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El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en varias de sus conferencias de prensa de las mañanas a una serie de contratos para la construcción de gasoductos que se signaron el sexenio pasado a raíz de la Reforma Energética del 2013 que, bajo su visión, resultan “leoninos” en detrimento de las finanzas del país y solo favorecieron a empresas privadas, que tendrán a perpetuidad las obras de infraestructura, además de que se incumplió con la edificación de 14 termoeléctricas que servirían para aumentar la oferta de generación de electricidad.
La inversión que se hizo para el transporte de gas desde el norte del país fue de más de 12 mil millones de dólares y se “justificaba” esta cantidad de recursos a partir de la lógica de incrementar las importaciones del gas natural barato desde Estados Unidos, disminuir el poder monopólico de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ampliar las fuentes de suministro de energéticos.
Las cláusulas de los contratos para la creación de los gasoductos se diseñaron para proteger a los inversionistas privados y un ejemplo de esto es que la hoy empresa productiva del Estado, que dirige Manuel Bartlett Diaz, tuvo que pagar en el 2018 cerca de 5,800 millones de pesos por infraestructura que no estaba terminada debido a las llamadas cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito.
Estas cláusulas, que están detrás de la solicitud de arbitraje internacional y la negociación iniciada entre la CFE y las empresas que obtuvieron el contrato, señalan que el gobierno debe pagar cuando se demuestre que los proyectos están detenidos por cuestiones sociales, ambientales o políticas.
La conformación de la tarifa que debe pagar la Comisión Federal de Electricidad por los contratos solo favorece a las compañías particulares.
Los siete ductos sobre los que la CFE interpuso recursos de arbitraje internacional forman parte de un plan diseñado desde 2012 por la administración de Felipe Calderón, pero que se desplegó en su gran mayoría en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El argumento para que empresas privadas construyeran la infraestructura para transportar el gas fue que había problemas de saturación del sistema, aunado a la caída en la producción de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que fue necesario la creación de un plan para aumentar de 12 mil kilómetros a 18 mil kilómetros la red de gasoductos del país.
Los proyectos, que incluían gasoductos como el de Los Ramones, buscaban incrementar la capacidad de importación de gas natural proveniente de las cuencas más prolíficas de gas shale de Estados Unidos y aprovechar así la baja en los precios de este energético, que pasaron de casi 12 dólares por cada mil pies cúbicos a sólo 2.3 dólares entre de 2008 y 2012.
Los contratos para la construcción de los ductos se firmaron entre las empresas privadas con la Comisión Federal de Electricidad y no como tradicionalmente se hacia con Pemex.
La licitación para la construcción de los gasoductos se hizo extensiva a grandes empresas que compitieron por ofrecer los mejores precios.
Otro incentivo para que los grandes corporativos invirtieran era que estas empresas privadas podían quedarse con la propiedad de los ductos, un factor que reducía los costos de la tarifa para la empresa estatal de electricidad.
El plan original de la construcción de los gasoductos se contemplaba la construcción de 14 plantas termoeléctricos para aprovechar el gas importado y así aumentar la generación de energía eléctrica de la CFE, pero esto no ocurrió, las obras jamás se hicieron.
Las empresas privadas que construyeron los ductos para el transporte de gas contaron con financiamiento de la Banca de desarrollo para las obras y ejemplo de esto fue el gasoducto Los Ramones-fase 2, que contó con recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para la conclusión de este proyecto.
Para el financiamiento de esa fase del gasoducto Los Ramones se hizo bajo un esquema de cooperación con la banca privada del país, de forma que ambas partes asumieron capital de riesgo y concretaron una inversión cercana a 2 mil 700 millones de dólares.
En agosto del 2019 el presidente López Obrador anunció que se estaba negociando con las empresas privadas que invirtieron en la construcción de gasoductos para llegar a un arreglo con respecto a los contratos y que los empresarios Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como Carlos Slim del Grupo Carso y Antonio del Valle, de Mexichem, fueron las personas que ayudaron a destrabar el conflicto entre la CFE y las compañías particulares.
A principio de septiembre del 2019, el Gobierno de la Cuarta Transformación anunció que había alcanzado un acuerdo con prácticamente todas las empresas constructoras de estas obras para transportar gas (Grupo Carso, Ienova, Transcanadá y Fermaca).
El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que se logró reducir las tarifas en los dos gasoductos de la empresa privada. Para el de La Laguna-Aguascalientes disminuyó en 25%, al pasar de 14 a 11 centavos de dólar, generando ahorros para la empresa productiva del Estado de 455 millones de dólares; mientras que en el de Villa de Reyes-Aguascalientes, Guadalajara, decreció un 18%, al pasar de 12 a 10 centavos de dólar, con ahorro de 217 millones de dólares.
El funcionario agregó que “Se negociaron 10 años adicionales de servicios de transporte de gas natural, que son un beneficio para la empresa para que pueda compensar las reducciones y también brinda un beneficio a la CFE de tener una estructura y un contrato de gas”.
Las intensas tormentas invernales que se registraron en el sur de los Estados Unidos y el norte de México a principios de este año ocasionaron que el suministro de gas natural proveniente de Texas, que abastece las plantas de generación de electricidad de ciclo combinado en el país azteca, se interrumpiera y provocara un apagón que afectó a 4.8 millones de consumidores en 20 municipios de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas.
La falta de gas natural en México, sucedió debido a que Estados Unidos cortó el suministro de dicho energético, por las afectaciones que se suscitaron ante las bajas temperaturas registradas en esos días en el país de las barras y las estrellas, así como en el norte del territorio mexicano. Cabe recordar, que el gas natural debe ser transportado a temperaturas mayores de 8 grados centígrados; si el energético es llevado a más baja temperatura se corre el riesgo de que los ductos revienten.
Los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto impulsaron una política energética que hizo al país dependiente del gas texano para la generación de electricidad. Según datos de la periodista financiera del Economista, Karol García, las importaciones del energético proveniente de Estados Unidos “en una década han aumentado nada menos que 275 por ciento, o 4,020 millones de pies cúbicos diarios adicionales”.
La generación de energía a partir gas natural, que según expertos es una fuente mucho más barata y menos contaminante que el carbón o el combustóleo, además de producir electricidad continua, pero no deja de ser una fuente fósil no renovable.
Los generadores privados de electricidad son muy dependientes del gas natural ya que 58% de energía eléctrica que producen sus plantas tienen como fuente de combustible ese energético importado de Estados Unidos.
La empresa de origen español Iberdrola, que dirige en México Enrique Alba, es el mayor productor privado de electricidad a partir del gas natural del país; cuenta con una capacidad de generación en sus centrales de ciclo combinado de 5,568 MW.
No es tan cierto, que los particulares se hayan centrado únicamente en energías renovables para la generación de electricidad. Conforme a una publicación de septiembre de 2021 de la empresa española Iberdrola, sólo 10% de la electricidad que genera en México procede de energías renovables (solar y eólica) y alrededor de 90 % la genera a partir de ciclos combinados de gas. Esto es, conforme a la Reforma planteada en 2013, no ha habido una sustitución de energías contaminantes por energías limpias, al menos con la intensidad y velocidad requeridas; además de que se tiene sin ocupar cabalmente la energía hidroeléctrica.
La apuesta del Gobierno de la 4T para aumentar la oferta de generación de electricidad se basa en la construcción y modernización de hidroeléctricas del país y la construcción de una planta solar en Sonora, pero también tienen planeado construir centrales de ciclo combinado que utilicen gas natural.
Los que más se han beneficiado de los gasoductos son las empresas privadas que construyeron esas obras de transporte del energético, así como los generadores privados de electricidad que tienen como insumo el gas natural.