Entiendo que unas políticas públicas educativas (PPE) que se organizan en torno a una idea de “continuidad” programática es aquella que coincide en los trazos generales, en los principios que la dirigen, o en los conceptos-contenidos y métodos que las atraviesan entre un gobierno de un sello político e ideológico y otro relativamente diferente.
Pero lo que sucede hoy en las acciones y las intencionalidades educativas del gobierno del presidente López Obrador en la materia no es continuidad, sino “continuismo”. Al imponer un sello de diferenciación o cambio (“no somos iguales”), el gobierno de AMLO termina por caer en el “continuismo” (se continúa en lo mismo, sin tener la intención de hacerlo así).
De hecho, hay autores (1) que consideran que en algunos sectores de la vida pública, como el educativo, es recomendable que prevalezcan políticas de Estado y no de gobierno. Con ello quieren decir que las políticas públicas educativas habrán de ser transexenales, no solamente sexenales.
¿Cuáles son los argumentos como para afirmar que no hay continuidad, sino “continuismo” en las PPE en México?
Hay evidencias de la aplicación de una gestión educativa nacional de continuidad entre diferentes gobiernos federales, en la historia reciente en México (al menos en las formas). Por ejemplo, entre el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (200-2006) de origen priista, el primero, y panista el segundo.
También hay evidencias de la continuidad de las PPE entre las acciones y las obras de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), de origen panista, el primero, y priista, el segundo, en el ámbito educativo, aun cuando se puso sobre la mesa una agenda pública reformista durante el último de estos sexenios mencionados.
A esto que observo hoy, dentro del gobierno de la 4T, en términos de las PPE, no le llamo continuidad, sino “continuismo”. Ello significa que, aunque el discurso político general está orientado por la noción del “cambio” o hacia la “transformación”, en los hechos, en la práctica, lo que se aprecia es una serie de políticas de extensión, de alargamiento en su esencia, de las orientaciones ejecutadas por el poder público pasado.
Las líneas esenciales del discurso de la autoproclamada Cuarta Transformación de la vida pública del país, del presidente López Obrador, han consistido en la creación, promoción o concreción de un “cambio radical” (que el mismo AMLO precisó que se refería a un “cambio de raíz”, durante la campaña política de 2018), y que en los hechos se ha convertido en un programa desdibujado de reformas “ajustables”, de reformas adaptables o concertadas, en función de la coyuntura y las condiciones políticas.
En parte, por esas razones a este fenómeno lo he denominado como crisis del “reformismo educativo” en México, por sus efectos negativos en la legitimidad y la credibilidad de un gobierno frente a la comunidad educativa nacional.
Para poner a consideración algunos argumentos adicionales sobre el “continuismo” educativo, retomo un texto que escribí en mayo pasado:
“Existe el mito generalizado, tanto en la comunidad académica, estudiosa de los fenómenos educativos, como en la sociedad en general, de que en México se deben (“ese deber ser”) impulsar políticas públicas educativas no de manera sexenal, sino transexenales”
¿Cuáles son los argumentos a favor o en contra de ese tipo de propuestas? ¿Qué opinan l@s especialistas educativos al respecto?
La necesidad de impulsar cambios “corto placistas” o ligados a determinadas coyunturas sexenales (en el marco de nuestro sui géneris “Sistema Métrico Sexenal”), es una condición que han impuesto las élites políticas y económicas, así como los organismos internacionales, “desde arriba”; generalmente sin considerar a las figuras o actores educativos que trabajan, a ras de piso, en las escuelas o en la red de instituciones educativas que integran al “sistema”.
En parte, ello representa la raíz de la crisis del “reformismo Educativo” que vivimos. Ese fenómeno, (la obsesión de producir cambios educativos sexenales, a partir de “meterle mano” al Artículo 3 de la Constitución Política), no obedece a una decisión que se haya tomado en la base del sistema educativo nacional, es decir, en las escuelas (entendidas como comunidades educativas), sino en la cima del sistema político mexicano. Sobre todo, en un contexto donde el peso presidencial, en la toma de tales decisiones, es muy fuerte, por no decir “autoritario”.
Unas políticas educativas de Estado de carácter transexenal podrían adoptar, como característica intrínseca, ciertos acuerdos políticos básicos que generen una “continuidad” programática (en presupuestos, programas educativos nacionales, políticas de formación inicial y continua de docentes y directivos escolares, etc.), por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, en lo que concierne a las cuestiones educativas, pero con “discontinuidad” en términos curriculares (planes y programas, libros de texto, calendarios escolares, etc.), debido a la necesidad y oportunidad de actualizar o evitar la caducidad de los contenidos y los métodos educativos. De ahí la necesidad de matizar en torno a estos conceptos.
Los cambios o reformas curriculares, generalmente, sí requieren de unas políticas públicas de ajustes o adaptaciones consistentes y fundamentadas, en periodos cortos (cada dos o tres años), porque ellos están supeditados a la evolución (y revolución) de los conocimientos científicos, artísticos, tecnológicos y humanísticos, relacionados directa e indirectamente con la educación; así como a las transformaciones de los conocimientos pedagógicos, y de aquellos generados específicamente por la investigación educativa.
Es indispensable, por lo tanto, lograr acuerdos políticos básicos, entre l@s políticos y funcionarios responsables de la educación pública (federal y estatal), junto con los grupos parlamentarios, con independencia de las agendas que imponen sus respectivos partidos políticos y los organismos internacionales (sin descuidar los términos establecidos en acuerdos o tratados correspondientes), a efecto de evitar, en lo posible, esa especie de obsesión por aplicar el “reformismo educativo”, que ha conducido lamentablemente a una retórica insostenible y ha dirigido a las PPE a una espiral descendente o hacia una crisis social de legitimidad y credibilidad.
La idea de dar “continuidad” (no “continuismo”) a las PPE que sean necesarias para el país, en función de un proyecto educativo consensuado (centrado en el derecho pleno a la educación para niñas, niños, jóvenes y adultos, con “calidad” y equidad), es una finalidad que podría plantearse como “acuerdo básico” de la sociedad mexicana, lo cual tendría que ratificarse y fortalecerse (sobre todo en la parte de los “cómos”), a través de consultas permanentes con l@s maestras y maestros, directivos escolares, asesores técnicos, estudiantes y sus familias, especialistas en educación, representaciones sindicales (de todos los signos) y sociedad en general interesada en impulsar y comprometerse con estos cambios educativos, pero “desde abajo” y en forma horizontal, no vertical; no autoritaria ni impositiva.
En otras palabras, la idea de impulsar cambios de corto, mediano y largo plazos en planes y programas de estudio, o en los contenidos y formatos de los libros de texto escolares, es factible y deseable, siempre y cuando estos cambios estén vinculados orgánicamente con las transformaciones científicas, artísticas, tecnológicas y humanísticas nacionales y mundiales, así como con las modificaciones producidas en el ámbito de la cultura pedagógica-didáctica y educativa, en un ambiente de amplios consensos.
Se ha demostrado, con hechos, que las PPE diseñadas “desde arriba” (sin considerar a docentes, sobre todo), no son más duraderas ni producen resultados educativos positivos, en términos de los aprendizajes escolares y de la formación integral de las y los ciudadanos.
La idea de poner en práctica una cirugía mayor sexenal –si usamos una ligera metáfora-, en lugar de miles de microcirugías transexenales, ha dado lugar a la generación de uno de los “mitos geniales” de las PPE aplicadas en México, que se han inventado las élites políticas y tecnocráticas quienes han sido responsables, por décadas, de las diferentes crisis de la educación pública en México.
Fuente consultada:
(1) Ana María Aceves y colaboradores (2018) Más allá de los sexenios. Educación, innovación y sustentabilidad.
Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23