La corrupción y porosidad de las aduanas de nuestro país las han convertido en un codiciado botín para los grupos criminales.
Desde el inicio de la pandemia, éstos han expandido sus negocios, gracias a las insuficientes medidas de las autoridades mexicanas para detener el contrabando.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) destaca que la piratería y el flujo ilegal de mercancías permiten que las organizaciones delictivas, entre otras cosas, puedan ampliar sus operaciones y presencia, intercambien productos con organizaciones internacionales y pongan en marcha mecanismos de lavado de dinero.
Francisco Rivas, Director General del ONC señala con claridad que los niveles de violencia vividos en el país no pueden entenderse si no se considera “el abastecimiento diario que el crimen organizado recibe de armas, dinero, drogas mercancías y personas, a través de las 49 aduanas del país”.
Este es uno de los problemas de vieja data con los que ha tenido que lidiar el actual gobierno mexicano, sin embargo, pese a las medidas tomadas, el combate a la corrupción e ilegalidad en estos puntos de control parece no estar dando resultados.
Hasta el momento, las acciones gubernamentales en esta materia han sido escasas y de poco alcance, ejemplo de ello es que el informe de la Fiscalía General de la República “Acciones Operativas contra la Piratería Anual” se presentó por última vez hace ya dos años.
Pareciera que el gobierno no considera esta problemática una prioridad, pese a que las mismas autoridades hacendarias reconocen que uno de cada tres productos que se comercia en el país es ilegal.
También es importante considerar el aumento de los robos a vehículos transportistas en las carreteras mexicanas; quienes han sido víctimas de robo de mercancías que, luego, son revendidas por los grupos delictivos en mercados informales.
Ocho de cada diez personas admiten consumir productos pirata en México, siendo los bienes más contrabandeados licores, tabaco y productos electrónicos; además de discos, calzado, ropa y, con la aparición del coronavirus, también cubrebocas y caretas protectoras.
La American Chamber of Commerce estima que las pérdidas para la economía mexicana causadas por la venta de productos pirata asciende a los 2 mil millones de dólares anuales.
Por otro lado, el informe Illicit Trade in Times of Coronavirus, realizado por Euromonitor Internacional, arroja luz sobre el vínculo estrecho que existe entre la pandemia y el fortalecimiento del contrabando realizado por grupos criminales.
En México, los cárteles han aprovechado las dificultades monetarias de la población que no tiene acceso a apoyos económicos legales, para condicionarlos con ayuda y, así, ampliar sus márgenes de operación.
De esta forma, a través de pequeños negocios informales, los grupos criminales no sólo distribuyen productos pirata, lavan dinero y financian otros negocios ilícitos; además, juegan el papel de “benefactores” al permitir que muchas personas puedan seguir obteniendo ingresos en medio de la crisis tras la llegada del Covid-19.
Ejemplo de esto es el célebre mercado de Tepito, que es señalado por la Oficina del Representante Comercial de EU, en su reporte anual Mercados Notorios para el Contrabando y la Piratería, como uno de los espacios más notorios en estas actividades ilegales y también por ser una zona con altos niveles de criminalidad.
El contrabando y la piratería no son problemas aislados, sino que son un eslabón más en una larga cadena de ilícitos en los que la violencia y la corrupción siguen arraigándose en la sociedad mexicana. Situación que además de mermar las arcas públicas, también impide el desarrollo social y lacera la imagen del gobierno mexicano.