La consulta sobre la revocación de mandato ha sido todo un tema, pues se ha insistido en efectuarla al grado de emplearse métodos aviesos para recabar las firmas necesarias para llevarla a cabo; e incluso postular que se realice si el órgano electoral no participa en su realización. El común denominador en uno y otro caso es que tenga lugar de la manera que sea. Ya no se trata de la consulta como un medio a emplear conforme a determinados requisitos y circunstancias, sino como una consigna a cumplir porque es prioridad del gobierno.
Habría que preguntarse a qué obedece tal obsesión. Qué lleva a incurrir en el extremo de recabar firmas apócrifas para cumplir el requisito, como quedó demostrado cuando el INE desechó registros claramente ilegales por corresponder, en un buen número, a personas difuntas o inexistentes. Tal práctica ilegal y el intento de saciar tramposamente el requisito para detonar la consulta, sólo se entiende en el marco de un imperativo político que intenta llevarla a efecto a toda costa ¿por qué?
En el diseño que motivó la consulta sobre la revocación de mandato, se supone que tuvo como fundamento la incorporación de una figura de carácter constitucional, encaminada a medir la condición de un gobierno que estuviera en la condición de perder la confianza de la sociedad; en tal supuesto, se consideró conveniente disponer de una vía para propiciar su relevo, sin que ello significara incurrir en una fractura del régimen político; dicho en otras palabras, blindar la posibilidad de un golpe de Estado, de una situación de ingobernabilidad o de anarquía por la debilidad de un gobierno. En esa perspectiva se consideró que la consulta estaría asociada a la existencia de un grupo demandante de que el gobierno en cuestión y en cuestionamiento, fuera revocado.
Pero reconvenir la medida en una acción para ratificar al gobierno, evidenciado en la situación de que quienes postulan la medida simpatizan y apoyan al propio gobierno y recurren a firmas ilegales para cumplir el expediente, es signo inequívoco de una politización electoral encaminada a lucir el respaldo al gobierno y erigir el hecho en un triunfo, en la contextura de una tramoya que simula el planteamiento de quienes desean su reemplazo y se le oponen. Así, el gobierno que es producto de un innegable triunfo electoral en los comicios de 2018 se ostentaría, en el 2022, como nuevamente triunfante y vencedor de quienes se le oponen o no coinciden con él.
Es en esa contextura donde puede entenderse la acción de insistir en una consulta de revocación, cuando los oponentes no pretenden una revocación anticipada, ni tampoco lo muestran así los inconformes, de modo que se cae en la paradoja que es el propio gobierno quien impulsa la consulta de su falsa revocación, pues en torno de ella se libraría una batalla que derrotaría espectros fantasmales, y que abriría la posibilidad de una campaña reivindicatoria del gobierno, así como el pretexto de una movilización.
Todo indica que el gobierno inscribió en su estrategia la realización de una consulta sobre su revocación - hubiera o no quien la planteara de forma cierta - y que el evento estuvo calculado dentro de una perspectiva de consolidación en un momento singularmente clave, como lo es la etapa inscrita en las elecciones que corresponden al calendario de 2022; una vez que fue así, es evidente que la premisa ha sido llevar a feliz puerto su culminación. Ahora sí puede explicarse, conforme a esa tesis, la medida de incorporar firmas falsas y de presionar, al extremo, para que el INE pueda llevar la organización y concreción de la consulta, aún careciendo de los recursos necesarios para practicarla. De paso, este paradigma construye un dilema difícil a resolver por parte del propio INE, pues supone que se niegue a realizarlo – como ya ocurre- o que lo realice en condiciones críticas y de apremio; en ambas circunstancias se beneficia una pugna que el gobierno viene sosteniendo con un órgano electoral que se le resiste a alinearse en su órbita de intereses y pulsiones.
Existen otras razones que llevan al gobierno a su obsesión consultiva, una más es la movilización de la sociedad en torno a una causa que se plantea como dilemática, coadyuvando así a una vocación que se encuentra en su ADN y que se vincula con su técnica populista, consistente en plantear disyuntivas extremas a la sociedad y de acreditarse como un gobierno que representa y encarna la causa legítima, frente a adversarios que son enemigos a quienes se debe confrontar y exhibir, derrotándolos por todas las vías: la ética, la electoral y la política.
Se trata, pues, de un correlato que vincula la consulta, la movilización y el populismo, como parte de una narrativa que busca consolidar su visión en la perspectiva del segundo y definitivo tramo de gobierno, cuando se han encendido las luces del relevo.
De ahí que ante la eventualidad de que el órgano electoral no sea quien organice y concrete al consulta, se plantee su realización por otros medios, como lo puede ser la vía de la propia sociedad, lo que significa una insistencia que no admite claudicación y que vuelve sus pasos sobre el camino que se abriera con la simulación de consulta respecto del fallido e interrumpido proyecto del Aeropuerto de Texcoco; entonces una mal llamada consulta sirvió de justificante para interrumpir dicho proyecto; ahora se erige como recurso para perseverar una nueva forma de consulta que escaparía a cualquier medición o parámetro, pues no requeriría firmas de solicitantes ni de un órgano especializado para calificarlas; tampoco de una incidencia o participación mínima para ser vinculante.
Así la consulta cumplirá su mandato movilizador y populista: se hará; escapará a cualquier parámetro y regulación, mostrará a un gobierno fiel a sus fieles y vencedor de sus oponentes, adversarios y enemigos.