses que tuvieron para obtener el más amplio respaldo, dentro de una mascarada populista, con momios que hacen palidecer a los obtenidos por Daniel Ortega en las elecciones pasadas en Nicaragua, donde obtuvo más de 75 % a favor y de Putin con el 76%; aquí el presidente alcanzó un respaldo de más del 90%, con su infranqueable recurso tanto de promoción como de movilización, que se desarrolló bajo su pleno dominio.

Lo anterior contrasta con los resultados de las recientes elecciones para renovar la Cámara de Diputados del congreso federal, donde la coalición encabezada por Morena obtuvo el 44% de los votos, mientras la constituida por el PRI, PAN y PRD, logró el 41%. Es evidente que la distancia que reportan tales ejercicios democráticos, tienen relación con las prácticas y normas que los regularon; en un caso se trató de aplicar las disposiciones electorales, en el otro, de obviarlas y de pervertir un mecanismo democrático para que el gobierno garantizara su preeminencia.