Decía ayer la Rayuela de La Jornada: “Ahora, en otro acto de ‘justicia’, la corte habrá de tirar todo lo aprobado en el maratón legislativo”. ¿Era una crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Supongo que sí.
Normalmente aplaudo lo expresado en la Rayuela, para mi gusto el espacio periodístico más inteligente de México. Esta vez no puedo coincidir con su cuestionamiento a la cúpula del poder judicial que, me parece, solo justifica su existencia si es capaz de echar abajo los proyectos de los otros dos poderes cuando violan la letra o el espíritu de la Constitución.
Rayuela habla de un “maratón legislativo”. Algo que considero absolutamente contrario a la exigencia constitucional de que la creación de nuevas leyes deba seguir un mínimo proceso de análisis en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado para evitar tonterías.
En la misma edición en que se publicó la mencionada Rayuela, la reportera Alma E. Muñoz y su compañero Enrique Méndez presentaron una información tan brillantemente redactada que en sí misma justifica que la corte invalide —ojalá muy pronto— el maratón legislativo de estos días.
La nota de Muñoz y Méndez dice, en síntesis: “Avaló el partido guinda reformas cruciales en sólo 28 horas. Impuso su mayoría en la Cámara; se violó el proceso parlamentario: la oposición. Concretan la extinción de la Financiera Rural; el Conacyt cambia a Conahcyt”.
El partido guinda es Morena, que tiene mayoría en el poder legislativo. No es la primera vez que aprueba leyes a la carrera, vale decir, a tontas y a locas.
Afortunadamente existe la corte suprema para impedir que, en los hechos, avancen necedades avaladas por diputados y senadores.
Particularmente necia es la aprobación de la Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
La intención de esa ley podrá ser todo lo humanista que se quiera, pero no tiene nada que ver con la realidad del desarrollo científico y tecnológico.
El poder de la ciencia y el poder del dinero son la misma clase de poder, dijo Lewis Munford en su extraordinaria obra Técnica y civilización.
Seguramente a Mumford, como a todos, le habría gustado que la ciencia y la técnica no obedecieran a la búsqueda de ganancias económicas, sino solo al humanista deseo de encontrar verdades por amor al conocimiento. Pero, en el mundo real, los avances científico y técnico siempre están motivados por un amor más interesado: el amor al dinero.
Entiendo que la 4T aspire a desaparecer por decreto a la ciencia neoliberal, pero fracasará. Cuando se desarrollaron las vacunas contra el covid, el presidente AMLO habló de un milagro. Falso. Más bien se trató del desarrollo de mercancías financiado por empresas neoliberales como Pfizer y gobiernos capitalistas, como sin duda lo son los de Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, etcétera.
La pandemia significó para compañías como Pfizer algo tan vulgar como duplicar su valor de capitalización. Es decir, las vacunas enriquecieron, todavía más, a hombres y mujeres de negocios y a gente de ciencia que participó en el desarrollo de las vacunas.
A pesar de que no se demostró que fueran realmente eficaces, Rusia y China vendieron sus vacunas y hubo gobiernos que las compraron.
Las vacunas no fueron ningún milagro, sino puro negocio. ¿Es tan difícil entender una realidad que no podemos cambiar, o no en este momento histórico?
La inversión más publicitada en la 4T ha sido la de una planta de Tesla en Monterrey. La empresa de Elon Musk es un éxito tecnológico que vale en los mercados bursátiles algo así como 500 mil millones de dólares. ¡¡¡Un chingo de lana!!!
El señor Musk no ha perfeccionado sus autos eléctricos por amor al medio ambiente —algo que hasta podría tenerle sin ciudado—, sino para vender y ganar. Detrás de todos los grandes descubrimientos hay un cálculo económico. Ignorarlo es absurdo.
No sé si la corte invalidará la Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación o alguna de las aprobadas en el maratón legislativo. Pero si hay controversias constitucionales, siete ministros y ocho ministras dirán la última palabra.
Lo que queda es pedir a quienes integran la SCJN que sigan haciendo su trabajo, que hasta el momento lo han hecho muy bien.
Por cierto, el presidente AMLO —sin duda el mejor presidente de la historia— se ha enojado con una ministra y un ministro a quienes propuso porque le llevan la contra. Que Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá hayan votado contra proyectos de Andrés Manuel significa que el titilar del ejecutivo no se equivocó al proponerles para llegar a lo más alto del poder judicial.
Algún día merecerán el enorme elogio de que les cuestione el presidente las otras dos ministras que Andrés Manuel propuso, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa. Es lo que México espera de ellas.
Y ojalá pronto el admirado, respetado y querido Andrés Manuel diga lo mismo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Cuando esta mujer haga enojar al primer mandatario o a su partido, Morena, significará que encabeza a la autoridad electoral por su independencia.
Pero ahora no estamos hablando del INE, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá sigan haciendo lo correcto, según el criterio de cada quien, siete ministros y cuatro ministras:
- Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN.
- José Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala.
- Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala.
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
- Ana Margarita Ríos Farjat.
- Yasmín Esquivel Mossa.
- Javier Laynez Potisek.
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
- Loretta Ortiz Ahlf.
- Juan Luis González Alcántara Carrancá.
- Luis María Aguilar Morales.